El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha comparecido este lunes a las 09:30 horas para hablar de un posible escenario futuro que llegaría a Navarra con la aprobación de la proposición de ley de UPN sobre los conciertos educativos que el Parlamento de Navarra debatirá. En ese contexto, ha alertado de las "gravísimas consecuencias" que tendría esa nueva legislación y ha advertido de ello a las familias de la red concertada y de la escuela pública.

"Si se aplica la ley, hay que volver a hacer el proceso de matrícula para el próximo curso con las nuevas condiciones, una bajada de ratio en la educación concertada... Muchos niños que ahora cuentan con un colegio elegido y que tienen asignado pueden perder esa plaza", ha explicado refiriéndose a un escenario futuro. "Acabar en otro centro que no han elegido, que puede ser público o concertado. Esto es gravísimo porque deja a las familias en una enorme incertidumbre. Las familias deben saber que pueden perder la plaza que hoy tienen asegurada", ha alertado, citando ejemplos como San Ignacio, Liceo Monjardín, Irabia o Miravalles. "Quien apoye esta ley deberá explicar quién sale ganando", ha dicho, citando a los grupos y a un informe que se está confeccionando por parte del departamento y que se entregará a lo largo de la mañana de este lunes 4 de abril.

LOS EJEMPLOS DEL 'CAOS' DE GIMENO

En caso de aprobación de la ley, Gimeno también ha hablado sobre sus efectos en la red pública. "Ordena para el próximo curso mantener las unidades públicas y concertadas existentes en estas y, de manera contradictoria, que se apliquen los criterios de reducción de ratio en la escuela pública", ha citado, hablando del colegio Huertas Mayores de Tudela, en el que habría que desplazar a otro colegio a 17 alumnos que lo han solicitado y ya tenían plaza.

También ha explicado que esta proposición llega cuando los centros están inmersos en la elaboración de las plantillas. "Exigiría rehacer la plantilla, como ya ocurrió en 2012 por los recortes educativos", ha citado, hablando sobre el calendario de inicio de curso, como se denomina a la preparación de cara al nuevo año escolar. "Los centros no conocerían en junio su plantilla ni el profesorado que aspira a contratos administrativos su destino", ha apuntado.

En su comparecencia, Carlos Gimeno ha explicado que la aplicación de la ley de UPN también afectaría a la Formación Profesional y ha anunciado que se suspendería la oferta actual y no se podrán implantar los nuevos ciclos de Cocina y Restauración en Tudela, suspender la oferta de 33 nuevos grupos ya planificados y no ofertar el 2º curso de los Ciclos Formativos de alumnos que ya estudian los primeros cursos. "Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley se aprueba", ha añadido, diciendo que la "mayoría social sale perdiendo".

DESDE LA PERSPECTIVA LEGAL

Lo primero que ha comentado es que esa propuesta presenta "visos de inconstitucionalidad" y ha asegurado que los grupos que la aprueben serán los responsables. "Es el mundo al revés, una perversión del sistema absoluto", ha puntualizado en una rueda de prensa a la que ha acudido acompañado de Begoña Unzué Vela, directora general de Personal, y Luis Calatayud Yuste, director general de Infraestructuras, Digitalización y Servicios Educativos.

"Resulta insólito que un grupo parlamentario proponga que el destinatario del concierto —quien recibe las ayudas— pueda proponer los criterios que deberán ser valorados de forma obligatoria por la comisión de conciertos", ha señalado, hablando de intereses "particulares". "Los centros van a ser juez y parte de la convocatoria de subvenciones", ha indicado.

SOBRE EL CIERRE DE AULAS EN CENTROS CONCERTADOS ANUNCIADA EN ABRIL

Carlos Gimeno ha centrado todo su discurso en un escenario futuro, pero no ha sido hasta el turno de preguntas cuando se ha referido al cierre ya anunciado por él en abril de 15 aulas de la red concertada para el curso 2026/2027. Hay que recordar que por esta medida ya ha habido centros que han salido a la calle, como pueden ser los de la Federación de Ikastolas. "Mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad", ha asegurado, volviendo a la proposición de ley y calificándola como "auténtico despropósito".

"Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo —como ya he explicado—, se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes que ya están utilizadas para los cuatro próximos años en Educación Infantil y en Bachillerato. Y pone en riesgo la planificación de los centros públicos para el curso 2026/2027", ha reflexionado.

Por su parte, Begoña Unzué ha comentado que "obligar a mantener unidades que no tienen alumnado, que son esas 15 unidades de los centros concertados que se han suprimido atenta contra el artículo 31 y 103 de la Constitución porque obliga a la Administración a no planificar, a no utilizar los recursos públicos". "Esta ley presentada en un momento en el que no se ha iniciado el proceso de preinscripción tendría unas consecuencias mucho menores, pero se ha presentado cuando ya se han publicado. Este momento es el que genera caos", ha añadido.