Trabajadoras del área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona denunciaron este jueves 23 de enero “presiones, saturación, amenazas y acoso”, aseguran que Pamplona está en un “momento crítico” y que la “incoherencia normativa entre el Gobierno de Navarra y el ayuntamiento provoca situaciones de agravio comparativo y frustración y tensiona aún más el sistema”. Piden “respeto y colaboración” a los diferentes agentes y consideran “inaceptables los chantajes que comprometen el sistema” y su “integridad como profesionales”. Un total de 152 firman un documento hecho público, como primera de las acciones que tienen previsto acometer. Cuentan con el apoyo de trabajadoras de otras zonas de Navarra porque, sostienen, la situación no se limita únicamente a la capital. Un buen número se acercó a la sede del colegio oficial de Trabajo Social de Navarra, este jueves.

“En los últimos años, los Servicios Sociales municipales de Pamplona se enfrentan a un notable incremento de las demandas de atención. En un contexto marcado por las crecientes situaciones de vulnerabilidad social, se ponen de manifiesto los desafíos de un sistema que opera con recursos limitados y bajo constante presión”, aseguran y añaden: “Como profesionales comprometidos con el bienestar de las personas más vulnerables, denunciamos la escalada de agresiones, amenazas y presiones que estamos sufriendo en el ejercicio de nuestra labor”.

“Estas acciones, protagonizadas por algunas personas y determinados colectivos, no sólo dificultan nuestro trabajo, sino que también perjudican gravemente la calidad del acompañamiento a quienes más lo necesitan”, inciden las profesionales en un comunicado leído por Josune Legal y posteriormente en euskera por Blanca Izkue.

Recuerdan por otro lado que en el área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, en 2024 remitieron 28 partes a Riesgos Laborales, “sabiendo que esto es solo la punta del iceberg”. “En el albergue de personas sin hogar se han dado más de 20 situaciones de presión para el acceso al recurso, siendo la última expresión de todo esto, una grabación no autorizada de voz a una trabajadora y publicada en un medio de comunicación”, señalan.

“Nos encontramos con el cuestionamiento hacia nuestra labor, a través de diferentes organismos, algunas entidades y con la presión de algunas personas para poder acceder a recursos sin cumplir la normativa para ello”, indicaron sin dar nombres. “No podemos avalar las amenazas, las faltas de respeto ni las presiones para acceder a un recurso o a otro. En unidades de barrio, desde el albergue de personas sin hogar y otros, diferentes técnicos han tenido que ejercer su trabajo bajo presión en atención presencial, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos... se han dado escraches en oficinas municipales, así como en el albergue de personas sin hogar. Cada vez son más los agentes externos que dictaminan las acciones socioeducativas a realizar con las personas que acceden al sistema y pretenden establecer el grado de exclusión en los itinerarios a seguir”, apuntan. “Consideramos que al igual que para ofrecer un diagnóstico médico es necesaria una formación, lo mismo debería ser en los servicios sociales”, expresó Josune Legal.

Toda esta situación, explican, tiene consecuencias y enumeran varias: “Imposibilidad de realizar una intervención profesional adecuada, las presiones y agresiones afectan directamente la calidad de nuestro trabajo, limitando nuestra capacidad de actuación dentro de los principios éticos y normativos”.

Aluden asimismo a la “desautorización y desgaste profesional..., que generan un clima de incertidumbre, frustración y pérdida de confianza”, además de los “riesgos personales y laborales”. “Las recriminaciones, las agresiones físicas, amenazas y acoso trascienden el ámbito laboral, ponen en peligro nuestra seguridad y bienestar personal”, apuntan.

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona se ha mostrado este jueves "muy preocupado" por la situación de las trabajadoras del área de Acción Social después de que 152 de ellas firmaran un documento en el que critican "presiones, saturación, amenazas y acoso" a la vez que advierten de que la situación en Pamplona pasa por un "momento crítico".

Por todo ello, los regionalistas pedirán la comparecencia urgente del concejal delegado del área, Txema Mauleón (Contigo-Zurekin). "Mauleón tiene mucho que explicar y mucho por lo que responder. Después de hacer una política totalmente partidista y destructiva antes de la moción de censura, lo único que ha demostrado al asumir la responsabilidad es que solo es capaz de empeorar las cosas. Como hemos dicho en otras ocasiones, a pesar de que nunca se ha gastado más dinero, el área de Acción Social jamás ha estado en peor situación. Ahora son las propias trabajadoras del área quienes de forma pública denuncian el abandono al que están sometidas", han expuesto los regionalistas en una nota.

UPN ha añadido que ya había advertido de la situación de las trabajadoras del área después de conocer distintos casos de agresiones denunciados a lo largo del año pasado -en el comunicado publicado este jueves se habla de un total de 28 partes a riesgos laborales-. "Es la primera vez que las trabajadoras de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona salen de una manera tan clara y contundente. 152 nada más y nada menos han firmado el comunicado, lo que demuestra el abandono que sienten por parte de los responsables políticos de su área", ha señalado.

La formación regionalista ha destacado que "estamos hablando de un personal muy comprometido con su trabajo, de un personal cuya labor ha sido alabada en momentos tan duros como el de la pandemia, y que ahora reclama nuestra atención por la inacción del equipo de Gobierno, que era plenamente consciente de esta situación". "Exigiremos que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar que pueden desarrollar su trabajo en total seguridad", ha subrayado.