La promotora de las 108 viviendas de protección oficial de Maristas defendió este lunes que es “absolutamente legal” que las personas adjudicatarias, en su calidad de cooperativistas, realicen una aportación complementaria por encima del precio estipulado para hacer frente a los sobrecostes de la construcción. Así lo expusieron los responsables de Grupo Arrasate en una reunión informativa celebrada por la tarde, previa a la asamblea general que tendrá lugar el día 20 y donde los cooperativistas tendrán que decidir si aceptan o no alguno de los dos presupuestos presentados por la promotora para que comiencen las obras. La promotora dejó claro que no va a asumir todo o parte de los 1,5 millones de sobrecoste del proyecto, que atribuyó a un “cúmulo de circunstancias”, como la guerra de Ucrania o a las peculiaridades del proyecto de rehabilitación de un edificio protegido.

La reunión, según contaron varios cooperativistas a este periódico, fue especialmente tensa, con numerosas intervenciones desde el público, con críticas a la “falta de transparencia” y cuestionando la “legalidad” de algunos pasos dados por Arrasate. La semana pasada, la promotora envió a los adjudicatarios por email un cuadro con la aportación complementaria que cada uno de ellos debía hacer, de 14.700 euros de media, por encima del precio acordado en contrato hace casi un año. El motivo es que, debido al encarecimiento de la construcción, el presupuesto global de la obra supera en 1,5 millones lo estimado inicialmente.

La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, declaró el pasado viernes que los cooperativistas no pueden asumir dichos sobrecostes porque la Ley Foral de Vivienda no lo permite. Instó por ello a la cooperativa a asumir ese millón y medio y compensarlo con los beneficios de la promoción de 48 viviendas libres, que están en avanzado estado de construcción.

Así, buena parte de la reunión informativa se centró en este asunto. Los responsables de la promotora contradijeron las palabras de Alfaro y señalaron que existen informes jurídicos de la Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España (Concovi) que avalan la legalidad de estas aportaciones, previstas en la ley estatal de cooperativas. Según expusieron, son los cooperativistas los que deben asumir los costes de la construcción de las viviendas y no la empresa gestora. Aseguraron que, en los 35 años de experiencia del Grupo Arrasate con la construcción de vivienda cooperativa, ha ocurrido en diversas ocasiones, especialmente en estos últimos años en los que las materias primas y otros gastos se han disparado. Añadieron que diversas sentencias, incluida una del Tribunal Supremo, así lo han avalado.

LA LEY FORAL DE VIVIENDA

Dos personas del público expresaron su opinión contraria. Señalaron que la Ley Foral del Derecho a la Vivienda, en su artículo 48, prohíbe expresamente la “percepción de cualquier sobreprecio, prima o cantidad distinta a la que corresponda satisfacer al comprador o arrendatario de vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública, conforme a lo dispuesto en la presente Ley Foral y sus disposiciones de desarrollo”.

El directivo del Grupo Arrasate explicó que una cosa es el precio de la vivienda que cada adjudicatario va a pagar por su vivienda, que se ajusta al módulo máximo, y otra distinta los “costes de la promoción”. Así, señaló que las aportaciones añadidas, que van a oscilar entre los 7.000 y los 22.000 euros, según el tamaño de la vivienda, van a servir para capitalizar la cooperativa y asumir los pagos a la constructora.

Respecto a la posibilidad de que la cooperativa de viviendas libres asuma los sobrecostes, tal como planteó la consejera el viernes y ayer expusieron varios adjudicatarios, los responsables del Grupo Arrasate señalaron que no es posible. Insistieron en que la promoción de viviendas libres ha asumido un mayor porcentaje de la imputación del suelo y los principales gastos de urbanización, licencias, etc.

Uno de los cooperativistas planteó la posibilidad de retrasar la asamblea del jueves para solicitar a una empresa externa un informe jurídico que aclare la legalidad de las aportaciones complementarias. “Llevamos dos años con esto. Y ahora en tres días tenemos que tomar una decisión trascendental. No pasa nada por estar uno o dos meses”, planteó. La promotora dejó en manos de los cooperativistas tal decisión, según relataron varios asistentes.

En la reunión informativa, varios adjudicatarios de los pisos de VPO y VPT de Maristas pidieron la palabra para exponer que se sentían “engañados” por el Grupo Arrasate al considerar que cuando firmaron los contratos hace un año, la promotora ya era consciente de que iban a producirse sobrecostes por encima del precio del módulo de vivienda protegida. “En ningún momento se nos advirtió que nosotros tendríamos que asumir dichos sobrecostes”, expuso una persona. Una responsable de la cooperativa lo negó y aseguró que fue al pedir los presupuestos a las constructoras a mediados de 2024 cuando descubrieron que eran más altos de lo esperado. Otro directivo de Arrasate respondió que en los contratos firmados figura que los compradores se convierten en cooperativistas con las consecuencias que ello conlleva.

El arquitecto responsable del proyecto, Miguel Ángel Alonso, intervino por videoconferencia para explicar que en 2019 se hizo un estudio de viabilidad y que entonces había un colchón para imprevistos. Sin embargo, entre 2020 y 2024 los gastos de construcción han crecido un 30%. Este fue el motivo, explicó, por el que la promotora desistió en dos ocasiones, en 2021 y 2022, y beneficiarse de la revisión al alza del módulo.

En la segunda parte de la reunión informativa, una responsable de Grupo Arrasate expuso los presupuestos que han recibido de dos constructoras. Para abaratar costes, la promotora va a contratar directamente las obras de derribo. Además, se han ajustado algunas partidas “sin afectar a la memoria de calidades”. Si en la asamblea general del jueves, alguno de los dos presupuestos sale aprobado, se entenderá que los adjudicatarios aceptan realizar la aportación extraordinaria. Si no se aprueba, los responsables de la promotora admitieron que el proyecto podría quedar en el aire, según interpretaron varios asistentes.