Diario de Navarra

Una concejal del PSN ha presentado una demanda judicial contra el Ayuntamiento de Ansoáin, presidido por EH Bildu, por haber readmitido a una trabajadora municipal tras 28 años de ausencia y con una condena por pertenencia a ETA de por medio. La mujer abandonó su puesto, su domicilio y la localidad en 1990 tras una operación terrorista en la que se registró su vivienda pero no fue detenida; en 2004 fue arrestada en Francia y en 2010 condenada en el país galo a 12 años de prisión por pertenencia a ETA. Tras su salida de la cárcel, el consistorio presidido por Bildu ha aprobado readmitirla en la plantilla municipal, algo que el PSN considera “un fraude de ley”. La demanda, ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la ha presentado la concejal de la localidad Arantza Biurrun y ha sido redactada por el abogado y socialista Juan José Lizarbe. En el texto se recuerda que la mujer ocupaba un puesto laboral no fijo como auxiliar administrativa en el entonces Concejo de Ansoáin, cuando en junio de 1990 dejó de acudir tras la operación policial. A finales de julio de ese año, la Junta de Veintena del concejo aprobó una moción que reconocía a la trabajadora “el derecho a reintegrarse a su puesto, tan pronto como su situación se lo permita”. Desde entonces, y hasta el 23 de mayo de 2017, cuando sale en libertad, “no hay constancia alguna, ni en el concejo ni el Ayuntamiento, de que la trabajadora se dirigiese a los mismos, ni personalmente ni por escrito”, destaca la demanda. Tras su salida de prisión no pidió su reincorporación, sino que registró una solicitud en el Ayuntamiento pidiendo toda la documentación sobre su relación laboral. A lo largo de ese año también se presentó a varias convocatorias para listas de auxiliar administrativo de tres ayuntamientos, uno de ellos Ansoáin, y no fue hasta el 4 de mayo de 2018 cuando solicitó su reintegración a su puesto. El 31 de octubre de 2018, el Ayuntamiento aprobó su reingreso como personal fijo. Y como en la actualidad no existe el mismo puesto que en 1990, se aprobó concederle las mismas condiciones y “adecuar la plantilla orgánica a la realidad del reingreso”. El acuerdo argumenta que los informes de la Secretaría y la Asesoría Jurídica consideran que la readmisión es “conforme con lo establecido en la normativa vigente”. “BENEFICIAR A UNA PERSONA” La demanda interpuesta asegura que la moción de 1990 para mantener el puesto a la trabajadora fue “meramente de carácter político y meramente declarativo”, sin expediente ni informe que lo respaldara. Recuerda el abogado que por aquel entonces se aprobaban mociones de todo tipo, y que incluso en Ansoáin se aprobó una que declaraba la guerra a Estados Unidos. Por este motivo, entiende la demanda que el acuerdo de readmisión de 2018 es “nulo de pleno derecho”. Además, subraya que se le concede un puesto laboral fijo, “que en ningún caso lo era en 1990”, y se está así vulnerando así “los principios constitucionales de igualdad, publicidad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública”. “Es una interpretación torticera de los hechos y del Ordenamiento Jurídico para conseguir, por los motivos que fuera, beneficiar a una persona en detrimento de los derechos de otros trabajadores -actuales o futuros- del Ayuntamiento”, concluye.

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Demandan al consistorio de Ansoáin por readmitir 28 años después a una expresa de ETA

El PSN considera “un fraude” que se le dé un puesto que abandonó en 1990 tras huir de una operación policial

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