La polémica en torno a las ofertas de empleo relacionadas con el Servicio Navarro de Empleo no acaba con la de 37 plazas de técnico de grado medio de Formación y Empleo, en la que solo han aprobado 13 personas. Existe otra oferta en marcha de 8 plazas de técnico de grado superior (nivel A) que sigue envuelta en la controversia. Ya ha motivado la queja de uno de los aspirantes ante el Defensor del Pueblo y una reclamación al Consejo de Transparencia porque el Gobierno de Navarra inadmitió una petición de información sobre la composición de los miembros del tribunal de la OPE y su relación laboral con dos aspirantes que son jefes en activo del Servicio Navarro de Empleo. Se quiere conocer si hubiera motivo de recusación. 

La convocatoria de 8 plazas de nivel A, en su inmensa mayoría también con destino en el SNE, salvo una plaza para Educación, arrastra la polémica antes de empezar. El proceso, como ya informó Diario de Navarra, comenzó a principios de año con una convocatoria a la que fueron admitidas la exgerente del SNE, Miriam Martón (actual directora general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo) y Amaya Bengochea Carpena, directora del servicio de Activación Laboral y Cooperación Territorial del SNE, con responsabilidades directivas en el presente o el pasado en el propio organismo de las plazas. Ambas, sin embargo, desaparecieron en la lista definitiva de admitidos al proceso selectivo que dará comienzo en octubre de 2026. 

Sin embargo, dos jefes del SNE se mantienen entre los aspirantes. María Soraya Atienza Ruiz, jefa de negociado de orientación y alineación de programas de políticas activas, es la responsable de gran parte del contenido sobre el que versa la oposición, la orientación profesional. También figura entre los admitidos Pablo Lizarraga Díez de Ulzurrun, jefe de sección en el propio SNE. 

La composición del Tribunal (tres personas pertenecientes al SNE y dos a Educación) ha motivado las sospechas de la posible existencia de causa de abstención por la presencia de los dos jefes del SNE entre los aspirantes y su relación profesional y orgánica con los miembros del Tribunal. Como Función Pública no ha facilitado la información sobre la naturaleza de esta relación el asunto ha terminado en el Defensor del Pueblo y el Consejo de Transparencia de la mano de uno de los aspirantes. 

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UNA ASESORA ESPECIALISTA

El Tribunal, ha decidido (y Función Pública aprobado) “habida cuenta de la especialidad técnica de los tres ejercicios previstos” solicitar autorización para el nombramiento de una “asesora especialista” justificándolo en su “experiencia profesional desarrollando funciones de técnica superior de empleo”. No obstante, desde la parte de los aspirantes se critica que ella desarrolla sus tareas en un ámbito diferente al convocado .