Vivir en la calle
Un centenar de personas sin hogar en Pamplona perderán sus asentamientos con las dos obras previstas en Aranzadi y Echavacoiz: "¿Podrías soportar la presión psicológica y física que sufrimos cada día?"
El derribo de la vieja Ikastola Jaso y la conversión del antiguo convento de las Agustinas en centro sociosanitario no prevén un plan de realojo ni medidas sociales paralelas para las decenas de jóvenes sin techo que llevan meses pernoctando en estos puntos. Solo en el antiguo convento hay 29 tiendas de campaña.

Actualizado el 08/06/2025 a las 12:38
Kamal no soñaba con escapar de Marruecos. No anhelaba cruzar fronteras, dormir en la calle, en bancos públicos de una ciudad extraña o en una tienda de campaña expuesta a la intemperie, entre basura y ratas, tal y como lo hace desde que llegó a Pamplona hace seis meses. Su deseo era quedarse junto a su familia en su país, vivir con dignidad, pensar y cuestionar, si fuera necesario. Pero en Marruecos, disentir puede costarte la vida.
—Huir no fue una decisión fácil, pero era la única manera de sobrevivir a una muerte lenta —cuenta Kamal, un 5 de junio, a las nueve y media de la mañana, en la explanada del antiguo convento de las Agustinas.
Su historia, como la de tantos otros, comienza en una sociedad donde política y religión se imponen desde la cuna.
—En Marruecos no se permite pensar. Si lo haces, te llaman infiel, loco o traidor. Por eso también huimos: a la pobreza se suma la falta de libertad.
Su activismo político fue igualmente castigado. Participó en círculos que exigían reformas democráticas: libertad de prensa, separación entre religión y Estado, justicia social. Nada extraordinario. Sin embargo, en un país donde el poder político y el dogma religioso van de la mano, alzar la voz equivale a firmar una sentencia. Y así fue: recibió amenazas de muerte.


El artículo 220 del Código Penal marroquí penaliza a quien “intente perturbar la fe de un musulmán”, explica Kamal. Jóvenes como él, de apenas 26 años, pueden ser perseguidos, detenidos o encarcelados simplemente por expresarse. Este artículo contempla penas de prisión de seis meses a tres años para quienes "empleen cualquier medio de seducción para quebrantar la fe de un musulmán o tratar de convertirlo a otra religión", lo que ha suscitado fuertes críticas por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos, al considerar que limita la libertad de conciencia y religiosa.
A esta represión ideológica se suma otra herida: la pobreza estructural. Sin empleo digno, sin acceso a educación o sanidad, sin futuro. “Vivir era sobrevivir sin esperanza”, resume. La migración se convirtió en la única salida. Kamal nadó desde una playa de Castillejos hasta alcanzar una cala en Ceuta. Desde allí llegó a Pamplona, atraído por la fama de calidad de vida del norte de España. Vino con una mochila vacía, pero pronto encontró un rayo de humanidad: las voluntarias y voluntarios de la asociación Apoyo Mutuo. Le ofrecieron comida, ropa, acompañamiento y una tienda de campaña. La misma que hoy utiliza para refugiarse en el viejo convento. “Por primera vez en mucho tiempo sentí que no estaba solo”.
La experiencia de Kamal no es aislada. Es el reflejo de muchos jóvenes que no buscan lujos, sino el derecho a pensar y existir sin miedo. Jóvenes que cruzan mares porque quedarse es extinguirse. Algunos de ellos sobreviven hoy en Pamplona, a la intemperie desde hace meses. Y sobre su olvido se proyectan nuevas construcciones.


DOS OBRAS SOBRE LA EXCLUSIÓN
Pamplona proyecta futuro mientras 110 personas viven en el subsuelo del presente. En solo una semana, el Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado dos obras que afectan directamente a decenas de personas sin hogar. El primero, fechado el 29 de mayo, contempla el derribo del edificio abandonado de la antigua ikastola Jaso, en Echavacoiz. El segundo, del 2 de junio, plantea rehabilitar el antiguo convento de las Agustinas para convertirlo en un centro sociosanitario con residencia de mayores y apartamentos tutelados.
Ninguno de los anuncios menciona que ambos espacios están actualmente ocupados por más de 110 jóvenes sin hogar, según ha confirmado este periódico. Tampoco se especifica cuál será su destino. Si estos planes se ejecutan sin medidas sociales paralelas, estas personas se verán obligadas a dispersarse sin una alternativa clara: bajeras, naves, edificios abandonados. Fuentes policiales advierten que esta situación puede acarrear riesgos para la salud y la seguridad, tanto de los afectados como del entorno.
En Aranzadi, frente a las piscinas municipales y entre el antiguo convento y el viejo edificio pedagógico, duermen cada noche 57 chicos, algunos muy jóvenes. Se suman seis más que pernoctan junto al río Arga, tras los invernaderos, y quince en el antiguo instituto. En Echavacoiz, más de 50.


Solo en la explanada del convento, el 5 de junio, este periódico contabilizó 29 tiendas de campaña, algunas compartidas por dos o tres personas. En el interior del inmueble había seis jóvenes más. Este asentamiento, probablemente el más numeroso de Navarra, recuerda a la T4 del aeropuerto de Barajas, símbolo del sinhogarismo en Madrid. En Navarra, los campamentos de Aranzadi y Echavacoiz se han convertido en sus equivalentes invisibles. Focos de exclusión que ahora podrían desaparecer sin un plan de realojo.
A las 9:30 del mismo día, cuatro agentes de la Policía Municipal realizan un recuento en Aranzadi. Un periodista de Diario de Navarra coincide con ellos. Una agente le confirma la cifra: “Entre el convento y el instituto pedagógico hemos contado 57 jóvenes sin hogar”. Probablemente sean más.
En ese momento, Kamal sale de su tienda. Guarda con cuidado su solicitud de asilo sellada y un título formativo conseguido en Ceuta. “¿Qué va a ser de nosotros si nos echan de aquí? ¿Dónde dormiremos? Estaremos en una situación muy difícil. Todo lo que queremos es un lugar seguro donde podamos descansar y vivir con dignidad”.
UNA POSTAL CON DOBLE CARA
En 2025, Pamplona ha sido reconocida como la ciudad europea con mejor calidad de vida, según el Report on Quality of Life in European Cities. El 98 % de sus habitantes declara estar satisfecho. Se valoran la red de carriles bici, la baja criminalidad, el transporte público eficiente y la confianza vecinal. También la oferta cultural y los espacios verdes. Pero bajo esa imagen idílica se oculta otra realidad: la que muestran las fotografías de este reportaje.
Desde la crisis de 2008, el sinhogarismo no ha dejado de crecer. La vivienda es hoy el gran punto negro: alquileres prohibitivos, escasa oferta pública y un mercado inaccesible. Aumentan los pisos compartidos, el hacinamiento y las habitaciones sin contrato. La calidad de vida se ha vuelto un privilegio.


Un ejemplo: el lunes pasado, la cola del hambre de Apoyo Mutuo en la Rochapea reunió a más de 200 jóvenes sin techo buscando una bolsa de comida. “Mientras tanto, las administraciones agravan la situación: el derribo de Jaso, convertido en refugio por más de 50 jóvenes, y la adjudicación del convento de Aranzadi a un proyecto sin garantías de realojo, profundizan la crisis”, alerta la entidad. “¿Echarlos adónde? ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Qué precio pagaremos como sociedad por generar bolsas de exclusión tan graves?”. Reclaman soluciones humanas: alojamiento, comida, duchas, lavandería... “Un poco de dignidad”.
SIN DERECHOS
La precariedad no es solo material. También hay vulneración de derechos administrativos, como denuncia Apoyo Mutuo. Aunque la ley permite el empadronamiento por silencio administrativo positivo tras tres meses, el Ayuntamiento ha enviado en apenas tres días cartas a más de 24 jóvenes ampliando el plazo otros tres meses, posponiendo el reconocimiento de derechos básicos.
Mientras tanto, en Cataluña, el catedrático de Derecho Administrativo Antoni Milian impulsa una propuesta legislativa pionera para crear “espacios residenciales dignos” para personas sin hogar. Su propuesta contempla lugares abiertos 24 horas, con cama, baño, agua corriente e intimidad. Sería un derecho subjetivo, obligatorio para la administración. “Sin un techo, todo pierde importancia”, afirmó en marzo a eldiario.es. El sinhogarismo más crudo permanece en un vacío legal. Esta ley sería un primer paso hacia políticas públicas con enfoque de derechos. Aunque algunos partidos proponen limitar la duración de estos espacios, Milian advierte: “Sería un error. La inserción sociolaboral es un proceso lento. Si no respetamos los ritmos, solo conseguiremos que vuelvan a la calle”.
Dos días después del encuentro con Kamal en Aranzadi, el joven sin hogar envía un mensaje telefónico al periodista. Dice lo siguiente: “Quiero hacerte una pregunta importante. Si estuvieras en nuestra situación —como inmigrante o refugiado viviendo en la calle—, ¿serías capaz de sobrellevar esta vida? ¿Podrías soportar la presión psicológica y física que sufrimos cada día? Quiero saber si podéis llegar a sentir, aunque sea mínimamente, el peso de nuestro sufrimiento”.
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