El Gobierno de Navarra ya ha abierto este año 40 expedientes por detectar un posible incumplimiento en el precio de viviendas alquiladas en zonas tensionadas. De ellos, sólo uno ha finalizado con propuesta de sanción y 15 han derivado en modificaciones de los contratos que han conllevado la devolución a los inquilinos de las cantidades cobradas indebidamente.

 Otros seis de los expedientes se han archivado después de que los propietarios justificaran el precio y hay 15 que se siguen analizando.

La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, ha ofrecido estos datos este jueves en el pleno del Parlamento foral en respuesta a una pregunta del socialista Kevin Lucero sobre las herramientas de las que dispone el Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de los límites de precios en las zonas de mercado residencial tensionado.

Alfaro ha explicado que el Plan de Inspección de Vivienda 2025-2026 incluye una línea específica para controlar los contratos formalizados en las zonas tensionadas mediante el análisis periódico de la información incorporada al Registro de Contratos de Arrendamiento de Navarra.

Este registro cuenta actualmente con 28.819 contratos inscritos y en vigor, tanto de vivienda libre como protegida, y proporciona información sobre aspectos como el precio o la duración de los arrendamientos.

 Se trata de un registro de naturaleza administrativa, declarativa y de carácter electrónico en el que deben inscribirse todos los contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual o de arrendamiento de temporada, ubicadas en el territorio de la comunidad. 

La aplicación también permite consultar, modificar y cancelar los contratos registrados y los contratos en vigor se deben registrar en el plazo de un mes a partir de la fecha de formalización de los mismo. En caso de contratos de temporada, es obligatorio registrar todos los contratos en vigor posteriores al 1 de enero de 2019.

La Dirección General de Vivienda utiliza un proceso automatizado para comprobar los contratos registrados y, en aquellos casos en los que existe un arrendamiento anterior, calcular la variación del precio.

El sistema identifica los contratos que podrían incumplir las limitaciones para que posteriormente sean revisados de forma manual por el personal inspector. 

Hasta ahora han pasado por esa revisión manual 120 contratos y el Gobierno ha ido afinando el programa utilizado para detectar posibles irregularidades. 

Según Alfaro, mientras que en los primeros lotes solo el 25 % de los contratos examinados manualmente terminaba con la apertura de un expediente, en el último se han encontrado posibles infracciones en el 70 %.

Tras la apertura de los expedientes, los técnicos del departamento dan a los afectados un plazo de 10 días hábiles para presentar el contrato de alquiler vigente y, en su caso, el contrato anterior junto con el justificante bancario del cobro de la última renta, así como para presentar aquellas alegaciones que consideren oportunas. En caso de que no se justifique el sobreprecio, se continuará con el expediente. 

Antes de iniciar un expediente sancionador la Dirección General de Vivienda puede conceder un plazo no superior a 15 días para rectificar el contrato y, en su caso, devolver la diferencia de importe se ha estado cobrado indebidamente. En el caso de que proceda sancionar, se inicia el procedimiento sancionador con multas que oscilan entre los 3.001 y los 30.000 euros.

Actualmente se están revisando los contratos correspondientes a enero y febrero de 2026 y se han identificado otros 16 nuevos expedientes para su control. A continuación, los técnicos del departamento  analizarán los de marzo y abril y prevén estar al día antes de que termine este año.

La consejera también ha respondido en el Pleno a una pregunta de EH Bildu sobre viviendas vacías y ha destacado que las 216 detectadas hasta este momento son solo "la punta del iceberg". 

Alfaro, quien ha señalado que se trata de "un proceso muy complejo", ha explicado que los primeros expedientes han sido sobre aquellas viviendas más sospechosas de ser declaradas deshabitadas. 

De las 216 viviendas detectadas, 102 son de particulares y 114 están en manos de entidades jurídicas, pero la cifra real "es inmensamente mayor". Se han abierto de momento 41 expedientes administrativos.

El parlamentario de EH Bildu Mikel Zabaleta ha apuntado sobre esos expedientes que "todavía quedan muchos por iniciar" y ha instado al Departamento a redoblar esfuerzos para la detección de viviendas vacías.