Diario de Navarra

Los operadores que combaten a diario contra el delito de trata y explotación sexual saben de primera mano que las víctimas con las que trabajan son mucho más vulnerables que otras. Este contexto provoca que más de la mitad de los casos iniciados por los cuerpos de seguridad no acaben en condena penal. La dificultad para recabar pruebas, la situación de la víctima y la negativa habitual de estas a declarar por las consecuencias que puedan acarrear en su entorno familiar en otro país son algunos de los motivos por los que las investigaciones acaban en saco roto. Este viernes 24 de abril por la mañana, Civican acogió la segunda parte de las jornadas enfocadas en metodología policial y psicología jurídica en la detección e investigación de la trata y la explotación sexual. Una de las mesas redondas más interesantes la protagonizaron Ana Carmen Arboníes, fiscal de Trata y Extranjería en Navarra; Mari Paz Benito, magistrada de la Audiencia Provincial de Navarra; y Esther Fernández Arjonilla, jueza de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona. Las tres expertas, que ocupan puestos cuya función es determinar si los hechos colocados sobre la mesa por los investigadores policiales son constitutivos de delito de trata o no, compartieron distintas ideas, pero hubo una que estuvo por encima del resto: la importancia de la protección y recuperación de las víctimas, en el 95% de las ocasiones mujeres y niñas que llegan a España. “Es un delito que ataca directamente contra el bien jurídico más importante, que es la dignidad de la persona”, indicó Arboníes añadiendo que mucha de las mujeres “no tienen conciencia ni de que son víctimas”. “Aceptan la situación y punto. Nosotros tenemos que trabajar, recuperar a la víctima, en la medida de lo posible que colabore y vaya al proceso penal”, matizó insistiendo mucho en ofrecerle un “entorno de seguridad”. En lo relativo al peso de la declaración de las mujeres explotadas, Esther Fernández reconoció que quizá hasta la fecha “el error ha sido hacer recaer sobre la víctima la prueba fundamental de la instrucción”. Sobre esto, la jueza remarcó que la víctima se puede encontrar en una situación traumática y de estrés que requerirá su tiempo reparar. “Mientras tanto debemos encontrar entradas, registros, seguimientos...”, apuntó sobre la otra línea de acción paralela a la información de la mujer explotada. “No hay que recargarla”, apuntó. Por su parte, Paz Benito reforzó esta opinión asegurando que “no tiene que recaer todo el peso del éxito o fracaso de la operación en lo que diga la víctima”. Las tres expertas también debatieron sobre la eficacia de los distintos mecanismos de protección a las víctimas durante el proceso y coincidieron en la necesidad de formación de todas las partes intervinientes en el proceso. “Son víctimas muy rotas. Hay muchas que cuentan todo bien al inicio y después empiezan a echar balones fuera porque siguen teniendo vinculación con el tratante”, lamentó Arboníes plasmando los obstáculos del proceso por las actitudes cambiantes nacidas de los miedos. También se habló de la victimización secundaria, donde se señaló a la prolongación del caso en el tiempo como un gran revictimizante. Estas fueron algunas de las ideas principales extraídas de una mesa en la que la que el anteproyecto de la ley contra la trata también fue protagonista.