Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Beriáin apostó este jueves por seguir la estrategia que han planteado sus asesores jurídicos y recurrir la decisión del Supremo que ratifica una sentencia de la Audiencia Provincial que le obliga a pagar 3,9 millones, más intereses, a Caja Rural. Con los votos de los grupos mayoritarios, Adelante Beriáin y AVB, y los del PSN y con la abstención de UPN acordó plantear un incidente de nulidad al acuerdo del Supremo y anteponer, en caso de que no prospere, recurso de amparo al Tribunal Constitucional. La medida fue aprobada en una sesión en la que no hubo debate. Sólo una contextualización del pleito por parte del alcalde, José Manuel Menéndez, de Adelante Beriáin. Y después cruces de acusaciones sobre el papel de uno y otro desde que en abril trascendiera la sentencia que podría suponer una grave crisis a las arcas municipales y al patrimonio público. El auto, que condena a pagar 3,9 millones, intereses y, de momento, costas judiciales, representa más dinero que el presupuesto anual de Beriáin, 3,7 el de 2019. Desde el grupo de alcaldía auguraron que requerirá de negociaciones con el Gobierno de Navarra para hacer frente a los hipotéticos pagos. El recurso de amparo al Constitucional, previa solicitud de incidente de nulidad a la sentencia del Tribunal Supremo, era el último punto de una sesión, la última ordinaria del mandato municipal, presenciada por cerca de una veintena de vecinos. El alcalde, antes de leer el acuerdo que se proponía y mencionar que venía avalado por un informe jurídico, quiso presentar los antecedentes del pleito judicial. Recordó Menéndez, que aspira a la reelección por la coalición Adelante Beriáin, que el desacuerdo con Caja Rural se remonta a 2013 y hace referencia a una promoción de viviendas de 2010. La impulsó la sociedad municipal Morelucea, ahora en liquidación. En ambos mandatos, como cuando se constituyó Morelucea en 2005, el PSN gobernaba el Ayuntamiento de Beriáin. En su resumen, Menéndez explicó que inicialmente se había planteado una promoción de viviendas libres, tras completarse la venta de otra de VPO. Y que tras la crisis cambiaron los planes. Explicó que Caja Rural, entidad financiera de Morelucea, formalizó un préstamo de 3,9 millones de euros para cerrar la promoción y que el Consistorio, socio único de la empresa, puso como garantía un terreno entonces pendiente de recalificar y que se valoró en siete millones. El desacuerdo por ese aval llevó al pleito, al no firmarlo Caja Rural en el contrato. En 2013 se inició la disolución de Morelucea y en 2015 la entidad recurrió. En un primer momento, la Audiencia lo desestimó pero en 2016 le dio la razón. Según Menéndez, el terreno se devaluó por debajo del precio del préstamo. Cerró su intervención de “contexto” el alcalde comentando la situación de Caja Rural. “Como principal acreedor de Morelucea ha vendido todos los pisos que quedaban por vender. Se ha quedado con los terrenos urbanizables que no quiso hipotecar por un importe de 600.000 euros cuando originalmente se tasaban en 7 millones y ahora nos sigue reclamando 3,9 millones más los intereses que se han generado en estos años”, dijo. El resto de grupos, desde PSN a UPN y AVB, no intervinieron al respecto. El PSN dijo que había quedado claro el origen. Sí tomó la palabra el portavoz del grupo del alcalde. Jesús Sanz mencionó las graves afecciones que puede tener en el patrimonio, pero centró su intervención en acusaciones sobre la difusión de la noticia de la sentencia, que se hizo pública en abril, y sobre los pasos a seguir por el Consistorio. En una reunión celebrada la semana pasada se abordó y el jueves, al convocarse el pleno, se incluyó la propuesta para recurrir al Constitucional. Sanz primero y el alcalde cuestionaron que se hablara de la estrategia. Después hubo cruces, con AVB, de acusaciones sobre el papel seguido en la crisis por el pleito y respecto a Morelucea.

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