La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha puesto en marcha la “maquinaria” para empezar, en una parcela de la Ciudad del Transporte, la construcción del centro ambiental, la instalación que impulsó hace cinco años y en la que se tratarán los residuos de cuatro de las cinco fracciones que se recogen en los contenedores de Pamplona y el entorno. 

Tras recibir este miércoles la resolución firmada el lunes por Ordenación del Territorio que daba luz verde a la primera fase, técnicos de la entidad y de FCC, que a través de sus divisiones de obras y medio ambiente resultó adjudicataria de la ejecución y puesta en marcha del centro, se reunieron. Fijaron el inicio de las obras en septiembre, después del periodo vacacional. Serán dos años de trabajos constructivos. 

Después se sumarán otros seis meses de puesta en marcha. El centro no estará plenamente efectivo hasta el comienzo de 2026, de acuerdo a esa planificación.

El presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, David Campión, confirmó esa nueva fecha de obra. Se había barajado junio o julio inicialmente. Se calculó tras la aprobación en diciembre pasado de los trámites urbanísticos y la declaración de interés general de la actividad proyectada. El inicio de las obras, sin embargo, se ha postergado hasta la llegada de la autorización del Ejecutivo. No se firmó hasta la emisión de todos los informes preceptivos y su análisis en Ordenación del Territorio, la dirección general dependiente del departamento que dirige el vicepresidente en funciones, José Mari Aierdi.

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SIN ESPERAR A ALEGACIONES

Campión explicó este miércoles que el inicio de las obras es seguro, al margen de posibles alegaciones que puedan llegar de particulares interesados o de administraciones. “Caben recursos ante el departamento y ante el contencioso, pero no paralizan el inicio de la obra. De hecho, también hay recursos a otros trámites, como el PSIS que aprobó Nasuvinsa para la parcela y el PROSIS que impulsamos nosotros para construir el centro. Y pasarán meses o años hasta que se resuelvan, pero por eso continúa adelante”, matizó. 

Recordó así el farragoso camino de este expediente, después de que tras analizar diferentes opciones se propusiera la cuarta fase de la Ciudad del Transporte para construir el centro de tratamiento. Esta elección se encontró con la oposición vecinal primero y después institucional en Noáin (Valle de Elorz). Concejos y el propio ayuntamiento han recurrido diferentes pasos y en uno de esos recursos se anuló la tramitación que había hecho el Gobierno foral, a través de Nasuvinsa, para poder construir la planta en la Ciudad del Transporte, destinada a logística. Paralizó, en enero de 2022, la obra de urbanización cuando ya se daba por finalizada y se esperaba iniciar las obras de la planta.

90.000 TN SIN ENTERRAR

David Campión valoraba este miércoles el nuevo paso para uno de los proyectos estratégicos de la entidad. “Se evita enterrar sin tratar las 90.000 toneladas que se están echando ahora al año, prácticamente, en el vertedero. Y además se reduce esa cantidad porque vamos a seguir implementando la recogida selectiva y separando la materia orgánica por un lado y se convertirá en energía y compost para campos”, ponía el acento en la repercusión medioambiental. Pero adelantaba nuevos trabajos pendientes. “Habrá que pensar qué salida damos a la producción de rechazo, porque la UE ya dice que para 2035 solamente se puede enterrar el 10% en vertedero. Hay alternativas porque al ser plásticos no recuperables, se pueden convertir en combustibles sintéticos tras un proceso químico. Es un poco lo que se está viendo y podía ser una opción”. No mencionó otra actuación acordaba, el cierre del vertedero de Góngora. Los acuerdos hablan de 2024.

La Mancomunidad optó por la construcción de una planta para el tratamiento integral tras rechazar la incineración y la biometanización

La ejecución del Centro de Tratamiento de residuos en la Ciudad del Transporte supondrá una inversión estimada de 75,2 millones de euros a cargo de la Mancomunidad, que ha logrado fondos europeos para algunas de las actuaciones. El proyecto implica la construcción de un espacio “multifuncional” destinado al tratamiento integral de los residuos de 4 de los 5 contenedores dispuestos en los 48 municipios de la Comarca de Pamplona a los que la entidad gestiona los residuos. Se tratarán los de la fracción resto, materia orgánica, envases y madera. Todos los residuos excepto el papel y cartón.

El expediente ya tiene la autorización ambiental integrada para todas sus fases, aunque por ahora solamente se ha autorizado el inicio de la construcción de la primera. En este punto se construirá el edificio de oficinas, los filtros biológicos para la absorción y tratamiento del aire, la urbanización interior de la parcela y las redes y acometidas exteriores de servicios. 

También contempla la reurbanización interior de la parcela para acoger un centro de carácter modular que contendrá una instalación para la depuración el biogás generado en la descomposición del material biodegradable, así como para la inyección a la red gasista. También se construirá una estación de carga rápida de gas comprimido para suministra combustible a los camiones y vehículos de residuos; y otra fotovoltaica mediante la colocación de placas en la cubierta de los edificios, con una potencia prevista de 1.180 Kw. Asimismo, en la nave se guardará los vehículos de recogida.

Las fases las determinará la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y tendrán que tener la autorización específica del Gobierno foral. “Iremos pidiéndolas pero ya tiene todo el proyecto la autorización integral”, reconoció el presidente David Campión.

El impulso al proyecto pone fin a años de bloqueos en la gestión de residuos. Primero sobre la fórmula, tras descartarse una planta incineradora y anularse el proyecto de biometanización y compostaje. Después con los recursos contra el proyecto, tras la oposición en el Valle de Elorz a la ubicación elegida. “Es lógica esa oposición y la pena es no haber podido acercar posturas en este tiempo. Pero se trata de un buen proyecto y que da una solución a algo que está penalizado, el enterramiento. Tenemos la vigilancia de Bruselas, pagamos dos millones por el canon de vertido y acumulamos sanciones del Gobierno casi cada año”, recuerda.