La Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra ha concluido que no se dan los requisitos legales para abonar a la UTE de Belate (Acciona y Osés) los 8,3 millones de sobrecostes porque los cambios se hicieron “por su propia iniciativa y sin imposición de la Administración contratante” y porque ve indicios de “voluntad maliciosa” por parte de la adjudicataria. En su informe, de 116 páginas, los propios juristas lanzan una dura advertencia al Gobierno foral: la situación generada en las obras del túnel “no exime de la exigencia de responsabilidades, de la índole que fueran” y más después de las advertencias de la Intervención General de un posible quebranto económico a la Hacienda Pública de Navarra.

El informe de los servicios jurídicos del Gobierno de Navarra supone un varapalo para el equipo de María Chivite porque no se ha limitado a la forma sino que ha llegado al fondo, haciendo suyas y ampliando las conclusiones del reparo suspensivo que dictó en diciembre la Intervención General. Así, afirma que hay “constancia documental” de que la UTE formada por Acciona, Osés y Servinabar tenía intención desde los inicios de modificar a su conveniencia el proyecto de excavación y sostenimiento del túnel, contraviniendo lo que había prometido en su oferta técnica. Para ello no tuvieron inconveniente en faltar a la verdad en sus documentos. Además, añade la Asesoría Jurídica, se encontraron con un departamento de Obras Públicas que no actuó de forma diligente.

El pasado 6 de agosto, el vicepresidente y consejero de presidente, Javier Remírez, solicitó a la Asesoría Jurídica, servicio que depende de su departamento, un informe para aclarar si tenía encaje legal pagar los 8,3 millones que reclama la UTE de Belate por la vía del enriquecimiento injusto, una figura contemplada cuando una contratista realiza trabajos o servicios a la Administración fuera de la contratación pública. El informe fue entregado el pasado lunes. Tras analizar decenas de documentos, concluye que no es posible pagar esos sobrecostes.

En primer lugar, el informe hace un relato cronológico de los hechos, desde la licitación. Después realiza unas “consideraciones jurídicas”, donde analiza los distintos informes elaborados por la UTE, por la dirección externa de obras, los requerimientos de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra y las resoluciones dictadas por la Administración durante la tramitación del modificado. Todo ello acompañado de continuas referencias al informe de la Intervención General.

Con todo este material, la Asesoría Jurídica analiza si los 8,35 millones de sobrecostes cumplen los cinco requisitos del enriquecimiento injusto. Estas son las conclusiones.

EL SISTEMA DE EXCAVACIÓN

“Respecto de determinadas unidades de obra ejecutadas por la UTE de Belate, no concurre el supuesto de enriquecimiento injusto porque la Administración contratante no verá incrementado su patrimonio respecto lo pactado inicialmente con la contratista adjudicataria”, afirma en su primer punto. Esto se aplica al nuevo sistema de excavación, en dos fases de avance y destroza en lugar de sección completa. La asesoría señala que la adjudicataria eligió dicha técnica “por conveniencia” y la Administración recibe lo “pactado inicialmente, la apertura de un túnel”.

"RIESGO Y VENTURA"

La Asesoría Jurídica recuerda que la regla general en la ejecución de contratos públicos es “el riesgo y ventura a cuenta del contratista”. Por tanto no aprecia una “causa o correlación” entre el “empobrecimiento de la adjudicataria y el enriquecimiento de la Administración” porque todos los cambios se han hecho a conveniencia de la UTE. Cita una sentencia de la Audiencia Nacional, que dicta que “el contratista puede adoptar las decisiones que considere oportunas en la ejecución de la obra, pero debe asumir las consecuencias económicas de sus decisiones, en virtud del mencionado principio de riesgo y ventura”.

"VOLUNTAD MALICIOSA"

“No cabe invocar el enriquecimiento injusto cuando el desequilibrio se deba a su propia iniciativa de la contratista o revele una voluntad maliciosa”. La Asesoría Jurídica ofrece varios hechos que impiden descartar esa malicia. En primer lugar, que el origen del modificado se encuentra en el estudio preliminar encargado por la UTE varios meses antes del inicio de la excavación del túnel. “Quedan patentes la voluntad y la intención de la contratista de ejecutar las obras conforme a las unidades de obra de su conveniencia, distintas al proyecto original”, dice el informe.

Además, antes de presentar su propuesta de excavación y sostenimiento, presentó un proyecto de voladuras que no se ajustaba a lo previsto en contrato sino a la modificación que posteriormente presentó.

En tercer lugar, destaca que la UTE de Acciona, Osés y Servinabar ganó la adjudicación gracias a la buena valoración que los miembros de la mesa hicieron de su análisis geotécnico y geológico. “Sin embargo, a las pocas semanas del inicio de la obra, y sin que siquiera pueden justificarse en el desarrollo de la ejecución de la obra, realiza una modificación de su oferta, cuyas particularidades fueron determinantes para la adjudicación, en detrimento de lo ofertado por los competidores, cuyas particularidades fueron peor valoradas, lo que difícilmente puede considerarse como falta de malicia”, dice.

El callejón sin salida en el que se encuentran las obras del túnel de Belate, con los trabajos paralizados y “todos los escenarios abiertos”, como admite el Gobierno, es consecuencia de un cúmulo de errores y negligencias en el departamento de Cohesión Territorial, según se desprende del informe elaborado por la Asesoría Jurídica del Gobierno de Navarra. Hace casi un año, el ejecutivo de María Chivite dio la orden de continuar unas obras que carecen de “soporte contractual”. Los juristas del Gobierno foral señalan que si Obras Públicas quería hacer cambios sustanciales en el proyecto y añadir nuevas unidades, lo procedente hubiera sido parar las obras y sacar una nueva licitación.

El informe es especialmente crítico con el exdirector general de Obras Públicas Pedro López Vera, que el 28 de noviembre de 2024 firmó una resolución que “asume acríticamente” el contenido de la propuesta técnica del modificado número 1, “sin que conste a esta Asesoría Jurídica la existencia de informes técnicos ni jurídicos, siquiera preliminares, que confirmen o avalen lo dispuesto en la misma”.

Esta resolución, explican, dio el visto bueno a las 15 modificaciones en el proyecto original de Belate impulsadas por la propia adjudicataria (Acciona, Osés y Servinabar) sin comprobar “que fueran conformes a los supuestos legales” previstos en la Ley de Contratos.

Los juristas ahondan en la gravedad de este hecho al recordar que Obras Públicas tenía en su poder un informe de los autores del proyecto original “desfavorable” a las modificaciones propuestas por la UTE y que ni siquiera se preocuparon por refutar esas opiniones.

Esa misma resolución de Pedro López Vera acuerda la continuación de las obras mientras se tramita el modificado, una posibilidad permitida por la ley por causas de interés público. El director general alega dos motivos, la necesidad de terminar las obras antes de 2028 para evitar una sanción de la UE y la seguridad vial. “Se trata de una sucinta justificación para acordar la continuación de unas obras de gran envergadura”, añade el informe.

UN REVÉS PARA LA CÁMARA DE COMPTOS

El auditor Miguel Ángel Aurrecoechea, en su borrador de informe de las cuentas generales, advirtió que la resolución firmada por Pedro López es un acto administrativo válido que “generaba derechos” a la adjudicataria. Este comentario, sin embargo, fue eliminado por el presidente de Comptos, Ignacio Cabeza, al defender que es un acto de trámite sin efectos jurídicos.

Ahora, el informe de la Asesoría Jurídica respalda la opinión del auditor, al afirmar que la resolución de Pedro López “da expresamente conformidad” a la actualización del proyecto. Hasta el propio Javier Remírez, en su escrito a los juristas, afirma que la UTE adjudicataria “no ha recibido ningún abono por las nuevas unidades de obra ejecutadas de acuerdo al proyecto modificado, que cuentan con la aprobación de la Dirección de Obra y del órgano gestor del contrato (Obras Públicas)”. Esta controversia es de gran importancia pues será clave si la adjudicataria decide ir al contencioso para reclamar los sobrecostes.

EL PAPEL DEL DIRECTOR DE OBRA

La Asesoría Jurídica dejara claro que el origen del modificado es el Estudio preliminar de revisión del Proyecto de construcción de Duplicación del túnel de Belate”, elaborado por una firma de ingeniería a petición de Acciona, Osés y Servinabar en mayo de 2024, cuatro meses antes de que empezaran a excavarse el túnel. En octubre, la UTE presentó otro documento, Actualización del Sostenimiento del Proyecto de construcción Duplicado del túnel de Belate, que es prácticamente idéntico al anterior. “Por tanto, se trataría de una continuación de la propuesta unilateral de modificaciones al proyecto de obra adjudicado a la UTE contratista, emitida a instancia de la misma”, dicen los juristas.

Este documento sirvió de base para que el directo facultativo elaborara la Propuesta técnica motivada de la modificación nº1, que posteriormente aprobó el director de Obras Públicas. Así se llega a la conclusión de que el modificado fue impulsado por la propia UTE.

NI IMPREVISTOS NI REQUERIMIENTOS

Dado que el proyecto de modificado se impulsó antes de iniciarse la excavación, la Asesoría Jurídica deja claro que no es posible alegar causas de imprevisibilidad para cambiar la excavación y sostenimiento del túnel.

El informe también desmonta que abundante documentación que el 50% de las modificaciones propuestas se fundamenten en requerimientos de la Sección de Minas del Gobierno de Navarra, tal como explicó el propio ingeniero de minas en la comisión de investigación. El director de obra hablaba de una “solución integral trabajada con el técnico de minas, que tuvo un desarrollo de cuatro meses con sucesivas reuniones para solventar sus dudas, requerimientos y criterios, que culminaron con la solución reflejada en el proyecto modificado 1”.

El ingeniero de minas negó estas afirmaciones: “Nunca he participado ni trabajado en ninguna propuesta integrada de modificación del sistema de excavación”, expuso a la Intervención General. Es más, aseguró no conocer al director de obra.