El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha iniciado los trámites judiciales para recurrir el Decreto Foral 30/2026, de 27 de mayo, por el que se regula la estructura y el funcionamiento del Área Clínica de Radiología.

Según ha indicado el SMN en una nota, "el Gobierno de Navarra, a través del departamento de Salud, está implantando medidas que permiten una redistribución abusiva del personal médico y facultativo, sin esperar a la aprobación de la futura Ley Foral de Salud". Esta reordenación, ha añadido, se está llevando a cabo de manera "discreta" y, a su juicio, "contraria a derecho, utilizando la falta de médicos como justificación".

"Mientras en otras comunidades se buscan soluciones para atraer y fidelizar facultativos, en Navarra han decidido endurecer hasta lo insoportable las condiciones laborales de los pocos médicos que quedan y precarizar la atención que reciben los enfermos", ha expuesto el sindicato.

Para el SMN, el Decreto Foral 30/2026, de 27 de mayo y publicado en el BON el pasado 5 de junio, "no solo regula la estructura y el funcionamiento del Área Clínica de Radiología, sino que conlleva una modificación de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud de 2015 al afectar al Área del Corazón y de Cirugía". "La modificación de los Estatutos del SNS-O de 2015, con relación a las Áreas Únicas, se realizó mediante el Decreto Foral 46/2026 publicado el pasado 21 de julio en el BON. Es llamativo que el Área de Radiología se haya creado a pesar de no cumplir los criterios establecidos en los Estatutos del SNS-O de 2015, ni los nuevos criterios del Decreto Foral 46/2026 publicados dos meses después", ha expuesto.

En su opinión, "uno de los cambios más llamativos es que todas las Áreas Clínicas pasan a depender de la Dirección de Asistencia Sanitaria al Paciente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea".

"Este nuevo modelo reduce la capacidad de decisión de las jefaturas de cada hospital, hasta ahora basada fundamentalmente en criterios técnicos y asistenciales, y traslada las decisiones finales críticas a órganos superiores sujetos a directrices de carácter únicamente político", ha señalado el Sindicato Médico, quien ha añadido que, para los médicos y facultativos, este decreto plantea "un grave problema laboral".

Según ha agregado, "la norma abre la puerta a traslados forzosos y a modificaciones de desempeño en función de las necesidades asistenciales". "Un profesional podría, por ejemplo, ser destinado hoy a realizar ecografías en Tudela y mañana a trabajar en resonancia magnética en Pamplona, incluso aunque carezca de experiencia suficiente en esa técnica", ha relatado.

El SMN ha expuesto además que quedan sin concretar aspectos esenciales de sus condiciones de trabajo, como la adscripción a un centro o puesto, los turnos, los horarios, los descansos, las guardias o las retribuciones. "El objetivo declarado del decreto es controlar las listas de espera y garantizar la accesibilidad y la cobertura universal. Sin embargo, bajo este planteamiento, cuestiones tan relevantes como la disponibilidad de equipos radiológicos, la sobrecarga de trabajo, los excesos de jornada, la capacitación e idoneidad para cada función, los derechos laborales, la equidad organizativa o la asignación de plazas y puestos quedan supeditadas a las necesidades que la Administración determine en cada momento", ha indicado.

El SMN ha indicado que la norma puede terminar extendiendo este modelo organizativo a otras áreas y especialidades, "con un grave impacto no solo sobre las condiciones laborales de los profesionales, que lógicamente verán disminuido su interés por trabajar en Navarra, sino también sobre los pacientes y usuarios de la sanidad pública foral". "Se les garantiza que serán atendidos, pero no se asegura que esa atención se preste con la calidad, la continuidad, los medios y las garantías profesionales necesarias", ha añadido.

Ha criticado el Sindicato Médico que el Gobierno de Navarra "ha decidido no esperar a la entrada en vigor de la nueva Ley Foral de Salud (evitando tener que aceptar 'molestas' enmiendas parlamentarias) para imponer una reestructuración laboral que somete al colectivo médico y facultativo a las necesidades asistenciales fijadas unilateralmente por la Administración, sin establecer límites suficientes ni garantizar el debido respeto a sus derechos y a su desempeño profesional y olvidando, una vez más, el interés de los pacientes, que es disponer de suficiente plantilla médica cualificada para atenderles".