Diario de Navarra ha abordado a lo largo de todo el mes de octubre la crisis de la vivienda, en el centro del debate público ante las crecientes dificultades para acceder a un vivienda. Aunque el problema viene de lejos, la vivienda lleva semanas marcando la agenda política y social después de que el desahucio a finales de septiembre de la octogenaria Maricarmen Abascal, que murió dos semanas después, propiciara movilizaciones por toda España para exigir medidas legislativas que terminaron en un adelanto electoral y con una convocatoria de huelga general. A través de informaciones, testimonios y foros de debate en todos sus canales, este periódico ha ido trazando el diagnóstico de los problemas y esbozando propuestas para el debate. Un trabajo que concluyó con la publicación este domingo de un suplemento especial que analiza la evolución de ventas y precios y las nuevas promociones de vivienda que están en marcha. Algunas de las conclusiones se exponen a modo de resumen bajo estas líneas.

El aumento de hogares casi ha duplicado en Navarra al del parque de viviendas lo que deja un déficit anual de 1.000 pisos entre 2021 y 2024 que amenaza con seguir agravándose. La Cámara Navarra ha repasado la evolución de la actividad constructiva en un informe. Entre 2010 y 2025 la oferta se estancó en 1.566 viviendas anuales de media con un valle entre 2011 y 2019 en los que de media se construyeron 997 viviendas. Por el lado de la demanda, hasta 2036 se crearán 40.000 nuevos hogares y atender esa demanda requerirá invertir entre 680 y 800 millones cada año.

A principios de 2026, en los municipios de la comarca de Pamplona había suelo residencial disponible para más de 36.000 viviendas pero sólo está en desarrollo el 27% de ese suelo. Es decir, que el problema no estaría aquí en la falta de suelo clasificado sino en las trabas urbanísticas y barreras que existen a lo largo de la cadena de transformación urbanística.

Tener las llaves de una vivienda es más complicado que hace diez años. El ahorro necesario se ha triplicado por el encarecimiento de la vivienda el salario bruto medio apenas ha subido un 30%. Además, firmar una hipoteca exige asumir cuotas más altas y pagar más años.

La protección legal que desde 2020 había impedido a los jueces navarros desahuciar aunque con algunas excepciones, a inquilinos vulnerables ha supuesto que en seis años se reduzca a la mitad el número de lanzamientos asociados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) que principalmente se corresponden con alquileres impagados. En 2019, antes de la entrada en vigor del decreto que brindó protección a esos hogares se practicaron 262, según el CGPJ, y en 2025 fueron 135.

El grueso de los alquileres del mercado privado, casi el 90%, son de personas físicas, es decir, de particulares que alquilan sus viviendas en propiedad mientras que el resto pertenecen a empresas. De los particulares que alquilan sus viviendas, sólo el 10% declaran más de un piso y hay 249 empresas y particulares que suman más de 6.500 propiedades, sobre todo pisos, pero con una gestión y usos muy diferente. La regulación de precios tras la declaración de 21 municipios como zonas de mercado residencial tensionado ha permitido contener los precios pero encontrar piso es más difícil.

El Ayuntamiento de Pamplona ha modificado dos artículos del PREPI, la norma que rige el centro histórico de la ciudad, para que sus propietarios puedan dividir viviendas existentes. La modificación afecta a ocho edificios del Casco Antiguo que fueron construidos entre 1965 y 1975.

Pamplona prohibió en julio la construcción de viviendas en planta baja en 90 calles consideradas ejes comerciales lo que ha puesto en pie de guerra a propietarios de algunos de esos locales que ya habían iniciado los trámites para convertirlos en apartamentos y que han recurrido la decisión municipal. Además, en seis barrios la promoción de pisos ha provocado una fuerte oposición vecinal que afecta a 1.200 viviendas, 500 de ellas protegidas.

Acceder a una vivienda en las zonas rurales, ya sea de alquiler, de nueva construcción o de rehabilitación, tampoco es tarea fácil. En estas páginas se han repasado algunas soluciones que están en marcha, como el coliving, un modelo de vivienda compartida que combina espacios privados con áreas comunes, que ha llegado al Pirineo, o la propuesta para habilitar bordas de ovejas para vivir.

Una encuesta encargada por Vivienda a la empresa demoscópica CIES para evaluar las medidas que se están aplicando (la encuesta no pregunta por las consecuencias de las mismas) ha revelado un amplio consenso social sobre la necesidad de una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda. Casi el 80% ven acertado el límite de precios del alquiler y dos de cada tres se inclinan por limitar el precio de venta de la vivienda libre.

La crisis de la vivienda deja dramas sociales muy diferentes. Desde las heridas de un desahucio a casos como el de Maristas, donde la constructora Obras Especiales ha rescindido el contrato para la rehabilitación del antiguo colegio y edificación de los pisos. Los 108 adjudicatarios de las VPO tienen la sensación de haber perdido dos años con los ahorros cautivos y pagando un alquiler.

La administración está multiplicando sus esfuerzos para aumentar el parque de viviendas públicas, destinado a alojar temporalmente a personas vulnerables, a través del derecho de tanteo y retracto que le permite adquirirlas de forma preferente. En siete años se ha hecho con 118 viviendas mientras miles de viviendas protegidas siguen perdiendo su calificación. Más de la mitad de un parque de 58.931 ya se pueden vender como libres.

Los expertos reclaman soluciones de emergencia ante la falta de vivienda asequible. Abogan por actuar sin dilación para aprobar los planeamientos, apostar de forma decidida por la industrialización, rebajar la fiscalidad para la primera residencia y reconvertir oficinas vacías y suelo terciario para aumentar la oferta.