De los 272 municipios navarros, 163 se encuentran en riesgo de despoblación, ya sea en niveles de riesgo extremo (44), alto (52) o moderado (67). Es decir, el 60% del total sufre en su censo una pérdida constante de habitantes de la que se derivan, además, cuestiones como el envejecimiento poblacional, la pérdida de actividad económica o el cierre de servicios claves como escuelas o comercios. Son muchas las iniciativas que se han impulsado en los últimos años para combatir este problema, pero faltaba una, la que pudiera considerarse la joya de la corona, demandada especialmente por los representantes de los pueblos y valles más afectados. Una Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Navarra que es ya un hecho, de momento en fase de anteproyecto, y que está llamada a obligar a las políticas públicas a mirar al territorio y crear las condiciones adecuadas para que vivir en un pueblo sea una opción de futuro. 

Así lo aseguraba este viernes 3 de julio el propio Gobierno de Navarra, redactor del texto legal, que lo daba a conocer en uno de estos municipios en riesgo de despoblación, Unzué. Allí se celebraba una reunión de la Comisión interdepartamental de lucha contra la despoblación a primera hora para, acto seguido, darse a conocer públicamente las líneas generales del texto normativo. Un documento elaborado desde los departamentos de Cohesión Territorial y Desarrollo Rural, pero con participación global de más de 20 direcciones generales de todo el Ejecutivo, así como aportaciones de distintas asociaciones y colectivos externos, y de las entidades locales a través de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (se destacaba que de las 74 medidas propuestas por la FNMC, más del 90% encuentran reflejo en la ley). 

Un anteproyecto que no fija, eso sí, cuantías concretas para los fondos y medidas fiscales que se plantean, y donde varias de sus acciones quedan pendientes de un desarrollo normativo posterior. 

Conforme reseñaba la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, “la cohesión territorial no es una opción, es una obligación”, y asimismo recordaba que con la nueva norma se cumple “un compromiso político de primer orden". Durante el acto, la acompañaban el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite; el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi; el secretario general para el reto demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya; el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús María Rodríguez; el director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi; y el alcalde de Unzué, Iker Etxeberria.

ASPECTOS DESTACADOS

Para lograr sus objetivos, el anteproyecto de la Ley Foral incluye una serie de medidas que se concretan en 6 principales instrumentos:

- Redacción de un informe obligatorio de impacto demográfico y territorial en cualquier norma o planificación pública, incluyendo presupuestos con indicadores territoriales y demográficos. Se integra la despoblación como criterio estructural, al nivel del impacto ambiental o de género.

- Clasificación oficial de municipios en riesgo. Clasificación legal estable, revisable y con efectos automáticos sobre ayudas, subvenciones y políticas públicas. Tipificación en 4 niveles de riesgo (vulnerable, riesgo moderado, riesgo alto y riesgo extremo), ligado al enfoque de territorios inteligentes a través del Indicador Multidimensión.

- Estrategia contra la despoblación y para el desarrollo rural. La ley pone en marcha un instrumento de planificación transversal para un desarrollo integral del medio rural y lucha contra la despoblación, marcando ejes y programas operativos específicos.

- Fondo extraordinario contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural. Instrumento financiero finalista cuya dotación se establecerá cada ejercicio en los Presupuestos Generales, así como mediante subvenciones públicas o donaciones privadas, financiando actuaciones de la estrategia y los programas operativos de reto demográfico, despoblación y desarrollo rural. Permitirá poner en marcha actuaciones transversales que, por su naturaleza, no encuentran un encaje adecuado en las políticas sectoriales tradicionales.

- Gobernanza multinivel y participación territorial efectiva. A través de la Comisión Interdepartamental y el Consejo Navarro contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural, con la participación de agentes y grupos rurales.

- Fiscalidad diferenciada. Mandato de elaboración en 1 año de medidas fiscales diferenciadas para los municipios rurales en riesgo de despoblación en la Ley de medidas tributarias que el Gobierno remite al Parlamento.

A partir de ahí, se plantean asimismo diferentes medidas entre las que destacan:

- Proyectos de inversión de interés foral y Responsabilidad Social Territorial. Obligación de incluir en la normativa reguladora de la declaración de proyectos, actuaciones o iniciativas como de interés foral, la valoración de su incidencia positiva en el medio rural y su contribución a la lucha contra la despoblación y al desarrollo rural.

- Fortalecimiento de escuelas en municipios rurales. Otorga rango de ley al mantenimiento de escuelas rurales con 4 alumnos. Ayudas de comedor al alumnado en municipios en riesgo alto y extremo de despoblación.

- Trabajo autónomo y emprendimiento rural. Régimen especial para iniciativas empresariales en municipios en riesgo: acceso a crédito, asesoramiento, formación e impulso de la figura de “emprendimiento especialmente protegido”.

- Vivienda Rural Protegida. Mandato para regular una futura Estrategia de Vivienda Rural con medidas de movilización de vivienda; vivienda rural de protección oficial y vivienda colaborativa. Habilitación legal expresa para flexibilizar temporalmente normas sectoriales en espacios controlados para testar soluciones viables en el medio rural.

- Transporte público a demanda y servicios básicos a 30 minutos. Informe de situación y posibles subvenciones. Se consolida como servicio público esencial.

- Formación profesional adaptada y relevo generacional. FP adaptada a sectores rurales; relevo generacional en explotaciones agrarias; atención especial a jóvenes.

- Refuerzo de la función social de la vivienda mediante venta forzosa. Introducción de mecanismos que impiden la permanencia indefinida de vivienda abandonada o infrautilizada en municipios en riesgo de despoblación mediante la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

- Puesta en valor de servicios ecosistémicos. Mandato para elaborar el cálculo, contabilidad y puesta en valor de los servicios de los ecosistemas, la mayoría en zonas rurales, incorporando o desarrollando las metodologías adecuadas para su cuantificación, compensación y comercialización.

- Estatuto de las Mujeres Rurales. Mandato para elaborarlo con un enfoque generacional integral: medidas específicas para atraer, fijar y acompañar a mujeres rurales, personas jóvenes, personas mayores y personas migrantes en el medio rural.

4 MESES DE PARTICIPACIÓN

Desde ahora, se abre un proceso de participación, a través de la Plataforma de Participación Ciudadana del Gobierno de Navarra y hasta el 31 de octubre, para quienes deseen realizar aportaciones al texto normativo. Paralelamente el Ejecutivo mantendrá reuniones, entre otros, con las entidades locales, los agentes del territorio o las asociaciones para cerrar la Ley Foral contra la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Navarra, que posteriormente iniciará el trámite parlamentario para su aprobación. Se espera que pueda aprobarse esta legislatura.