El Ayuntamiento de Pamplona da marcha atrás en los dos recursos de casación que iba a presentar en el litigio en torno a la Casa de Curtidores. La construcción de un edificio de viviendas estaba paralizada desde 2018, después de que la CHE emitiese un informe, a petición del consistorio, en contra de la concesión de la licencia de construcción.

Los tres propietarios del edificio, en estado de ruina, manifestaron a este periódico su intención de reclamar daños y perjuicios al consistorio por los años que su proyecto ha estado paralizado. Peio Amatriain, Ismael Cuadrado e Imanol Retegi, los tres dueños del inmueble, pensaban construir un edificio con seis viviendas. Inicialmente, su intención era la de vivir allí con sus familias, aunque ahora el proyecto está en el aire.

Ayer, la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Pamplona, acordó no seguir adelante con los recursos de casación anunciados ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y ante el Tribunal Supremo. En mayo de este año, el TSJN dio la razón a los propietarios, tras dos recursos fallido ante el TAN y ante el Contencioso-Administrativo. Sin embargo, hace unas semanas, el consistorio presentó los recursos, lo que volvía a paralizar el inicio de las obras.

“El Ayuntamiento de Pamplona no concedió en su día esa licencia de obras basándose únicamente en un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que la nueva sentencia del TSJN no acepta”, admite ahora el consistorio. Tanto la denegación de la licencia en 2018 como la tentativa de presentar los dos recursos se han producido durante los dos mandatos de Joseba Asiron (EH Bildu).

El pleno del ayuntamiento aprobó en julio de 2013 una modificación impulsada de oficio del Plan Municipal denominada ‘Curtidores Zona VIIIZ-1’, con la que se pretendía la consolidación del edificio al ser el único y último reducto en pie del antiguo barrio de Curtidores. Este plan, tramitado como una modificación estructurante, obtuvo el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Ebro en febrero de 2014 y fue aprobado por el Ayuntamiento de Pamplona en abril de 2014.

“El consistorio sigue apostando por que el edificio se mantenga por su valor patrimonial e insiste en que solo se denegó la licencia porque otra administración pública informó desfavorablemente sobre ese expediente”, recoge el ayuntamiento en una nota.