“Casi nos ahogamos por la lluvia, la tienda se inundó, pensé que flotaría”. Juan, pamplonés de 63 años, lleva años durmiendo en la calle. Según la temporada, duerme en su coche o en una tienda de campaña, la misma que quedó anegada en Aranzadi por la tormenta de la madrugada del viernes. Hace siete años su vida quedó atrapada en un bucle ante la dificultad de acceder a una vivienda o habitación.

Este viernes, a las once de la mañana, Juan se detuvo por casualidad frente a una pancarta que decía en castellano y euskera: “Vivir en la calle. Techo. Comida”. Y tras leerla prosiguió su camino. Detrás quedó el “grito” de varias organizaciones (Oxfam Intermon, Haritu, SOS Racismo Nafarroa, París 365, Salhaketa Nafarroa, Mugak Zabalduz, Punto de Información para Personas Migrantes (PIM), Apoyo Mutuo y Lantxotegi) que, con la llegada del invierno, denuncian que las personas sin hogar “no tienen acceso a un proyecto de vida en condiciones”.

La concentración comenzó bajo un cielo cambiante, un arcoiris intermitente y la presencia de agentes de la Policía Foral que instaban a los representantes de las entidades a desplazarse de la puerta principal del Palacio al otro lado de la calle Carlos III. Esto sucedía un día después de que el Parlamento de Navarra conmemorara el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

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RESPONSABILIDAD POLÍTICA

El mensaje de los colectivos este viernes fue claro: “Salimos a la calle para exigir a las instituciones que asuman su responsabilidad política en garantizar los derechos fundamentales. Es imprescindible que todas las personas que viven en Navarra puedan desarrollar su proyecto de vida en condiciones dignas “. La portavoz, Beatriz Villahizán, explicó ante los medios que desde de hace ya mas de dos años varios colectivos trabajan de manera coordinada en la denuncia de la situación jurídica y social en la se encuentran las personas que están excluidas del sistema de protección social y sin acceso a una vivienda digna.

Y recordaron que el 14 de marzo de 2023 el propio Defensor del Pueblo dictó una resolución indicando al Departamento de Derechos Sociales del Gobierno foral y al Ayuntamiento de Pamplona que tenían la obligación de adoptar medidas para garantizar a las personas que carecen de hogar y se encuentran en la calle el alojamiento y la manutención todo el año, con una dotación de recursos y plazas suficientes, “no pudiendo condicionarse en ningún caso a criterios de habitualidad, ni condición de tiempo de empadronamiento o residencia”.

Asimismo, revelaron que las condiciones de las personas que no tienen acceso a unas condiciones de vida dignas se vienen agravando cada vez más. “Nos referimos a la imposibilidad de acceso al empadronamiento, a la denegación o dificultad de dar cobertura de las necesidades básicas y a la imposibilidad y dificultades de acceso a la Atención Primaria”.

“Desde las administraciones se habla de un colapso de recursos. Recursos que existen, pero se deciden dedicar a otros fines. Por ello, queremos denunciar las prácticas de contención y expulsión, destinadas a que las personas vuelvan a sus lugares de origen o solucionen de manera invisible su situación, cuando esta es causada por una problemática que es estructural”.

También constataron su preocupación por un problema estructural como es el de la vivienda, que ha dejado a personas como Juan en un remolino del que no puede alejarse. “Somos conscientes de que las instituciones no van a erradicar problemas estructurales como la vivienda, la creciente precarización de la vida o las políticas migratorias y sus leyes de extranjería. Estamos comprobando cómo los gobiernos de diferente signo político se enfocan en tratar los síntomas, no las causas, lo que los convierte en responsables por perpetuar el sistema que genera estos problemas estructurales”.

Por ello, ante la Normativa de Derechos Sociales y la Recomendación del Defensor del Pueblo, “el Gobierno de Navarra tiene la obligación de articular las medidas necesarias para garantizar el acceso a derechos fundamentales para todas las personas, sin exclusión ni invención de criterios de acceso y los ayuntamientos tienen la obligación de gestionarlo”.

CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS

Frente a todo esto, exigen al Gobierno y a los Ayuntamientos el cumplimiento de las siguientes medidas “que consideramos imprescindibles”: garantizar el acceso al empadronamiento para todas las personas que viven en Navarra; cumplir el establecimiento permanente y de acceso garantizado de un recurso adecuado para personas adultas y otro para familias con menores a cargo en situación de calle, garantizando alojamiento, manutención y atención diurna, durante todo el año, mientras se establecen medidas para dotarse de parque público de viviendas con acceso garantizado; y garantizar el acceso al Sistema de Protección Social, así como a sus servicios y recursos, en igualdad de condiciones, desde el primer día y con independencia de contar o no con empadronamiento.

No desean entrar en una “guerra de cifras”, pero calculan que hay entre 100 y 200 personas en Navarra sin un techo bajo el que dormir. Por ello, más allá de las campañas de frío, que “siempre se acaban improvisando”, piden atención para todo el año.