Con el colegio a la vuelta de la esquina, comienzan las primeras fricciones. Pero no por ver quién lleva las zapatillas más modernas o la mochila más bonita. La polémica, al menos en el caso que nos ocupa, arranca antes incluso de poner los pies en las aulas. Todo se remonta al periodo de preinscripción para el segundo ciclo de Educación Infantil y, en concreto, a la verificación de los datos de empadronamiento.

Según la familia denunciante, cuyo hijo se quedó en lista de espera, otro menor aportó un padrón para la baremación de un centro concertado de Pamplona que no se correspondía con la vivienda habitual. 

Fue por este motivo por el que los afectados realizaron una instancia al departamento de Educación aportando un documento del registro de la propiedad sobre que la segunda familia poseía una casa fuera de la capital. 

De ahí les remiten al Ayuntamiento, desde donde les dicen que la media de espera ronda los tres meses. “Nos dicen que la persona responsable está de baja y Policía Municipal no da abasto”, indican los afectados. “Nos sentimos completamente impotentes con el funcionamiento de las administraciones”, añaden.

Ya en este punto, señalar que Pamplona confirmó en su momento que la familia ya no figuraba en el padrón de la vivienda cuestionada, aunque no aclaró si la baja fue voluntaria o consecuencia de un procedimiento administrativo. “Con el alto número de expedientes de baja de oficio que se gestionan, hace que no podamos concretar el plazo de finalización de cada uno de ellos”, alegaron desde el consistorio. 

Por su parte, el departamento de Educación consideró válido el certificado presentado en el plazo ordinario de admisión, al entender que cumplía con los requisitos legales, pese a la posterior rectificación.