El Gobierno de España ha destinado 9 millones de euros a la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Justicia en Navarra.

La norma, en vigor desde el pasado mes de abril, ha logrado reducir los actos de comunicación pendientes como notificaciones o requerimientos, según informa la Delegación del Gobierno en Navarra que añade que también ha demostrado su efectividad en la agilización de las ejecuciones de sentencias.

Además, según señala, los ciudadanos han realizado ya casi 98.400 trámites judiciales en las Oficinas de Justicia en el Municipio, desde su creación en el mes de junio. Antes no existía la posibilidad de llevar a cabo estas actuaciones telemáticamente desde cualquier municipio.

Para la implantación del nuevo modelo, el Ministerio ha realizado una inversión que supera los 325 millones de euros, procedentes de fondos europeos, en las 12 comunidades con la competencia de Justicia transferida, casi 9 de ellos en Navarra.

La Ley de Eficiencia supondrá un ahorro de cerca de 300 millones de euros en los próximos 10 años en esas 12 comunidades, según la citada fuente que estima que en Navarra el ahorro será de casi 4 millones de euros.

Tal y como preveía la ley, más de 300 Tribunales de Instancia ya han entrado en funcionamiento durante este año sin incidencias, 4 de ellos en Navarra.

Desde que arrancó la implementación de la ley el grupo de trabajo técnico creado por el Ministerio con las comunidades autónomas ha mantenido 27 reuniones de seguimiento y también se han celebrado siete Comisiones Sectoriales a lo largo del año.

Además, el Ministerio ha formado sobre la nueva norma a jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios y ha llevado a cabo un programa de sensibilización para operadores jurídicos. Se han celebrado 280 sesiones informativas sobre los tribunales de instancia, 305 cursos de formación en digitalización con más de 15.000 matriculados, y una Jornada de Directores de Servicios Comunes con cerca de 300 asistentes.

De esta ley destacan que supone "la mayor reforma estructural de la Justicia en décadas" y su objetivo es convertirla en un servicio público "más ágil, moderno y cercano a la ciudadanía".

Además de transformar los juzgados, incluye un cambio procesal clave para reducir los litigios, fomentar la cultura del diálogo entre las partes y agilizar la tramitación de conflictos. Se trata de la obligación de recurrir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias en asuntos civiles y mercantiles antes de iniciar cualquier proceso judicial.