Diario de Navarra

17 euros al día. Esa es como mínimo la cantidad que ha salido de las arcas municipales durante estos últimos cuatro años para pagar las costas de los procesos judiciales que el cuatripartito municipal ha perdido en los tribunales por sus obsesiones con los símbolos. El mayor importe, 14.682 euros, tiene que ver con las ikurriñas que el gobierno del cuatripartito encabezado por Bildu colocó de forma ilegal en el balcón de la Casa Consistorial durante los chupinazos de los años 2015 y 2017. Otros 4.315 euros tuvo que pagar el ayuntamiento por las costas de otro proceso, el que llevó al alcalde a denegar una solicitud de Policía Nacional para una muestra sobre víctimas del terrorismo en la Sala de Armas de la Ciudadela. Otra bandera, la republicana, trajo para el ayuntamiento de Pamplona otra condena en costas, esa vez por 4.050 euros. El episodio de los cambios de decoración en el salón de plenos, con el que el alcalde Asiron estuvo entretenido durante los primeros meses de su mandato moviendo de sitio las banderas y el retrato del rey Felipe VI, obligó a reabrir las arcas municipales para hacer frente a más cosas por importe de 2.447 euros. EL FRANQUISMO La de enero de este año fue la penúltima y la del pasado marzo la última. Durante estos cuatro años el cuatripartito de Pamplona ha acumulado una larga lista de fallos judiciales en su contra que ha completado este último medio año de mandato con la desestimación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Navarra del recurso de apelación presentado contra la sentencia que anuló la colocación de la ikurriña en el Chupinazo del año 2017, y con otro fallo del mismo tribunal declarando nulo el proceso de contratación de publicidad institucional del Ayuntamiento de Pamplona desde enero de 2016. Entre una y otra sentencia el alcalde anunciaba en febrero su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional el archivo de la querella contra los crímenes del franquismo. Aquella que convirtió a Pamplona en la primera ciudad a nivel estatal en perseguirlos y en la que solicitaba investigar hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona. Asiron ya había dejado entrever sus intenciones cuando al poco tiempo de tomar posesión recibía en su despacho a Carlos Slepoy, el abogado argentino que buscaba apoyos para la querella argentina contra los crímenes franquistas. La querella de Pamplona ya había sido inadmitida por el Juzgado en noviembre de 2017 por considerar que los hechos habían prescrito y porque un proceso penal requiere atribuir los hechos penales a personas concretas. Pero el cuatripartito decidió recurrir. Las banderas Sin haber cumplido un mes como alcalde de la capital navarra Joseba Asiron se enfrentó a su primer contencioso cuando el 6 de julio, poco antes del disparo del Chupinazo, permitió que se colocara la ikurriña en el balcón de la Casa Consistorial junto con las banderas oficiales. Asiron quiso dar legalidad a su decisión argumentando que la había colocado como “acto de cortesía” para con las tres parlamentarias vascas de Bildu que habían acudido invitadas al acto, tal y como lo preveía la Ley de Símbolos. La Abogacía del Estado denunció el hecho y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra determinó que el cuatripartito había incurrido en un “fraude de ley” al utilizar la excusa de las invitadas. Hubo condena a costas y el Ayuntamiento tuvo que pagar 6.277 euros. En 2016 no hubo ikurriña en el balcón principal de la Casa Consistorial durante el Chupinazo, pero sí un mástil vacío. En 2017 Asiron volvió a ordenar que la ikurriña ondeara en el balcón con el argumento de que la Ley de Símbolos había decaído y la decisión la tomaba cada ayuntamiento. Hace apenas unos meses, el pasado enero, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra desestimó el recurso de apelación que el cuatripartito había presentado contra una sentencia de abril de 2018 que anuló aquella colocación porque “carecía de cobertura legal” y la declaraba “disconforme a derecho”. En este caso las costas ascendían a 8.000 euros. También la bandera republicana, aunque en este caso no llegó a ondear en el balcón, ha supuesto dinero para las arcas municipales. El 10 de abril de 2017 la comisión de Presidencia acordaba colocarla en la fachada consistorial para homenajear a los concejales y funcionarios municipales fusilados durante la república. Dos días después un juzgado anulaba el acuerdo al sentenciar que la bandera republicana “no es bandera constitucional” y que el ayuntamiento había incumplido la ley que regula el uso de la bandera española. Unos meses más tarde el consistorio era condenado a costas: 4.050 euros. LA EXPOSICIÓN DEL TERRORISMO En una de las primeras juntas de gobierno de aquel cuatripartito recién estrenado en 2015 se adoptaba una decisión que a primera vista no parecía tener mayores consecuencias. Se acordó modificar los criterios de uso de las salas expositivas de la Ciudadela limitándolas a exposiciones con fines culturales y artísticos, y con ese argumento se envió un correo a la delegación del Gobierno denegando la solicitud para una exposición que la Policía Nacional iba a celebrar en octubre sobre las víctimas del terrorismo. Aquella muestra ya contaba con un acuerdo de cesión de la sala que habían suscrito el anterior alcalde y el Jefe Superior de Policía de Navarra en el mes de junio, por lo que el cambio de criterio adoptado por el cuatripartito se entendió como una prohibición para organizarla. Luego se supo que las nuevas normas afectaban únicamente a la planta baja de la Sala de Armas, que era donde estaba prevista la muestra de la Policía Nacional, y que se iba a destinar a actividades del ámbito artístico, educativo o socio-cultural, “siempre que no sean de carácter expositivo”. La Delegación del Gobierno recurrió la decisión municipal y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo lo estimó y acordó suspender la decisión del Ayuntamiento de Pamplona. Entre los argumentos citó que concurrían “perjuicios de difícil reparación” o que no se habían aportado pruebas de que hubiera razones de orden público, como otro uso prioritario de la Sala de Armas “que sí pudieran justificar la revocación de la cesión en su día acordada”. En primera instancia el ayuntamiento fue condenado a costas (4.050 euros), pero el consistorio también lo recurrió y fue nuevamente condenado, esta vez a 265 euros más. RENOMBRAR LAS CALLES Con polémica intentó también Joseba Asiron en los primeros meses de su mandato modificar el nombre de la plaza Conde Rodezno para denominarla Serapio Esparza, como homenaje al arquitecto que diseñó el II Ensanche. Pero aquel acuerdo, tomado en el seno del cuatripartito por la relación del Conde de Rodezno con el franquismo, apenas sobrevivió unos días hasta que los socialistas hicieron valer el respaldo de los Familiares de los Fusilados de Navarra para renombrar la plaza con el nombre de Libertad. El apoyo que recibieron de regionalistas y de una de las integrantes del cuatripartito, la concejal de I-E, permitió afianzar esta opción pese a la “triquiñuela” de Bildu y Geroa Bai por intentar convocar in extremis una consulta popular que eligiera la nueva denominación de la plaza. Y también al final casi de su mandato Asiron volvía a crear polémica con otro cambio de denominación de una calle que se ejecutó el lunes mismo, con la sustitución de las primeras placas de la avenida del Ejército por las de Catalina de Foix (reina de Navarra entre 1483-1517). La idea era “continuar visibilizando a las mujeres relevantes del callejero de la ciudad”. Regionalistas y socialistas vieron nuevamente en aquel cambio la forma en la que el alcalde imprimía “sus obsesiones batasunas en el callejero municipal, (...) poniendo su ideología nacionalista radical por encima de la historia de la ciudad”, y una manera de “menospreciar y hacer desaparecer del callejero pamplonés a una Institución que representa al Estado”. La polémica también rodeó la denominación elegida por el cuatripartito para designar Parque de la insumisión al solar de la antigua cárcel de Pamplona, en el barrio de San Juan. Nuevamente el alcalde tomaba la iniciativa recordando en esta ocasión al movimiento social que en los años 90 se opuso al servicio militar. El parque se inauguraba el 6 de octubre de 2018. Tampoco pasó desapercibida la nueva denominación elegida por el cuatripartito para la plaza María Auxiliadora, en el barrio de la Txantrea, que pasó a llamarse Plaza del Félix, en honor a Félix Idoate, que durante 27 años había atendido el bar del local de la peña Armonía Txantreana. Y precisamente el nombre de Txantrea se aplicó mediante decreto de alcaldía para designar al barrio de la Chantrea. La nueva grafía en euskera exclusivamente entró en vigor el 15 de diciembre de 2017 y atendía, según el consistorio a “una demanda vecinal de varios colectivos y asociaciones del barrio”. LA PINACOTECA DE ASIRON Sin consecuencias económicas para las arcas municipales, pero con cierta trascendencia mediática, Asiron estuvo entretenido la primera parte de su mandato cambiando la decoración de la casa consistorial con la clara intención de relegar a un segundo plano tanto el retrato del rey Felipe VI como las banderas oficiales. Más de dos años, entre julio de 2015 y octubre de 2017, estuvieron dando vueltas por el salón de plenos las banderas y el cuadro. El primer cambio consistió en trasladar las banderas y el retrato desde la cabecera del salón de plenos hasta la pared del fondo, detrás de los asientos del público. La intervención de la delegada del Gobierno y del abogado del Estado concluyeron con una sentencia que obligaba al consistorio a recolocarlos en un lugar preferente, tal y como estipula la legislación. El recurso del consistorio retrasó el cambio hasta junio de 2017, cuando banderas y retrato apenas fueron movidos unos metros, a la otra esquina trasera del salón. Y unos meses más tarde las banderas volvían a su posición original, en la cabecera del salón, mientras que el retrato real se recuperaba para la pared situada frente a la entrada, aunque prácticamente reducido a la mínima expresión (una fotografía tamaño folio entre dos grandes reliquias: sendos paños de los clarines del siglo XVIII). La nueva afrenta protagonizada por el alcalde terminó con otra sentencia en la que los tribunales entendieron que se había “minimizado” el retrato real privándole de la preferencia marcada por la ley. En respuesta Asiron optó por retirar los cuadros de los paños y dejar solo al rey en la pared Y entre cuadros y banderas el alcalde también dedicó parte de su tiempo a redecorar la escalera del consistorio y retiró el escudo de armas de los borbones que adornaba el zaguán y los 10 retratos de otros tantos reyes posteriores a la incorporación de Navarra a Castilla. El primer argumento utilizado por Joseba Asiron (Bildu) era una exposición que con motivo del Privilegio de la Unión se montó en el zaguán. Luego aludió a la dudosa “calidad técnica y artística” de los cuadros, presentes en la escaleras desde el siglo XVIII, y unos días más tarde admitió que para él Fernando el Católico, “no reúne ningún mérito para figurar al pie de la escalera del Ayuntamiento de cuya ciudad él mismo humilló, amenazándola con destruirla si no se rendía”.

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Una legislatura marcada por las obsesiones con los símbolos en Pamplona

Banderas y retratos de un lado a otro, cambios de denominación de calles y miles de euros perdidos en procesos judiciales

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