El expresidente de la Diputación Foral de Navarra Jaime Ignacio del Burgo ha presentado una denuncia ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate en la que atribuye posibles responsabilidades a once personas, entre ellas la presidenta navarra, María Chivite, y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. 

En el escrito, Del Burgo solicita a la UCO que compruebe los hechos relatados y, en su caso, dé cuenta de ellos a la autoridad judicial competente y al Ministerio Fiscal.

El exdirigente del PP considera que los hechos que expone podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y fraude en la contratación pública.

Además de Chivite y Cerdán, el escrito señala como presuntos responsables a la ministra Elma Saiz; el parlamentario socialista Ramón Alzórriz; los actuales o anteriores responsables del Gobierno foral Bernardo Ciriza, José Luis Arasti, Pedro López, Jesús Polo y Óscar Chivite; la expresidenta navarra Uxue Barkos; y el administrador de Servinabar, Antxon Alonso.

La denuncia construye su argumentación en torno a la participación de Servinabar en la UTE adjudicataria de las obras y sostiene que Cerdán habría intervenido para favorecer que esta empresa formara parte de la unión temporal junto con Acciona y Excavaciones Fermín Osés. "Santos Cerdán convenció a sus compañeros", señala, antes de afirmar que "es evidente" que se trata de "una conspiración para delinquir".

Del Burgo relaciona además esta tesis con la permanencia en servicio activo de Jesús Polo, ingeniero de la Dirección General de Obras Públicas que posteriormente presidió la Mesa de Contratación de Belate.

El escrito pone el foco en las sucesivas disposiciones que permitieron prolongar su permanencia en activo una vez superados los 70 años y sostiene que estas modificaciones habrían tenido como finalidad que pudiera participar en el procedimiento de adjudicación.

Respecto a la Mesa de Contratación, Del Burgo recoge las discrepancias que se produjeron durante la valoración de las ofertas y sostiene que la puntuación otorgada por Polo fue determinante para el resultado final. La denuncia vincula estas circunstancias con las diferencias entre miembros de la Mesa y los votos particulares emitidos durante el procedimiento.

También incorpora a su relato los registros efectuados por la UCO en 2025 en los domicilios de Cerdán y Alonso y documentación relacionada con Servinabar, así como los posteriores modificados planteados durante la ejecución de las obras.

Entre las diligencias que propone a la UCO figuran recabar el expediente íntegro de contratación y los informes y puntuaciones de las ofertas; obtener del Parlamento la documentación relativa a las prórrogas de la permanencia en servicio activo de Polo; solicitar al Gobierno foral el informe de su Asesoría Jurídica sobre el modificado número 1, y tomar declaración como testigos a miembros de la Mesa de Contratación.

Las obras fueron adjudicadas el 26 de diciembre de 2023 a la UTE formada por Acciona Construcción, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000 por 62,88 millones de euros sin IVA, 76,09 millones con impuestos.

La adjudicación de Belate ya está siendo investigada por la Audiencia Nacional en una pieza vinculada al caso Koldo, en la que el juez Ismael Moreno había solicitado un informe a la UCO.