Pamplona
Una orden judicial pone fin a la okupación de dos pisos municipales de Jarauta
Tras la marcha de una madre y su bebé a una vivienda del grupo San Pedro, quedaban dos adultos que ya tenían residencia estable
Publicado el 16/11/2023 a las 18:07
La Policía Municipal de Pamplona ha desalojado este jueves a las dos últimas personas que permanecían de forma ilegal en dos viviendas de propiedad municipal de la calle Jarauta. Los agentes ha acudido con la correspondiente orden judicial y estas personas abandonaron el edificio con las pocas pertenencias que tenían. Posteriormente, el consistorio ha procedido a reforzar las puertas de acceso de las viviendas para evitar una nueva okupación. De esta forma, se ha puesto fin a un episodio protagonizado durante la última semana por activistas de Konseilua Sozialista Iruñerria y Etxebizitza Sindikatua.
La semana pasada, un grupo de personas okupó varias viviendas del número 19 de la calle Jarauta. Se trata de pisos que ha ido adquiriendo el ayuntamiento en los últimos años con el objetivo de derribar la manzana entera y construir viviendas sociales conforme a la normativa de accesibilidad y eficiencia energética. Entre las personas que okuparon el edificio se encontraba una mujer y su bebé de dos años. Los servicios sociales del ayuntamiento, al comprobar su perfil vulnerable, le ofrecieron en alquiler una vivienda que se acababa de quedar vacía en el grupo San Pedro. El pasado miércoles, esta mujer se trasladó a su nueva vivienda de la Rochapea, donde la unidad de barrio le va a hacer un seguimiento de sus necesidades de manutención, empleo e integración social, explicaron desde el consistorio.
En el edificio quedaron dos adultos, cada uno en una vivienda. Los agentes, tras identificarlos, comprobaron que se trataba de residentes en localidades de la comarca que no respondían al perfil de personas sin hogar o vulnerables, por lo que los servicios sociales no actuaron.
La usurpación de estas viviendas ha tenido tintes reivindicativos en favor del derecho a la vivienda “universidad, gratuita y de calidad”, tal como mostraba la pancarta que colgaron de balcón.
Desde el área de urbanismo, explican que estos pisos no reúnen las condiciones de habitabilidad suficientes para destinarlas a vivienda social. Añaden que no tiene sentido invertir dinero en su reforma o rehabilitación porque el objetivo a medio plazo es el derribo, por lo que sería tirar el dinero. Añaden que tampoco tiene sentido ceder estas viviendas a determinados colectivos para que las reformen y autogestionen. Existen malas experiencias en el pasado, como es el caso del chalé de Caparroso, en la cuesta de Labrit, donde en lugar de reformarlo, sus ocupantes lo terminaron de destrozar.
