Suceso

Estafa 11.000 euros a una familia de la Comarca de Pamplona y se borra del mapa

Una familia de la comarca de Pamplona ha interpuesto una denuncia contra una mujer por obtener mediante chantaje amoroso 11.000 euros de la cuenta de su hijo con discapacidad intelectual. Cuando se los pidieron de vuelta, ella cortó la comunicación

Una persona saca dinero de un cajero automático
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Ainhoa Piudo

Publicado el 28/01/2025 a las 05:00

Fueron casi 11.000 euros en menos de tres semanas, aunque pudieron ser muchos más si la entidad social en la que trabaja la persona con discapacidad estafada no hubiera dado la voz de alarma. Por eso, la familia del engañado, que ha interpuesto una denuncia ante la Policía Foral, lanza una llamada en pos de cuidar “a los más vulnerables en comunidad”, tejiendo “redes” de convivencia y buena vecindad. Porque quizás el engaño podría haberse evitado si la sucursal bancaria donde se materializó buena parte de la extracción de dinero hubiese estado más alerta.

La persona engañada, un hombre de 49 años con discapacidad intelectual pero con bastante autonomía y con empleo, siempre había tenido a sus padres como cotitulares y supervisores de la cuenta corriente en la que ingresa la nómina. Hasta que hace un año mostró una voluntad firme por ser sólo él quien controlara la cuenta. “Él lo planteaba como un paso más en su autonomía”. La familia, aun con dudas y trasladándole siempre mensajes de prudencia a la hora de manejar las cuentas, cedió a su deseo. “Después se demostró que había sido un exceso de confianza por nuestra parte, pero para las familias es difícil saber dónde está el límite”.

Coincidiendo en el tiempo, él había entablado relación con gente nueva a través de redes sociales. “Es muy social y se le abrió un abanico”. Dentro de ese grupo, conoció a una mujer de 65 años con la que había establecido un vínculo más íntimo, tal y como les contó a sus familiares a finales de noviembre. “Se le veía muy contento y, aunque siempre te planteas cosas y tienes miedo, quisimos dar un voto de confianza”.

No duró mucho. Recién pasadas las Navidades, desde la entidad social que emplea a esta persona se avisó a la familia de un comportamiento anómalo. “Nos llamó el encargado para avisarnos de que les había pedido una copia de la nómina impresa, algo que no había hecho en 20 años. Le había preguntado para qué y le dijo que estaba pensando en pedir un préstamo. A él, que sabía que andaba con una chica, le escamó el asunto y nos llamó”.

LA MUJER FIGURABA COMO TITULAR DE LA CUENTA

Los padres y el hijo con discapacidad viven en una localidad de la comarca de Pamplona y son clientes de la entidad bancaria que hay en su misma plaza. “Les conocen de toda la vida”, describe el hermano. Después de recibir la llamada del encargado, la madre acudió a la sucursal para obtener información. “Como ya no figuraba como titular, en teoría no podían acceder a la cuenta. Al final hicieron la vista gorda y entraron. “No había ninguna solicitud de préstamo, pero al poner la cartilla al día vieron que había sacado 11.000 euros durante las Navidades, bien del cajero, bien de la ventanilla”. Había muchas extracciones pequeñas, de 100 ó 150 euros, pero había otra de 6.000 euros en ventanilla y varias de 1.000 euros. “La mayor sorpresa fue ver que había incluido a esta chica como titular en la cuenta, con lo que ella también podía hacer movimientos”.

La familia habló con él. “Nos contó que le había dejado dinero pero que ella se lo iba a devolver porque tenía un paquete en la aduana con mucho dinero, que necesitaba ayuda económica para poderlo sacar de ahí. Es el típico fraude amoroso, un chantaje emocional de manual. Se lo había ido ganando fácil y le había convencido de hacer todo a espaldas de la familia. También le amenazaba con dejarle si nos contaba algo”.

Antes de denunciar, la familia hizo un último intento. “Hablamos con ella. Preparamos un documento para que se comprometiera por escrito a devolver los 11.000 euros. Mi hermano aún confiaba en ella y pensaba que lo iba a firmar. Ella le dijo que de eso nada y que no quería volverlo a ver. Tampoco ha vuelto a coger el teléfono”.

Así que la familia acudió a denunciar a la Policía Foral. “Nos atendieron de maravilla, con mucha empatía y sensibilidad. Estuvimos una hora y media sólo para poner la denuncia porque el agente se lo tomó con mucha seriedad y conectó muy bien con mi hermano”. 

La figura de la ‘guarda de hecho’ para proteger a los vulnerables

En los últimos años, la capacidad jurídica y de administrar los bienes de las personas con discapacidad ha experimentado importantes novedades. La aprobación de la Ley 8/21 eliminó las incapacitaciones y con ello, la figura de los tutores legales. El objetivo de esta ley es “favorecer la autonomía de la persona con discapacidad y que se desjudicialice su vida”.

A cambio, la nueva normativa propone un sistema de apoyos en el que cobra especial relevancia la figura del “guarda de hecho”. Ésta constituye un tipo de soporte informal y sostenido en el tiempo para la persona con discapacidad, que es ejercido habitualmente por la familia y que no precisa de aval judicial. En la práctica, es una autorización para ejercer en su nombre y puede ser utilizada, por ejemplo, para realizar algunas gestiones bancarias.

La Fiscalía General del Estado, las asociaciones bancarias (AEB, CECA y UNACC) y el Banco de España firmaron el año pasado un protocolo de colaboración para adecuarse a la nueva normativa. El protocolo recomienda la firma de una declaración responsable de las partes implicadas con la entidad bancaria, que permita realizar las operaciones financieras habituales.

Se aconseja también como buena práctica la reconducción y vinculación a una única cuenta bancaria de todos los ingresos y gastos ordinarios de la persona con discapacidad.

En cualquier caso, la figura de la guarda de hecho tiene sus limitaciones. Para evitar el riesgo de que el guardador de hecho pudiera realizar actos que perjudiquen los derechos e intereses de la persona guardada, la ley limita los ámbitos y supuestos en los que puede actuar. Así, se necesitará obtener una autorización judicial previa para la venta de inmuebles o la contratación de hipotecas o préstamos, por ejemplo.

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