La medida adoptada del departamento de Derechos Sociales delGobierno de Navarra de ampliar el plazo del pago de la renta social garantizada a familiares o personas vulnerables, que pasa de tres meses a seis, ha provocado el malestar de los profesionales del área municipal y de las unidades de barrio encargadas de la distribución de estas ayudas que otorga el Ejecutivo foral. Un apoyo económico que oscila entre los 790,28 para una personas hasta los 1.580,56 de una unidad familiar con cinco o más integrantes.

Este descontento se ha materializado en un documento que han remitido tanto al edil de Acción Social, Txema Mauleón (Contigo Zurekin) como al Defensor del Pueblo en el que demandan la supresión de este acuerdo que desde el departamento dicen que es temporal (hasta diciembre) y provocado por la falta de personal para gestionar la distribución de la renta.

En el escrito enviado a Mauleón muestran un “profundo rechazo y preocupación” a la resolución del 4 de junio de la directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo de Derechos Sociales por el que se dio luz verde a la demora a las peticiones de la ayuda entre el 8 de marzo y el 6 de junio. Y le informan que la misiva responde al acuerdo alcanzado por las trabajadoras de Acción Social para obtener una respuesta institucional porque -afirman- la medida “vulnera gravemente el principio de atención urgente y prioritaria que debe tener las políticas públicas dirigidas a personas con vulnerabilidad económica y social.

RIESGO DE AGRESIONES

Pero, además, “incrementa de manera crítica la presión sobre los Servicios Sociales de Base, exponiendo a las profesionales a mayores riesgos psicosociales y a posibles situaciones de conflicto y agresiones” en un ambiente ya cargado por la saturación y falta de recursos. Finalmente, le dicen al concejal que supondrá la normalización de la “ineficiencia administrativa trasladando sus consecuencias a las personas más vulnerables”. Por todo ello, le demandan que interceda para que se revoque la resolución y que convoque una reunión urgente con las trabajadoras en la que esperan que se les garantice la protección de personas usuarias y de las profesionales que las atienden.

Al Defensor del Pueblo le escriben que “esta medida supone un grave retroceso en los derechos sociales ya que afecta directamente a personas que se encuentran en situación de precariedad económica extrema, muchas de las cuales no disponen de ningún otro recurso de subsistencia. Retrasar hasta seis meses la resolución de una ayuda que es de carácter esencial y urgente condena a la exclusión a quienes acuden a los servicios sociales como último recurso para poder sobrevivir con dignidad”.

Las consecuencias de esta decisión, añaden, además de repercutir en estas personas en riesgo de exclusión, aumenta la presión sobre los servicios sociales de base que -sostienen- ya se encuentran saturados “al tener que sostener situaciones de emergencia durante meses sin herramientas, ni respuesta institucional adecuada”.

Por ello piden que el defensor intervenga para revocar la resolución y se garantice un plazo razonable utilizando herramientas como “el silencio administrativo” para la concesión de ayudas si no se puede ser diligente; además, que se adopten medidas extraordinarias de refuerzo técnico y administrativo para asegurar el cumplimiento de los plazos legales.