Con motivo de la reciente publicación del nuevo Decreto Foral de Convivencia elaborado por el Departamento de Educación, la Asociación Adolescencia Libre de Móviles compareció ayer en la Comisión de Educación del Parlamento de Navarra para exponer su trabajo sobre “smartphones en secundaria: peligro del ciberbullying y su gestión en los centros educativos”, con el que manifestó que “no es una cuestión de opiniones ni de modas, sino de salud pública y equidad”.

La sesión, presentada por el grupo parlamentario Partido Socialista de Navarra, abordó el segundo de los tres objetivos que tiene Adolescencia Libre de Móviles: “retrasar la edad a la que entregamos a nuestros hijos dispositivos con acceso a internet, lograr que los centros educativos sean espacios libres de smartphones y formar a las familias y a los centros en un uso saludable de la tecnología”. “El ciberacoso viaja en un dispositivo que hoy permitimos dentro de las aulas y dejar la decisión a cada centro no es neutralidad, sino dejar desprotegidos a los más vulnerables”, manifestaron las representantes de la asociación.

El Decreto Foral, que sustituye al anterior de 2010, fija criterios generales que deberán ser concretados por cada centro en su proyecto educativo, mientras que en España, la encuesta ESTUDES de 2025 del Plan Nacional sobre Drogas dibuja un panorama “preocupante” entre los estudiantes de 14 a 18 años. “Uno de cada siete hace ya un uso problemático de las redes sociales, uno de cada cuatro ha jugado a juegos de azar y crecen los trastornos asociados a los videojuegos”, expuso Susana Heredia, presidenta de la asociación.

“La Asociación Española de Pediatría aconseja no entregar el primer smartphone antes de los 16 años”, destacó Heredia, acompañada de la vicepresidenta de la asociación, Leire Brusau, que explicó que el alumnado más perjudicado es “el más vulnerable, el que más dificultades tiene para regularse y el que menos apoyo encuentra en casa”.

Como docente, Brusau valoró que “el smartphone en el aula no es neutral, ni siquiera cuando está guardado” y alertó de que “su presencia distrae, fragmenta la atención y abre la puerta a conflictos que antes y después estallan en el patio o en el grupo de clase”.

EL USO EN MANOS DEL CENTRO

Para la Asociación Libre de Móviles, dejar el uso del smartphone en manos de cada centro “no resuelve el problema”, sino que “lo reparte de forma desigual y genera tres injusticias”: “Desigualdad entre el alumnado, el derecho de una niña o un niño a aprender en un entorno protegido no puede depender del proyecto educativo del centro que le toque. Indefensión del profesorado, sin una norma clara que respalde, cada claustro queda solo ante el conflicto. Y una carga injusta sobre las familias que al elegir el centro tienen que valorar también su política de smartphones. Cuando muchas ni siquiera pueden elegir.

Cada vez son más los alumnos que tienen un smartphone en quinto y sexto de Primaria, teniendo en cuenta, como indicó Tatsiana Lotvina, miembro de Reconecta Tudela, que es “un dispositivo que usa por diseño mecanismos de adicción como las recompensas variables, el scroll infinito, la autorreproducción, que elimina la necesidad de decidir o la gamificación con recompensas”.

EN BUSCA DE ALTERNATIVAS

Como portavoz del PSN, Kevin Lucero, incidió durante su intervención en que “este asunto no puede resolverse cargando toda la responsabilidad sobre los centros educativos”. “La escuela tiene responsabilidad, por supuesto, pero es compartida entre familias, administraciones, empresas tecnológicas, legislación, hábitos sociales y comunidad educativa”, valoró Lucero.

En nombre de UPN, Pedro González enumeró las consecuencias que conlleva esta “organización de las relaciones humanas”: “ansiedad, depresión, aislamiento social, problemas de adicción conductual y, por supuesto, un aumento considerable en los casos de suicidio”.

Como portavoz de EH Bildu, Eneka Maiz, puso sobre la mesa el estudio del Consejo Escolar de Cataluña, en el que, tras analizar todos los factores implicados en el uso de dispositivos, se creó una regularización. E Isabel Aramburu, de Geroa Bai, citó la importancia de “predicar con el ejemplo” en el hogar.

Irene Royo, del Partido Popular, enfatizó en “la responsabilidad como administración de proteger a los menores y a los jóvenes de todo lo que puede venir”. Y Daniel López , de Contigo Zurekin, insistió en “buscar un punto de encuentro”, valorando que “no sirve de nada trabajar solo en los centros si luego en las familias no se trabaja”.

En el artículo 40.3 E, que el decreto fije la prohibición expresa de la presencia de dispositivos privados en el centro. permitiendo solo el uso pedagógico excepcional y justificado, es decir, basado en evidencia científica.

En el artículo 10, que se reconozca que el ciberacoso se agrava por el acceso libre y sin supervisión a internet, a través de estos y otros dispositivos en edades inadecuadas. 

En el artículo 51, que se de seguridad política al profesorado, Hoy atrapado entre prohibir requisar, supervisar o respetar la propiedad privada de la alumno o tutores legales.

En el artículo 68, que se elimine la expresión “uso responsable”, porque “la evidencia ha demostrado que se uso responsable a estas edades y con tecnologías diseñadas para enganchar, sencillamente no es posible”. Y que ese uso pedagógico sea “la excepción, no la norma”.