“Entramos realmente preocupados a la reunión y salimos preocupados o más preocupados incluso”. Eran las primeras palabras del portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, tras el encuentro que la presidenta María Chivite mantuvo este lunes con los grupos que integran el Gobierno tripartito (PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra), para trasladarles las opciones en las que está trabajando el Ejecutivo con la UTE constructora para reiniciar las obras de duplicación del túnel de Belate.

Como ha ido informando este periódico, los trabajos están paralizados tras un fallido segundo intento del Gobierno de Navarra por abonar unos sobrecostes de 8,3 millones de euros a la UTE usando la vía conocida como “enriquecimiento injusto”.

La Asesoría Jurídica del Gobierno foral, como ya hizo en noviembre la Intervención General con su reparo suspensivo, concluyó que no se dan los requisitos legales para abonar a las constructoras ese dinero ni procede hacerlo por la vía elegida por el Ejecutivo, entre otros motivos porque esos cambios fueron a iniciativa de las empresas y no obedecían a imprevistos.

Así, afirma que hay “constancia documental” de que la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar tenía intención desde los inicios de modificar a su conveniencia el proyecto de excavación y sostenimiento del túnel, contraviniendo lo que había prometido en su oferta técnica. Además, añade la Asesoría Jurídica, se encontraron con un departamento de Obras Públicas que no actuó de forma diligente.

Los socios reclamaron a la presidenta esa reunión para saber qué salida hay para que los trabajos puedan reanudarse con todas las garantías jurídicas y técnicas. El departamento de Cohesión Territorial del socialista Óscar Chivite está analizando con las constructoras cómo desbloquear la situación. Tras la salida de Servinabar, la UTE está integrada por Acciona y Osés.

AÚN NO HAY UNA SALIDA

Tras el encuentro de ayer entre la presidenta Chivite y sus socios se sabe que el Gobierno está analizando varias opciones. No se detallaron públicamente, ya que la presidenta María Chivite las explicará en la comparecencia parlamentaria que por este tema protagonizará este miércoles, a petición de UPN. Sin embargo, todavía no hay una solución clara que haga posible que se retomen los trabajos, por lo que dijeron los representantes del PSN, Geroa y Contigo.

GESTIÓN “DEFECTUOSA”

“Hemos visto diferentes salidas y yo creo que todas son preocupantes”, señaló Azcona. “En cualquier caso, esperaremos a que se haga una propuesta definitiva y valoraremos las consecuencias que tenga”, agregó el portavoz de Geroa Bai, quien reclamó al PSN y a Cohesión Territorial una respuesta “transparente”, que se haga “con rigor técnico suficiente para solventar esta situación” y que se formule lo antes posible.

Lo que el representante de Geroa Bai dejó claro a los periodistas es que para su coalición este tema se debería haber gestionado con “rigor técnico y jurídico suficiente”, pero “en algún momento” no se ha hecho así “y encauzar las cosas va a ser difícil”. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”.

A la pregunta de quién no ha actuado con rigor, Pablo Azcona siguió apuntando, sin citarlo expresamente, al departamento de Óscar Chivite, al contestar que se tramitó un modificado que no cumplía las condiciones para ser aprobado y que se ha ido “ahondando en una serie de decisiones” que han llevado “a esta situación”. “La propuesta de solución tiene que ser para paliar lo que ha pasado y no volver a cometer un error de este tipo”, agregó.

"NI UN EURO MÁS"

Tampoco ocultó su preocupación Miguel Garrido, de Contigo Navarra, aunque señaló que la reunión les había aportado “algunas certezas” ante las peticiones que hizo su grupo. La primera, que el Gobierno les ha garantizado que no se pagará “ni un euro más” por esta obra del que corresponde a los trabajos del proyecto inicial y, por otro, les trasladó que toda la información que ayer se puso sobre la mesa en esa reunión de socios a puerta cerrada será la que mañana dé a conocer la presidenta Chivite en el Parlamento.

“Se están dando los pasos necesarios para llegar a la mejor solución posible”, apuntó Garrido que, sin embargo, reconoció también que la salida “no es fácil”.

La socialista Ainhoa Unzu aseguró que “la prioridad absoluta es continuar” con las obras, “siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”. Incidió en que “no se ha abonado ni un euro que no esté debidamente justificado y así seguirá”, recalcó. Y dejó claro que no hay de momento una salida. “Se está trabajando en ello”, añadió, detallando que no la decidirá solo el Gobierno, sino que será “una solución compartida con la otra parte, que es la UTE”.

La reunión entre la presidenta María Chivite y sus socios de gobierno comenzó pasadas las cinco de la tarde y se prolongó hasta las siete y cuarto. La presidenta acudió con los consejeros Óscar Chivite y José Luis Arasti, y a las 17.30 se incorporó el vicepresidente primero, Javier Remírez, que por motivos de agenda no llegó al inicio. Por el PSN estuvieron su secretaria de Organización, Esther Iso; la portavoz parlamentaria Ainhoa Unzu, y el parlamentario Javier Lecumberri. Por Geroa Bai asistieron su portavoz en la Cámara, Pablo Azcona; la vicepresidenta segunda del Gobierno, la consejera Ana Ollo, y la parlamentaria Blanca Regúlez. En cuanto a Contigo, estuvo representada por su portavoz Carlos Guzmán y el parlamentario Miguel Garrido.

En el encuentro no estuvieron representantes de EH Bildu, que ya mantuvieron una reunión la semana pasada con la presidenta sobre este asunto, en la que María Chivite les entregó el informe de la Asesoría Jurídica del Gobierno.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno, el socialista Óscar Chivite, ya informó el pasado julio a sus socios, tanto a Geroa Bai como a Contigo Navarra, que pretendían abonar los sobrecostes de 8,3 millones de las obras de Belate a la UTE a través de otra vía, la del enriquecimiento injusto. El departamento también informó ese julio a EH Bildu. La pregunta es por qué los tres grupos no cuestionaron que se intentara pagar unos sobrecostes que ocho meses antes el Interventor General concluyó que no se ajustaban a la legalidad y así la trasladó ayer este periódico a los tres grupos, así como al PSN.

Desde Contigo y Geroa Bai respondieron que lo que hicieron fue reclamar un informe jurídico que aclarara si esa vía era posible. “Desde Geroa Bai desde el minuto uno pedimos garantías jurídicas de que eso encajaba en esa vía”, señaló Pablo Azcona.

Por su parte, Mikel Zabaleta, de EH Bildu, sostuvo que la posición de su grupo es que “no se puede pagar un solo euro de dinero público que no esté avalado legalmente”. “A partir de ahí corresponde al Gobierno buscar la vía jurídica y tener los avales de Intervención, Asesoría Jurídica, etcétera, para poder hacerlo”. “Nosotros no somos gobierno”.

UNZU: "GARANTÍA JURÍDICA"

A la misma pregunta, la socialista Ainhoa Unzu respondió que el Gobierno pudo haber levantado el reparo suspensivo de la Intervención General (y abonar ese sobrecoste), pero decidió optar por otras vías alternativas, como el enriquecimiento injusto, fórmula legal que se utiliza, y que los servicios jurídicos no han visto “oportuna”.

Señaló que para el Gobierno y el PSN esa obra es “irrenunciable” y una “prioridad” por su necesidad para Navarra. “Por eso se trabaja en una vía que dé la máxima garantía técnica, económica y también jurídica”.

Sin embargo, la Asesoría Jurídica no solo ha cuestionado esa fórmula, sino también el contenido, los sobrecostes que Cohesión Territorial ha pretendido de nuevo abonar a las empresas.

La presidenta María Chivite va a abordar este miércoles en el Parlamento la situación en la que han quedado las obras de duplicación del túnel de Belate y las opciones que hay ahora, ya que UPN reclamó su comparecencia urgente. El portavoz de UPN, Javier Esparza, opinó que, por lo que ha trascendido, “el modificado de Belate responde a una estrategia empresarial para cobrar más”. “Desde el minuto uno, sin empezar las obras, ya se plantea, se insiste en esto y el Gobierno de Navarra, en lugar de frenar este tipo de prácticas, lo que ha hecho es participar de la misma”.

Esparza lamentó que después de que en noviembre el Interventor General señaló “que no se pueden pagar, que no están justificados parte de los modificados que se han realizado en la obra”, el Ejecutivo “sigue buscando la manera de dar satisfacción a esas empresas que eran las socias de Servinabar, de la que Santos Cerdán tiene el 45%”, señaló. “El interventor ha dicho que no. Los servicios jurídicos han dicho que no, que no está justificado pagar. Que nos explique el Gobierno si cree que las empresas tienen razón o si tienen un derecho adquirido y, si es así, quién les ha dado ese derecho adquirido” para recibir esos 8,3 millones de dinero público por un modificado que según funcionarios de la Administración es “injustificable y no era necesario”.