El edificio de viviendas del número 24 de la calle Paulino Caballero del Segundo Ensanche de Pamplona, que sufrió un incendio en 2022 tras una pelea entre okupas, está en estado ruinoso y es urgente su derribo o rehabilitación. Así lo ha confirmado un informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Pamplona, que ha incoado un expediente de declaración de ruina para que los propietarios soliciten la licencia de obras. Además, el consistorio les da un mes de plazo para adoptar “medidas que detengan de forma inmediata la degradación estructural del edificio, las afecciones a edificaciones colindantes y eviten cualquier riesgo para transeúntes”.

El inmueble lleva desde noviembre de 2022 desalojado y clausurado. Además, la acera está cortada al tránsito peatonal debido al riesgo de desprendimientos. La madrugada del 18 de noviembre de aquel año se registró un incendio en el cuarto y último piso, que se extendió al tercero. El fuego no afectó a la estructura del edificio pero sí a la cubierta, que quedó hundida casi en su totalidad. El edificio tiene forma de L y uno de sus brazos linda con el portal número 22. Desde la calle es posible ver las vigas desnudas del tejado. El paso del tiempo, las inclemencias meteorológicas y las filtraciones han empezado a afectar a la estructura y fachada. El inmueble está sobre una parcela de 252 metros cuadrados. Además de los bajos comerciales, alberga dos viviendas por planta (ocho en total).

En marzo de 2025, el equipo de arquitectura Araiz Floristan Arquitectos entregó al ayuntamiento un informe técnico que concluye que debe procederse a la “declaración de ruina económica y ruina técnica por agotamiento generalizado de elementos estructurales del edificio”, contemplada en la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo. El informe añade que es “notorio el incumplimiento por parte de la propiedad del deber de conservación del edificio”. Así, el ayuntamiento decidió iniciar el procedimiento de declaración de ruina previsto en la normativa urbanística. La resolución está fechada el 18 de julio y ha sido notificada a los propietarios y otras personas afectadas.

El mismo equipo de arquitectos hizo un segundo informe, con fecha de 15 de mayo de 2025, con las medidas de deberían adoptarse para detener “de forma inmediata la degradación estructural del edificio, las afecciones a edificaciones colindantes y evitar cualquier riesgo para transeúntes”. Entre otras cuestiones, se pide el apuntalamiento de la estructura, la retirada de elementos peligrosos y medidas para evitar filtraciones a los bloques colindantes. Los propietarios del edificio tienen un mes de plazo para adoptar estas medidas. En caso contrario, el ayuntamiento anuncia que las ejecutará de forma subsidiaria, con la posterior reclamación por la vía de apremio.

Estas medidas provisionales son muy esperadas por el vecindario de la zona, ya que la demolición del edificio podría demorarse más de un año. El ayuntamiento tiene seis meses de plazo para dictar la declaración de ruina. Se inicia entonces un plazo de un año para que los propietarios soliciten la licencia de obras para la rehabilitación o sustitución del inmueble. Debido al estado del edificio, no parece viable la rehabilitación. Así, está abocado al derribo y construcción de un nuevo bloque de viviendas. Además, el edificio no goza de ningún tipo de protección. La construcción de un nuevo edificio de viviendas en una zona tan cotizada podría ser económicamente interesante, pero dependerá de la voluntad de los propietarios.

Un bloque de ocho pisos sencillos con familias en régimen de alquiler y tres comercios a pie de calle. Así era el número 24 de la calle Paulino Caballero hasta hace cuatro años. Los problemas empezaron cuando uno de los copropietarios dejó entrar a vivir a personas sin hogar de perfiles conflictivos. Los ruidos, peleas, suciedad y algunos robos fueron expulsando a las familias inquilinas. Algunas, además, sufrieron allanamientos de morada. Al final, el bloque se convirtió en un nido de okupas. El 18 de noviembre de 2022, uno de los okupas prendió fuego a la vivienda del cuarto piso tras una reyerta por un robo. El siniestro obligó a cerrar los tres comercios. La joyería Kela y la floristería Liquen se trasladaron a la calle Navarro Villoslada. La lencería Chargui no volvió a abrir. El edificio era propiedad de una señora que falleció en el año 2000. Cuando ocurrió el incendio, los sobrinos estaban en proceso de aceptación de la herencia.