En abril de 2015, EH Bildu hacía pública su candidatura para las elecciones municipales de Pamplona en la que intentaba equilibrar el sector más radical de la izquierda abertzale con caras nuevas o gente ligada a Aralar que rompió con Euskal Herritarrok, la heredera de Herri Batasuna, por su condena a ETA. Así, para contrarrestar el peso de nombres del núcleo duro como Patricia Perales, en el número dos de la lista, o Joxe Abaurrea, en la cuarta posición y muy criticado por el bloque constitucionalista ante su negativa a condenar el asesinato de Tomás Caballero cuando era edil de HB el 6 de mayo de 1998, se apostó por un cabeza de lista nuevo en política: Joseba Asiron Sáez. Entonces poco se sabía de este profesor de Historia en la Ikastola de San Fermín de Cizur Menor desde 1991, vecino de la otra Zizur, la Mayor, casado y padre de dos hijos. Licenciado en Historia de Arte por la Universidad de Zaragoza (1989) y doctor por la Universidad de Navarra (2009). Hasta entonces, su máxima proyección pública en la Comunidad foral había sido poner su firma junto a otras 133 personalidades del mundo de la cultura (profesores, escritores, músicos y periodistas, entre otros) en un manifiesto de condena al asesinato de Tomás Caballero.

En una entrevista hecha por este periódico en 2015, en el umbral de las elecciones municipales, afirmaba que no había militado nunca en ningún partido pero sí en movimientos sociales o culturales como Nabarralde, Bizirik, o en la plataforma contra el pantano de Itoiz, “sobre todo cuando había algo patrimonial que consideraba que estaba siendo agredido”, decía. En las anteriores elecciones aparecía en los puestos de relleno de EH Bildu para Pamplona y revelaba que en septiembre de 2014 habían ido a verle responsables de los tres partidos que conforman EH Bildu (Sortu, Aralar y EA) para preguntarle si estaba dispuesto a repetir, y luego para decirle que encabezaría la lista. “Les estoy tremendamente agradecido por dejar que un independiente lidere un proyecto nuevo, y además en su ciudad”, comentaba entonces.

En los comicios, resultó ser la segunda fuerza más votada con cinco concejales frente a los diez de UPN, que aspiraba a la reelección de Enrique Maya para continuar con los gobiernos regionalistas ininterrumpidos en Pamplona desde 1999, cuando Yolanda Barcina cogió la vara de mando. Pero un pacto de investidura entre EH Bildu, Geroa Bai -también con cinco ediles-, Aranzadi, la marca blanca de Podemos que logró tres, e I-E, con un representante, dio a Asiron la alcaldía y por primera vez a la capital navarra un presidente de la corporación de la izquierda abertzale.

Pero dos años después, llegaría la fisura del cuatripartito que marcó ya dos bandos irreconciliables: por un lado EH Bildu y Geroa Bai y de otro Aranzadi e I-E. El motivo fue la diferencias en el diseño de un corredor sostenible en Pío XII, donde el bloque nacionalista quería que el transporte público fuera por los flancos y los otros dos por el centro. En octubre, en rueda de prensa, se anunció que se habían limado asperezas y que Geroa Bai, que hasta entonces daba su apoyo en las votaciones pero sin presencia en el organigrama municipal, entraba en labores de gobierno. Pero la herida sí seguía abierta como se demostró en 2018 con los presupuestos, cuando Aranzadi en la Junta de Gobierno votó en blanco. Una postura que, advirtió Asiron, no era compatible con estar dentro. Al final, se aprobaron pero ya el acuerdo de mandato estaba cogido con pinzas y en vísperas de Sanfermines de ese 2018 el cuatripartito saltó por los aires. El pleno debatía un expediente de 6 millones de inversiones para la ciudad y Aranzadi e I-E presentaron enmiendas ante la sorpresa de sus socios. No salieron adelante, pero gracias a su apoyo sí otras socialistas. Asiron calificó aquello como de irresponsabilidad extrema y el 4 de julio anunciaba que Aranzadi e I-E ya no eran parte del gobierno.

Fue un final abrupto para un mandato que EH Bildu no pudo reeditar en 2019, ni en la conformación del Ayuntamiento ni en la legislatura. Porque la socialista Maite Esporrín sí mantuvo su palabra de no convertir en alcalde ni a Asiron ni a Maya e hizo oídos sordos a las mociones de censura, eso sí, con la boca pequeña, que le llegaron de EH Bildu y Geroa Bai cuando PSN y UPN dejaron atrás la buena armonía que habían mantenido durante el cuatripartito.

Durante su mandato, UPN y PSN, entonces con tres concejales, le reprocharon que no había tendido puentes con la oposición y que había practicado una política identitaria y sectarista y, además, en algunos casos siendo él la cabeza visible como cuando colocó la ikurriña en el balcón consistorial en el chupinazo de 2015. En abril de 2016, el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona determinó que el Ayuntamiento de Pamplona incurrió en “fraude de ley”, estimando así el recurso presentado por la Abogacía del Estado. El juez señaló que la actuación del Ayuntamiento vulneró la ley que regula el uso de la bandera española y la Ley Foral de Símbolos. En el pleno de julio de ese mismo año, con su voto de calidad, Joseba Asiron evitó ser reprobado por el pleno. En Sanfermines de 2017, la volvió a colgar amparado por un informe municipal, según el cual colocar la enseña vasca momentos antes del cohete no era ilegal puesto que la Ley de Símbolos se había derogado en 2003. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la sentencia anterior tras el recurso presentado por UPN y la Abogacía del Estado. De nuevo, el Ayuntamiento tuvo que pagar las costas, en torno a 8.000 euros en cada caso.

Otra decisión municipal, esta nada más terminar el verano de 2015, que terminó en los tribunales fue la revocación del permiso que antes de la toma de posesión del gobierno de Asiron se había dado a la Policía Nacional para una muestra sobre víctimas del terrorismo. La edil de Cultura, Maider Beloki, esgrimió que habían cambiado las condiciones para las exposiciones en la Sala de Armas. La Delegación del Gobierno presentó un recurso ante un juzgado que suspendió la decisión municipal. Las costas judiciales ascendieron en aquella ocasión a 4.315 euros.

Comenzaba 2016 con una nueva decisión del equipo de gobierno que acabaría en los juzgados: el cambio lingüístico en dos escuelas infantiles municipales en vísperas de la preinscripción. 53 familias presentaron un recurso en el Contencioso Administrativo que suspendió cautelarmente las modificaciones. En diciembre de 2017, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó la sentencia que rechazó los cambios de modelo en euskera desestimando así la petición del Ayuntamiento.

En septiembre de 2016, llegaba una sentencia al Ayuntamiento en la que se ordenaba al alcalde colocar las banderas y el cuadro del rey Felipe VI en un lugar preferente y no al fondo del salón del plenos a donde los había relegado el cuatripartito al inicio de su mandato. El Ayuntamiento recurrió con la réplica de que no se especificaba cuál era el lugar preferente y que, además, se inmiscuía en la autonomía municipal de cómo decorar el salón. El TSJN dio la razón nuevamente a la Abogacía del Estado con una sentencia que volvía a insistir en la recolocación de las banderas y el retrato del rey. Las primeras volvieron a la cabecera del salón y el retrato, reducido a un tamaño folio, quedó entre dos cuadros de un tamaño mucho mayor. Un nuevo auto en octubre de 2017 daba un plazo de tres días para “dotar de preferencia” al retrato real. ¿La solución? Retirar los dos cuadros y dejar al rey solo en la pared.

Joseba Asiron ordenó retirar el escudo de armas de los borbones que adornaba el zaguán y los 10 retratos de los reyes posteriores a la incorporación de Navarra a Castilla. Según el alcalde no ofrecían “calidad técnica y artística” las obras expuestas en las escaleras desde el siglo XVII, con especial ojeriza a Fernando el Católico que, afirmó Asiron, no reunía “ningún mérito para figurar al pie de la escalera del ayuntamiento de cuya ciudad él mismo humilló, amenazándola con destruirla si no se rendía”. En su lugar colocó pliegos del Privilegio de la Unión así como otros elementos ornamentales municipales y en las escaleras antiguos carteles de San Fermín.

El 10 de diciembre de 2018, Asiron anunciaba en la Junta de Portavoces que iba a ejercer sus atribuciones como alcalde en el callejero para cambiar el nombre de la avenida del Ejército, que pasaría a llamarse Catalina de Foix, última reina de Navarra entre 1483 y 1517. UPN y PSN mostraron su disconformidad y rechazo ante una decisión “unilateral” y que Enrique Maya, portavoz municipal de UPN, calificó de “irresponsable, malintencionada, absolutamente sectaria y divisora”. De hecho, una de las primeras medidas de Maya cuando retomó la alcaldía -la había incluido en su programa- fue revertir su nombre. Y menos recorrido aún tuvo su idea de que la plaza Conde Rodezno, en aplicación de la ley de Memoria Histórica, se transformara en plaza de Serapio Esparza, el arquitecto del II Ensanche. La oposición de colectivos memorialistas, hasta incluso de sus socios de gobierno, le hizo ceder y llamarla de la Paz.