Navarra se enfrenta a dos desafíos clave en su política social en la valoración de la exclusión social y la garantía de acceso a los servicios para personas sin hogar. El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido dos resoluciones que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar en ambos frentes.

Por un lado, en una resolución publicada el 4 de febrero, insta a Derechos Sociales a publicar el instrumento técnico con el que se valora la exclusión social en la comunidad foral. La medida busca garantizar la transparencia en un proceso clave para el acceso a ayudas y recursos de inclusión.

Además, esta resolución también recomienda al Ayuntamiento de Pamplona que, cuando realice estas valoraciones, entregue a los ciudadanos una copia íntegra del documento en el que se refleje la evaluación, incluyendo sus puntuaciones y los criterios utilizados para fundamentar la decisión. De este modo, las personas afectadas podrán conocer en detalle los motivos de su calificación y, en caso de discrepancia, ejercer su derecho a reclamar.

El Defensor del Pueblo también ha recordado al consistorio pamplonés su obligación legal de responder expresamente a todas las solicitudes, recursos y reclamaciones que reciba en relación con estos procedimientos. Este recordatorio subraya la importancia de una administración accesible y transparente, especialmente cuando se trata de evaluar situaciones de vulnerabilidad social.

Las valoraciones de exclusión social son determinantes para que una persona o familia pueda acceder a distintos tipos de apoyo, como ayudas económicas, programas de inserción laboral o acceso a viviendas sociales. 

La publicación del instrumento técnico permitiría a las personas conocer con antelación cómo serán evaluadas y qué factores influirán en su puntuación. Esto podría reducir el número de reclamaciones ya que los solicitantes tendrían una mayor comprensión de las decisiones adoptadas. La exigencia de entregar la documentación completa a cada persona evaluada garantizaría su derecho a la información y facilitaría que, en caso de desacuerdo, pudieran fundamentar adecuadamente sus reclamaciones o recursos administrativos.

Por otro lado, en una segunda resolución fechada el 19 de febrero, aborda un problema acuciante: la atención a las personas sin hogar.  El Defensor del Pueblo de Navarra recomienda al departamento de Derechos Sociales y al Ayuntamiento de Pamplona adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso real y efectivo de las personas sin hogar a los servicios de atención. Según la resolución, es fundamental que estos servicios cuenten con recursos y plazas suficientes en Navarra y en Pamplona, asegurando su continuidad y acceso sin restricciones derivadas de la residencia o el empadronamiento.

Además, el Defensor del Pueblo insta a ambas administraciones a reforzar la colaboración y coordinación en la implementación de las líneas de actuación. También sugiere que  Derechos Sociales impulse un proceso de diálogo con otros municipios cercanos para buscar soluciones integrales y coordinadas frente a la problemática de la exclusión residencial.

Con esta resolución, pone el foco en la necesidad de una respuesta estructural para garantizar los derechos de las personas sin hogar, instando a las administraciones a actuar de manera efectiva para atender a este colectivo en situación de vulnerabilidad.