El director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, presentó este viernes en el Parlamento el balance de actividad de la Comisión de Reconocimiento y Reparación de víctimas por actos de la extrema derecha o funcionarios públicos, que el año pasado analizó 71 solicitudes de las cuales 65 fueron estimadas, correspondientes a 44 hombres y 21 mujeres. Con estos nuevos reconocimientos, el total de víctimas se eleva a 106 desde que esta comisión comenzó a trabajar. Hasta la fecha, se han presentado, según precisó Zabalza, 217 solicitudes, 50 de ellas en 2023, 75 durante 2024 y 92 en 2025. 

Una de las 65 víctimas reconocidas en 2025 resultó fallecida por disparos con arma de fuego. Entre las vulneraciones observadas por la comisión, hubo 55 casos de malos tratos durante la detención y 52 casos de incomunicación. También se constatan 4 casos de daños físicos, psicológicos y materiales, uno de ellos con heridas graves por arma de fuego. Además se reconocieron otros cinco casos por daños físicos. Las indemnizaciones que han recibido ascienden a 574.281,96 euros, que sumadas a los anteriores 41 reconocimientos llegan a un montante de 1.815.489,61 euros. Según explicó Zabalza, la comisión estudia las solicitudes mediante una metodología que “adapta el rigor pericial a un contexto probatorio necesariamente complejo”.

“No se trata de una decisión basada en la discrecionalidad administrativa, sino de una respuesta técnica y científica que prioriza la coherencia clínica y la plausibilidad forense como estándares de prueba legítimos. Reconocer la condición de víctima mediante este rigor profesional es, sencillamente, cumplir con el compromiso de verdad y reparación que exige un Estado de Derecho moderno”, explicó Martín Zabalza ante los miembros de la comisión de Memoria y Convivencia del Parlamento de Navarra. El director general añadió que la comisión se reúne mensualmente excepto en el verano. Así, el año pasado celebró nueve sesiones plenarias.

PROCEDIMIENTO

La Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos fue creada al amparo de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo. Es la encargada de recibir y analizar solicitudes de reconocimiento. Dichas solicitudes pueden ser presentadas por quienes hayan visto vulnerados sus derechos humanos y también por personas o entidades “que hayan tenido conocimiento directo y riguroso de hechos que entren dentro de la aplicación de la mencionada ley”.

Cada solicitud es estudiada por los expertos que forman parte de la comisión, que determinan si reúne los requisitos para recibir tal consideración. Una vez reconocida, la víctima es indemnizada con entre 75.000 y 500.000 euros. Las cuantías concretas son 75.000 euros por incapacidad permanente parcial, 100.000 euros por incapacidad permanente total, 250.000 euros por fallecimiento y 500.000 euros por gran invalidez.

La parlamentaria de UPN Isabel Olave y el director general de Memoria y Convivencia del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, protagonizaron este viernes un cruce de acusaciones en relación con la labor realizada en 2025 por la Comisión de Reconocimiento y Reparación de Víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. “Usted señor Zabalza es consciente de que sus resoluciones carecen del rigor que en mi formación consideramos necesario y sin el rigor que se da en un procedimiento judicial. Con ello contribuyen a que EH Bildu falsee lo que ocurrió en España y en Navarra en los primeros 40 años de democracia”, censuró Olave en su turno de intervención. 

Zabalza rechazó la acusación y reprochó a UPN haber votado en contra de la Ley Foral 16/2019, que era lo mismo que “estar en contra de la comisión”. “Ponerse en contra de la ley es ponerse en contra de las directrices acordadas en el seno de la ONU y votadas por España, fuera de los principios y acuerdos de la Unión Europea, al margen de la legislación del Estado, fuera de la legislación foral y fuera de los principios establecidos por el Tribunal Constitucional”, reprochó a UPN.

Olave contestó a Zabalza que no debía confundir estar en contra de “la redacción o hechura” de una ley con estar “en contra de la causa que aborda”. “Muchas leyes de reconocimiento son posibles y esta tiene grandes fallas”, insistió. El director general de Memoria y Convivencia, en su último turno de palabra, mantuvo su acusación hacia UPN por poner en duda las metodologías seguidas por la comisión y reiteró que se ajustaban alas directrices nacionales e internacionales.

Salvo en el caso del PP, que también criticó que los reconocimientos de la comisión generaban “desigualdades entre las víctimas”, el resto de grupos agradeció la labor desarrollada a lo largo del último año. El socialista Javier Lecumberri reconoció la necesidad de reparar a las víctimas de abusos de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero añadió que la “inmensa mayoría de los funcionarios policiales” respetó los derechos humanos y se comportó conforme marca el Estado de Derecho. La representante de EH Bildu, Irati Jiménez, barrió para casa e interpretó a partir del balance de la comisión que el número de víctimas resultaba “estremecedor” y que solo representaban “la punta del iceberg”. Asimismo, añadió que lo reconocido hasta la fecha servía para sostener que los derechos humanos “fueron sistemáticamente vulnerados”.