Una pancarta y las ideas claras. Así se mostraba la decena de colectivos que este jueves por la mañana se ha concentrado frente al departamento de Servicios Sociales para poner los puntos sobre las íes de lo que ellos consideran "intolerable". A su manera de ver, la situación de "desprotección" en la que se encuentran cuatro familias con menores es y debe ser corregible. 

Entre unos y otros, han ido acompañando a estas personas durante días, hecho que les ha llevado a ver el "laberinto burocrático" al que deben enfrentarse para acceder al sistema de protección social. "Desde el Ayuntamiento de Pamplona se han adoptado medidas provisionales (como alojamiento en hoteles, citas en las que no se incidía en el verdadero problema), hablando siempre de un sistema que expulsa y responsabiliza a las víctimas de su propia situación de vulnerabilidad", insistía Beatriz de SOS Navarra como portavoz. 

Estas trampas administrativas, dicen, no son más que una "dejación de responsabilidad y una clara discriminación que vulnera el principio de Igualdad". "En muchos casos, la propia ley de Extranjería estrangula sus opciones de poder trabajar y residir de manera regular durante una media de siete años", recalcan. 

De ahí que hayan pedido una reunión "urgente" con el Ayuntamiento de Pamplona y el Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra para "aclarar en qué situación se van a quedar" cuatro familias que "entre este jueves y mañana viernes tienen riesgo inmediato de quedarse en la calle".

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En este punto, colectivos como Apoyo Mutuo o Oxafam Intermon o Dar Etxea, entre los diez firmantes, denuncian una serie de irregularidades. Y citan las siguientes: desatención en Unidades de Barrio de referencia (obligados a acudir a Alta Exclusión); amenaza explícita de retirada de custodia de menores por parte de Gobierno de Navarra si prosigue la situación de calle ("es inaceptable si no se dan antes alternativas de acceso a una vivienda"); impedimento de acompañamiento a citas; aplicación de protocolos que no existen (firma de autorizaciones que no son legales); falta de información y ausencia de actuaciones de emergencia. 

"Todas las administraciones, con Gobierno de Navarra a la cabeza, tienen la obligación de blindar y fortalecer la protección social a las personas", sostienen los denunciantes. Por este motivo, cansados de 'narrativas de exclusión', reclaman medidas urgentes y acceso a recursos.