El Grupo Acciona decidió hacer en diciembre una autoliquidación complementaria de impuestos de casi medio centenar de facturas emitidas por Servinabar entre 2021 y 2024 por servicios “cuya materialización no ha podido ser constatada y sobre los que existen dudas fundadas de la autenticidad de su soporte documental (contratos)”, según recoge la Agencia Tributaria en un escrito dirigido al Tribunal Supremo. Estas facturas suman 819.000 euros (IVA incluido). Según fuentes de la constructora, Acciona ha seguido la recomendación de los inspectores para evitar que pueda ser acusada de un delito fiscal si el Supremo dictara como hechos probados que las facturas respondían a servicios inexistentes.

Este hecho se ha conocido a raíz del auto del Supremo que ordenaba una paralización parcial de las inspecciones fiscales que la Agencia Tributaria estaba llevando a cabo en Acciona y varias de sus UTE. Los inspectores habían pedido esa suspensión al considerar que los hechos probados que resulten de la investigación judicial podrían afectar al cálculo de las cuotas del IVA y del Impuesto de Sociedades. La inspección a Acciona continuará en  lo que no afecte a su relación con Servinabar.

La Agencia Tributaria inició en marzo de 2025 el procedimiento inspector ordinario a Acciona Construcción SA para el periodo 2021 a 2023. En junio estalló el caso Cerdán, con registros de la UCO en la sede de Servinabar en busca de documentación sobre sus contratos con Acciona. Así, a la inspección ordinaria se unieron los requerimientos del juez Leopoldo Puente sobre la información fiscal de las empresas investigadas.

Acciona presentó la autoliquidación complementaria el 18 de diciembre, un mes después del informe de la UCO que analizaba contratos como el del puente del Quinto Centenario de Sevilla, la ronda de Logroño o un soterramiento de vías en Sant Feliú de Llobregat. Entre las 42 facturas figuran siete de 2021 con diversas cantidades. Pero a partir de 2022 hay una serie de pagos regulares por la misma cantidad, 19.927 euros. Estos pagos se extienden hasta octubre de 2024.

El escrito enviado por la Agencia Tributaria al Supremo incluye varios cuadros con las operaciones realizadas por Acciona con Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso de la que se sospecha que Cerdán tiene el 45%, según un contrato privado. Según los libros de IVA, Servinabar facturó a Acciona Construcción 1.859.272 euros entre 2021 y 2023. Además, facturó 1.957.123 euros a la UTE formada por Acciona y Aquaterra, que se adjudicó la ronda sur de Logroño por 92 millones. Como se recordará, Servinabar firmó con Acciona un contrato de prestación de servicios por lo que la empresa de Antxon Alonso facturaba el 2% del precio de adjudicación. Las cifras concuerdan.

El informe incluye también un cuadro con la imputación de resultados en la base imponible de Acciona por su participación en cuatro UTE vinculadas con Servinabar: la de Aquaterra y las UTE que se adjudicaron las obras del pabellón Navarra Arena, la rehabilitación del Archivo General de Navarra y la promoción de 62 VPO en Erripagaña. También se incluye la UTE que ambas empresas crearon en 2015 para ofrecer sus servicios en Mina Muga, aunque en este caso sólo hay una imputación negativa de 11.070 euros en 2023. Estas cinco UTE suman una base imponible para Acciona de 1,27 millones entre 2021 y 2023.