Investigación
La UCO atribuye a la nueva trama cinco obras amañadas por 132 millones
Entre los pagos, investigan una posible comisión de la empresa de demoliciones Erri Berri por una obra en Asturias
Actualizado el 14/12/2025 a las 08:09
Tras permanecer 72 horas detenidos en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el plazo máximo que marca la ley, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, instructor de la causa abierta esta semana por el presunto amaño de contratos públicos, dejó este sábado en libertad provisional a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar, que aparece también en el centro de la causa que se investiga en el Tribunal Supremo contra el exdirigente socialista Santos Cerdán.
El instructor tomó esta decisión a petición de la Fiscalía Anticorrupción, única parte personada en la causa abierta el pasado miércoles y que se encuentra bajo secreto. Los tres quedaron libres con medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en una sede judicial. Todos salieron este sábado por su propio pie del juzgado.
Fuentes jurídicas detallaron que los contratos presuntamente amañados serían cinco, valorados en más de 132 millones de euros y su adjudicación se habría producido entre 2021 y 2022. Entre ellos están acuerdos licitados por las empresas públicas Tubos Reunidos, Enusa y Mercasa, y también los adjudicados por el Parque Empresarial del Principado de Asturias, en Avilés, gestionado por la compañía estatal Sepides, y otro por Residuos Melilla (Remesa).
Díez, Alonso y Fernández tenían además un grupo de whatsapp llamado 'Hirurok', que traducido del euskera viene a significar 'los tres'. En dicho grupo o en diversos correos electrónicos se han intervenido comunicaciones sobre sus actividades presuntamente ilegales.
REGISTROS Y REQUERIMIENTOS
La investigación, no obstante, se encuentra en un estado muy embrionario, por lo que todavía restan muchas diligencias por practicar para conocer si hubo un delito de cohecho por el presunto reparto de mordidas y cuantificar el daño al erario público. Los tres fueron arrestados el pasado miércoles por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), quienes realizaron 19 registros en Madrid, Zaragoza, Sevilla y Bizkaia, y requerimientos de información a entes públicos y direcciones generales de dos ministerios.
Las pesquisas están amparadas por una querella de Anticorrupción presentada ante el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional el pasado martes. Se investigan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Los agentes registraron además dos sedes de Forestalia, una empresa de energías renovables, en Madrid y Zaragoza. Asimismo, se personaron en la SEPI y en empresas con participación pública como Mercasa (mercados mayoristas), Sepides (promoción industrial) y Enusa (empresa nacional de uranio) para requerir información sobre adjudicaciones. También acudieron para solicitar documentación a Correos y direcciones generales de Hacienda y Transición Ecológica. Este departamento precisó que les pidieron dos expedientes administrativos, que fueron facilitados “con total colaboración”, avanzando que “fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos” por la ley. Además de Díez, Fernández y Alonso, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga. Los imputados en esta causa se elevan a más de una docena. En el caso de Vicente Fernández, aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar.
En esos documentos se detalla que recibió un total de 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022. Según fuentes de su defensa, trabajó como comercial para abrir nicho de negocio a la mercantil navarra en el sur de España. Antes fue letrado de la Junta de Andalucía, interventor de esta administración y secretario general de Industria durante el Gobierno de Susana Díaz.
Te puede interesar
A FERNÁNDEZ LE PREGUNTARON POR SERVINABAR
Fuentes jurídicas señalaron que Leire Díez y Antxon Alonso se acogieron a su derecho a no declarar porque desconocen los hechos que se les imputan. Vicente Fernández, presidente de la SEPI entre junio de 2018 y diciembre de 2019, sí respondió a preguntas del juez, del fiscal y de su defensa. Le cuestionaron en concreto por su etapa como asesor comercial de Servinabar entre 2021 y 2023, aunque negó haberse aprovechado de su influencia por su anterior condición de máximo responsable de la SEPI.
