Salud ha licitado la contratación de una oficina técnica externa para ayudar en la gestión de la contratación pública. Esta medida forma parte de un plan para la mejora de la contratación pública que el consejero, Fernando Domínguez, ha presentado en el Parlamento foral. Y es que, según ha indicado, a final de 2024 había 56 contratos sin un soporte contractual en vigor, entre ellos los del Hospital San Juan de Dios y la clínica Josefina Arregui de Alsasua.

Domínguez ha comparecido en el Parlamento, a instancias de UPN, para tratar la situación de los contratos de prestación de servicios y suministros a Salud en esta  situación, es decir cuando se prolongan más allá de su vigencia. Un problema que, a juicio de UPN, "se ha cronificado" ya que el 11,5% del gasto sanitario público se realiza al margen de contratos vigentes.

Durante su intervención, Domínguez ha recalcado la "complejidad" técnica y jurídica de la contratación pública en salud, que precisa equipos multidisciplinares y cuyos responsables están expuestos a responsabilidades civiles, administrativas e incluso penales.

Según el consejero, Salud representa casi la mitad de la contratación de bienes y servicios de la Administración foral, 491 millones en 2025. Tras una auditoría operativa por parte de Intervención del Gobierno foral realizada en 2023, se decidió elaborar un plan con tres medidas principales: reorganización y ampliación de los recursos humanos en los servicios dedicados a la contratación centralizada, formación del personal y contratación de una asistencia técnica externa, una oficina, de refuerzo para el momento de despliegue.

Patxi Esparza, director de Gestión Económica del SNS, que ha acompañado al consejero, ha indicado que la normativa de contratación es muy compleja y se mueve en un entorno muy dinámico. "Contratar mejor implica ralentizar el proceso", ha dicho. "No basta licitar más hay que hacerlo mejor".

De ahí el plan de acción que busca aumentar el personal y estabilizarlo así como formarlo, incluso a nivel de máster, ha señalado. Dos medidas que darán frutos a largo plazo, ha dicho. En este sentido, Domínguez ha señalado que se prepara también un decreto foral para reforzar las estructuras de las unidades de contratación. "Es necesaria una reorganización de los servicios que se ocupan de la contratación para revertir situaciones como la de los expedientes de enriquecimiento injusto desde hace años", ha señalado.

Entre tanto, Esparza ha indicado que el apoyo de una oficina técnica externa ayudará en el despliegue de las medidas a corto plazo. "No gestionará los expedientes sino que ayudará al técnico. No pisa las funciones del funcionario", ha asegurado. Además, la contratación de esta oficina está prevista para tres años.

EMPEORAMIENTO

La parlamentaria de UPN, Leticia San Martín, ha puesto de manifiesto un empeoramiento en el pago de servicios y suministros sin el correspondiente contrato en vigor. "No es una anomalía puntual", ha dicho. En concreto, San Martín ha destacado que a final de diciembre de 2023 Salud realizaba pagos sin contrato en vigor por un importe de 161,5 millones anuales mientras que a final de 2025 esta cantidad ascendía a 178,8 millones (57,5 millones en concepto de servicios y 121,3 en el de suministros).

La parlamentaria ha desglosado algunos de estos servicios y suministros sin contrato en vigor: el servicio que presta el Hospital San Juan de Dios, que supone 30 millones anuales (sin contrato en vigor desde hace nueve años); la explotación de la planta de cogeneración de energía del HUN, por valor de 4,3 millones; el servicio de terapias respiratorias domiciliarias, sin soporte desde 2018 y por valor de 4,2 millones de euros al año; así como el servicio que presta la clínica Josefina Arregui, sin contrato en vigor desde 2019 por valor de 2,9 millones al año.

En cuanto a los suministros, ha indicado que en dos años la cantidad abonada en concepto de suministro de fármacos sin contrato en vigor ha pasado de 31,4 millones a 59,1 y el material sanitario en la misma situación crece de 33,1 millones a 36,7 millones. "El 56% de todo el gasto en material sanitario se hace sin contrato", ha señalado la parlamentaria de UPN.

"Si están reconociendo que necesitan acudir al exterior para poder licitar correctamente está admitiendo que durante años no se ha dotado de medios suficientes ni se ha fortalecido la estructura pública encargada de la contratación", ha dicho San Martín. Y ha pedido al consejero que contrate lo que haga falta.

Maite Esporrín (PSN) ha destaco que su grupo siempre ha criticado esta situación. "Hay que seguir trabajando para corregirla", ha señalado. Y ha pedido al consejero que pongan "todo de su parte" para la tranquilidad de las empresas que prestan servicios en esta situación.

Txomin González (Bildu) ha calificado la situación de "preocupante". Y ha puesto sobre la mesa las "suspicacias" que ha levantado la licitación de la consultoría. "Quizás sería más sensato mandar a nuestros profesionales a hacer esa formación", ha dicho. O crear un servicio de licitación con suficientes recursos y personal cualificado.

Isabel Aranburu (Geroa Bai) ha destacado que los contratos que no están en vigor bajaron de 60 a 56 entre 2023 y 2024. "Nos gustaría que el ritmo fuera mayor pero entendemos la dificultad".

Por su parte, Irene Royo (PP), ha dicho que la situación es "inadmisible" y ha sugerido medidas como la que se ha puesto en marcha en Zaragoza, donde se ha recurrido a la Universidad de Zaragoza para apoyar la contratación pública. "Tomen decisiones", ha indicado. 

Daniel López (Contigo) ha indicado la vulnerabilidad del sector de la salud y la cronicidad de esta situación. Con todo, "no hemos oído muchas quejas por parte de las empresas", ha señalado.