UPN ha solicitado este viernes al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se personen como acusación en los procesos penales que se lleven a cabo tras las últimas detenciones en el edificio de la antigua Ikastola Jaso, y también les ha instado a que pidan la expulsión de los extranjeros detenidos.

Los regionalistas han manifestado en un comunicado, atendiendo al artículo 89.1 del Código Penal, que creen "oportuno exigir al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que se personen en los procedimientos penales que se inicien y ejerzan la acusación, solicitando una condena de prisión y su sustitución por la expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada en España”.

UPN ha recordado que “en las últimas semanas se han registrado numerosos episodios de extrema gravedad: riñas multitudinarias con armas blancas, robos con fuerza, agresiones con resultado de lesiones e incluso ataques a los agentes que intervienen en el lugar, con lanzamiento de botellas y otros objetos contundentes a Policía Foral y Policía Municipal, a quienes agradecemos la labor que están realizando en la zona”.

Dada la gravedad de la situación, han continuado desde la formación, y amparándose en ese artículo del Código Penal, "ambas administraciones deben dar un paso al frente para que estas personas abandonen nuestro país”.

Además, con el fin de evitar que se siga prolongando esta situación, UPN ha pedido al Ayuntamiento que “continúe trabajando para que el derribo del edificio se produzca cuanto antes, tal y como ya apoyó en junio al respaldar la solicitud presentada por la propia ikastola, propietaria de los terrenos, para adelantar la demolición de los edificios e instalaciones”.

Según los regionalistas, la propuesta de derribo, que se llevaría a cabo mediante un convenio urbanístico entre la ikastola y el Consorcio de Alta Velocidad, permitiría eliminar de forma definitiva un punto negro de inseguridad y suciedad que lleva más de 20 años en estado de abandono.

“Es fundamental agilizar todos los trámites para que la demolición sea una realidad lo antes posible, ya que el edificio es, a día de hoy, un lugar peligroso para los ciudadanos y un foco continuo de conflictos que requiere una respuesta inmediata”, han concluido.