El Ayuntamiento de Pamplona va a perder un millón de euros al año para financiar los servicios sociales especializados que presta y cuyo coste debe asumir el Gobierno de Navarra. Así lo denunció este lunes la concejal de UPN María Caballero, que acusó de “dejación” al edil delegado de Servicios Sociales, Txema Mauleón (Contigo-Zurekin).

Según UPN, el actual equipo de gobierno ha firmado con el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra un convenio que “claramente perjudica” al Ayuntamiento de Pamplona porque no incluye la financiación de todos los programas ni su coste real. Según este convenio, el Gobierno foral va a pagar al consistorio 626.165 euros, cantidad que sólo cubre el programa de empleo EISOL y los equipos municipales de infancia (EAIA). No incluye los 195.000 euros del Servicio de Atención a la Mujer y los 728.000 euros del contrato de Intervención Familiar al servicio del EAIA que prestan 16 profesionales mediante gestión indirecta.

Según la Ley Foral de Servicios sociales de 2006, Pamplona debe prestar los servicios sociales especializados -infancia, víctimas de violencia de género y personas con dificultades sociolaborales- pero el Gobierno de Navarra tiene que asumir su coste. Estos tres programas cuentan en Pamplona con una plantilla de 40 personas y tienen un coste de 1,6 millones. Sin embargo, desde 2016 hasta 2023, el ejecutivo foral no ha aportado dicha financiación.

En la pasada legislatura, la entonces concejal de Servicios Sociales, María Caballero, negoció sin éxito la firma de un convenio con el Gobierno de Navarra. Tuvo como interlocutora a la consejera Carmen Maeztu, que tenía como jefe de gabinete a Txema Mauleón. “En estos cuatro años a Pamplona se le mareó, primero con buenas palabras reconocían la obligación de financiar pero se nos pedía posponer la firma por insuficiencia presupuestaria”, explicó Caballero. En la recta final de legislatura, Derechos Sociales trasladó al ayuntamiento una propuesta de financiación “que era todas luces poco equitativa”, según la edil. Por este motivo, en marzo de 2023 el ayuntamiento presentó un recurso contencioso-administrativo para obligar al Gobierno de Navarra a asumir íntegramente los costes.

Tras la moción de censura, el nuevo equipo municipal desistió del recurso contencioso. El informe de desistimiento lo redactó el director de servicios sociales, Rubén Unanua, que fue técnico de Nasuvinsa y que desde enero forma parte del patronato de la Fundación Gizain. Esta entidad la preside la propia consejera y gestiona los centros de servicios sociales del resto de Navarra.

“Denunciamos que es una decisión política y no técnica por parte del gobierno de Joseba Asiron, que ha permitido que un concejal que formó parte del Gobierno de Navarra decida en contra de Pamplona. ¿Por qué lo ha hecho? Quizás pensando en devolver el favor a la consejera que le colocó en su gabinete cuando no salió elegido parlamentario en 2019”, ha apuntado Caballero.

UPN ha exigido al ayuntamiento que firme otro convenio con el Gobierno de Navarra que incluya la financiación del Servicio de Atención a la Mujer. También reclama que se amplíen los términos del convenio ya firmado para reconocer la financiación del contrato de intervención familiar, formado por 16 profesionales. También pide una ampliación de los equipos de estos servicios, en especial del de infancia, "que está infradotado para el volumen de atenciones que presta".

TXEMA MAULEÓN: "SORPRENDE LA IGNORANCIA DE MARÍA CABALLERO"

El concejal de Servicios Sociales, Txema Mauleón, defendió este lunes el convenio firmado con Derechos Sociales y cargó contra UPN por su “pésima gestión”. “Sorprende la ignorancia que demuestra la señora Caballero, que ha sido concejala de servicios sociales”, afirmó Mauleón para rechazar que Derechos Sociales tenga que asumir el Servicio de Atención a la Mujer y la Intervención Familiar. “Son servicios no adscritos a los Centros de Servicios Sociales”, añadió.

El concejal obvia, sin embargo, que los centros de Tudela, Tafalla, Tafalla, Estella y zona norte, que gestiona la fundación Gizain, sí incluyen la atención a las víctimas de violencia de género.

Caballero respondió que Mauleón retiró un recurso “que le escocía al Gobierno de Navarra porque sabía que iba a perder”. “Puede ser que este fuera otro pago de Asiron por la alcaldía de Pamplona a costa de todos los pamploneses”, concluyó María Caballero.