UPN propone reducir la renta garantizada, la prestación que da Navarra a las personas que no cuentan con unos ingresos mínimos. La presidenta del Partido regionalista, Cristina Ibarrola, ha presentado este viernes la proposición de ley que han registrado en el Parlamento y que incluye medidas para incrementar el control sobre estos pagos además de reforzar el acompañamiento a sus perceptores en su reinserción laboral.

La iniciativa fija, además, la obligación de estar en situación regular y carecer antecedentes penales. Rechazar una oferta de empleo supondría la retirada de la ayuda.

Salvo situaciones excepcionales, en las que la prestación se abonaría al 100%, UPN plantea que solo se pueda cobrar un máximo de tres años. El primero se percibiría completa, el segundo año se limitaría al 70% y el tercer solo se podría cobrar la mitad.

Fija, como se indicaba, una serie de excepciones en las que los perceptores recibirían completa la renta garantizada:

1. Si la familia receptora es monoparental, está a cargo de la mujer y esta haya sufrido violencia de género.

2. Si hay personas mayores en la unidad famliar o menores de 18 años, cuando el total de los ingresos del núcleo familiarno supere 1,5 veces el IPREM. Es el índice de referencia en España para calcular el umbral de ingresos en el acceso a ayudas y está fijado en 8.400 euros al año.

3. Si por edad, enfermedad, discapacidad o dependencia, el perceptor de la prestación no puede desempeñar un trabajo por estar incapacitado para ello.

REQUISITOS DEL PERCEPTOR QUE PROPONE UPN 

La propuesta de UPN destaca que las personas que perciban la renta garantizada deberán estar en situación regular.

Propone que los beneficiarios lleven residiendo en Navarra al menos tres años antes de la fecha de presentación de la solicitud, o un año si en la unidad familiar hubiera menores o personas dependientes o con una discapacidad igual o superior al 65%.

Tendrían que carecer de antecedentes penales con sentencia firme por delitos menos graves o graves de homicidio, lesiones, delitos contra la libertad sexual, robos con fuerza o intimidación o delitos contra la salud pública o de atentado a la autoridad, sus agentes, resistencia y desobediencia grave.

Si el solicitante tiene entre 18 y 24 años, sin menores a cargo, UPN plantea que deberá haber vivido de forma independiente durante al menos tres años antes. Se entenderá que ha sido así si ha permanecido en situación de alta en la Seguridad Social durante al menos un año, aunque no sea ininterrumpido, y si acredita que su domicilio ha sido distinto al de sus progenitores en esos 3 años.

CONOCER EL ESPAÑOL O DEMOSTRAR QUE SE ASISTE A FORMACIÓN EN EL IDIOMA

Entre los requisitos, UPN incluye en su propuesta legal que los perceptores de la renta garantizada deberán conocer el español o demostrar su asistencia a cursos para aprenderlo. Además, tendrán que tener escolarizados a los menores en edad que estén a su cargo y cuya escolarización sea obligatoria por su edad.

Mantendrán, además, actualizados los antecedentes penales con una periodicidad anual para ser puestos a disposición de la inspección, agrega la iniciativa.

REFORZAR LA INCLUSIÓN LABORAL

UPN incluye en su proposición de ley que las personas perceptoras en edad laboral no podrán rechazar una oferta de empleo. Deberán estar inscritas como demandantes de trabajo en el Servicio Navarro de Empleo y estar disponibles a las ofertas que puedan recibir, añade.

No obstante, también fija excepciones: si se está en edad escolar, tener más de 65 años o en casos de incapacidad o invalidez.

En su iniciativa, este partido propone que desde que se comience a recibir la prestación, se iniciará el correspondiente procedimiento de inclusión, con un diagnóstico de la situación personal y familiar del beneficiario con intervención de los servicios sociales. De ese modo, se elaboraría una propuesta de acompañamiento fijando un programa personalizado para la inclusión social. Cada persona tendría designado un profesional del ámbito social y otro del ámbito laboral, en función de lo que necesite. Se fijará así reglamentariamente cuántos profesionales se necesitaría en cada Servicio Social de Base y en el Servicio Navarro de Empleo para realizar esta tarea, señala.

CREACIÓN DE UN SERVICIO DE INSPECCIÓN

La iniciativa de UPN recoge la creación por parte del Gobierno de Navarra de un servicio de inspección permanente y especializado para garantizar que se cumplen los requisitos que fijaría la ley. Realizaría el control y seguimiento de la situación de las personas perceptoras para verificar que siguen cumpliendo los requisitos, así como para proponer las medidas de acompañamiento social que estime oportunas o, en su caso, denunciar los fraudes y proponer la extinción e la prestación o sanciones que correspondan.

Este servicio realizaría una auditoría anual de las prestaciones concedidas y vigentes.

CAUSAS POR LAS QUE SE DEJARÍA DE RECIBIR ESTA PRESTACIÓN

La prestación se extinguiría anticipadamente si se rechaza un trabajo que se pueda desempeñar o si se ha causado baja o excedencia laboral.

También, según la iniciativa, si se es condenado en sentencia firme por los delitos que impedirían tener acceso a esta prestación.

SUMA DE TODAS LAS AYUDAS: FIJAR UNA CANTIDAD MÁXIMA

Además, UPN plantea en su proposición de ley que se fijen unos límites máximos al conjunto de ayudas públicas que puedan percibir en Navarra las personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad.

Explica en su propuesta que la finalidad sería “ordenar el sistema de protección social y garantizar una adecuada proporcionalidad en el acceso a los recursos públicos”. Señala que eso no impediría que los beneficiarios de la renta garantizada recibieran otras ayudas compatibles, siempre que la suma total de las mismas no superara el tope que se determinara reglamentariamente. Se exceptuarían de ese cómputo las ayudas para cubrir necesidades específicas de carácter sanitario o farmacéutico.

UPN llevará su propuesta legal al Parlamento para que sea debatida.