Los constructores, subcontratistas o trabajadores autónomos, que ejecuten una obra de construcción o demolición, tendrán que abonar una fianza que asegure la correcta gestión de los residuos que generen con su actividad. Éste es uno de los principales cambios que introduce el decreto foral, que aprobó el Gobierno de Navarra el pasado 28 de marzo, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCDs).

Las cantidades que deberán depositar como fianza oscilan entre 1.000 euros y un máximo del 3% del presupuesto del proyecto. Estas cifras varían según el volumen de residuos que se generen en la actividad. Quedan exentos del pago de la fianza las obras menores de construcción o reparación domiciliaria, que no precisan de proyecto firmado por profesionales titulados. Si los constructores hacen una gestión adecuada de los residuos, se les devolverá la cantidad de la fianza. Si esto no es así, el dinero se destinará a sufragar el coste de la gestión de los residuos. Además, con las fianzas no devueltas se creará un fondo de recuperación de las zonas degradadas.

La norma foral, que desarrolla la ley estatal de 2008, establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos con el fin de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras formas de valorización. El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra organizó ayer una jornada para explicar el marco legal y las alternativas de la gestión de este tipo de residuos. En esta sesión, en la que también han colaborado la Fundación CRANA y la empresa pública Navarra de Medio Ambiente Industrial, participaron más de 120 profesionales del sector.

Más de 50 kilos de residuos

Lo contenido en el decreto, según explicó ayer en la jornada Félix Armendáriz Martínez, jefe de régimen jurídico de Medio Ambiente y Agua, se aplica a todas las obras de construcción, restauración o demolición que generen más de 50 kilos de residuos. Las obligaciones que impone la norma, además del pago de la fianza, pasan por presentar un estudio de gestión que prevea la cantidad de residuos que producirá la obra y su destino, y disponer de la documentación que acredite la situación de los residuos en cada fase del proceso de gestión. Además, los constructores deberán estar registrados en el nuevo Registro de Constructores-Poseedores de residuos de construcción y demolición que creará el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Por otro lado, la nueva legislación otorga un papel relevante a las entidades locales y a las empresas gestoras de residuos. Las primeras porque tramitan la fianza una vez realizada la correcta gestión de los residuos, y las segundas porque acreditan su gestión. En 2009, se generaron en Navarra 360.642 toneladas, de los que el 95% se destinaron a eliminación. En 2008, estos residuos suponían el 25% de los generados en la Comunidad foral. Existen catorce instalaciones autorizadas para efectuar algún paso en la gestión de estos residuos. Cinco realizan limpieza y segregación, otros cinco los trituran para producir árido reciclado, dos los destinan a la recuperación ambiental de espacios degradados. Finalmente, otros cuatro son vertederos autorizados para la eliminación de residuos limpios en origen.

Las fianzas

1 De escasa entidad. Deberán contratar un constructor-poseedor que aparezca en el registro.

2 Que precisen de licencia de obra y que no sean de escasa entidad. Junto con la solicitud de licencia, deberán depositar una fianza o aval bancario de 11 euros por tonelada o 17 euros por metro cúbico, con un mínimo de 1.000 euros y un máximo del 3% del proyecto. El Ayuntamiento devolverá la fianza en un plazo no superior a 15 días.

3 Registro. Para registrarse como constructor-poseedor se debe abonar una fianza de 1.000 euros para obras de escasa entidad, y 50.000 para las que superen 50 metros cúbicos.