El nuevo Decreto Foral de Convivencia elaborado por el Departamento de Educación vuelve a delegar en manos de cada centro educativo (colegios e institutos) la regulación del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Aunque el departamento había anunciado que este documento, que sustituye al anterior de 2010, establecería limitaciones a las pantallas en las aulas, lo cierto es que solamente fija criterios muy generales que deben ser concretados por cada centro en su proyecto educativo, una postura que la Asociación Adolescencia Libre de Móviles considera “insuficiente” en un contexto de auge de fenómenos como el ciberacoso. 

La norma cataloga como conducta “contraria a la convivencia” el “uso de dispositivos tecnológicos privados del alumnado para la relación, la información y la comunicación, sea cual sea su naturaleza, o la interferencia de estos mismos en la dinámica del aula o centro, cuando su uso no esté expresamente autorizado y recogido en el Proyecto Educativo del Centro”. También contempla su posible retirada, pero siempre “de acuerdo con lo que se determine en las normas de organización y funcionamiento del centro”. 

La asociación, que comparece este martes en la comisión de Educación del Parlamento de Navarra para hablar de este tema, cree que el decreto “deja abierta la posibilidad de la presencia de los 'smartphones' en los centros por proteger su uso pedagógico”. “Pero consideramos que éste debería basarse en la evidencia científica y en el criterio de precaución. El uso pedagógico debería ser una excepción a la regla, no la rendija que abre de par en par la puerta a todos los riesgos que suponen los smartphones”. En ese sentido, alertan de que el decreto “pierde una gran oportunidad para profundizar y reflejar la problemática del acceso en edades inadecuadas a los smartphones y al mundo digital, y obvia la correlación que esto tiene con gran parte de las violencias que pretende prevenir, erradicar y tratar”.

No hay “mención explícita a la relación entre la posesión de 'smartphones' y el acceso a redes sociales en edades inadecuadas, el ciberacoso u otras conductas contrarias a la convivencia como la violencia contra las mujeres”. Es una de las objeciones que la Asociación Adolescencia Libre de Móviles hace al nuevo Decreto de Convivencia, al que achaca falta de enfoque preventivo. “Sí se regula el acoso escolar y el ciberacoso, se establece incluso que quien acose deberá abandonar el centro, pero todo se centra en las consecuencias y no en la manera de prevenir ese acoso”, explican. 

La entidad, que abiertamente aboga por la prohibición general de la presencia de teléfonos móviles en los centros educativos, permitiendo exclusivamente su uso pedagógico cuando esté debidamente justificado y basado en evidencias y de forma excepcional, realizó ésta y otra serie de alegaciones al decreto cuando éste se encontraba en fase de participación. Todas fueron rechazadas. 

A su juicio, delegar en cada centro el uso de los móviles y otros dispositivos abre la puerta a “desigualdades normativas y, por tanto, a niveles desiguales de protección a los menores”. También a “conflictos entre las familias y los centros”. “No comprendemos cómo el Decreto Foral no establece un marco más restrictivo”, sostienen, agarrándose a informes como 'Infancia, adolescencia y bienestar digital', de Unicef (noviembre 2025), que sostiene que “el mal uso de la tecnología está desplazando hábitos saludables y deteriorando el clima escolar”. Por ello, insta a “abordar como problema de salud pública el impacto de los usos problemáticos o adictivos relacionados con la tecnología”. 

“Las escuelas deben convertirse en espacios libres de móviles, donde se fomente la desconexión digital, especialmente para los estudiantes más vulnerables, al tiempo que se les educa en el uso consciente y saludable de la tecnología. La educación no puede ser parte del problema; debe ser parte de la solución, promoviendo relaciones interpersonales, el diálogo, el contacto visual y el juego. Es necesario crear momentos y espacios para conocer y valorar a las personas”, argumentan en las alegaciones. 

¿CONFLICTO O ACOSO?

No todo conflicto que se produzca en las aulas se puede catalogar de acoso, ya sea presencial o ciberacoso. El Decreto de Convivencia explicita los requisitos que confieren a una situación esa categoría. El primero, desequilibrio de poder: “una persona o grupo de personas se imponen por la fuerza y superioridad de recursos a otra persona o personas que no saben o no pueden defenderse”. El segundo, la intencionalidad: “es una acción deliberada, se tiene conciencia de lo que se está haciendo y de lo que supone para la otra persona o personas”. Y el tercero, la duración en el tiempo: “ no se limita a una acción puntual y habitualmente se prolonga en el tiempo haciéndose cada vez más grave”. 

“Para que se pueda catalogar una situación de maltrato entre iguales como acoso deben darse las tres condiciones indicadas en el apartado anterior. Si esto no sucediera, se tratará de un problema de convivencia que exigirá una actuación específica, pero no de un caso de acoso”, apunta.