Este jueves hace 50 años comenzó un periodo en el que los españoles consiguieron superar diferencias que parecían insalvables y lograron ponerse de acuerdo para construir un país nuevo. En un tiempo convulso, en el que la violencia casi diaria tensaba todas las situaciones, con una economía en crisis y una inflación galopante, políticos de uno y otro signo, unos que habían sido afectos a la dictadura, otros que habían sido proscritos por el régimen, llegaron al consenso, palabra mágica, y lograron que en 1.112 días, entre el 20 de noviembre de 1975 y el 6 de diciembre de 1978, España pasara de un régimen autoritario y dictatorial a aprobar una Constitución que instauró una monarquía parlamentaria, un sistema democrático que sigue vigente medio siglo después.

Muchas claves intervinieron en aquella enorme partida de ajedrez a múltiples jugadores,  donde se conjugaron miles de horas de negociación, también a veces de amenazas y de tensiones.  En 1975 reinaba en España la incertidumbre, la sensación de que todo podía ser posible. Sin embargo, en muchos de los actores que iban a ser protagonistas latía la convicción de que debían ceder para que el país cambiara. La clave era hasta dónde estaban dispuestos a llegar en sus renuncias unos y otros. Ahí residía el famoso debate entre ruptura y reforma, entre dejar atrás por completo el pasado o transformar solo lo necesario para que España se abriera y modernizara. Posiblemente, lo que sucedió fue una ruptura hecha a base de reformas o una reforma que rompía con lo anterior. Al fin y al cabo, los cambios se hicieron con los instrumentos que contemplaba la ley, según la estrategia ideada por Torcuato Fernández Miranda, figura clave de aquellos años, pero el resultado fue un sistema tan distinto del anterior que difícilmente podía calificarse de mera reforma. Todo se trabajó en un clima de violencia a veces irrespirable. Los problemas económicos derivaron en infinitud de huelgas y conflictos laborales, y las reivindicaciones políticas algunos las tradujeron en terrorismo, de ETA, los GRAPO, el FRAP, la triple A, el Batallón Vasco Español…

Navarra vivió la Transición, si cabe, con más intensidad. La tensión le tocó de cerca. Porque la conflictividad laboral fue mayor que en otras regiones. Y porque el terrorismo y la violencia le afectaron de lleno. ETA firmó tres muertes en Pamplona y se produjeron incidentes tan graves como los de Montejurra y los Sanfermines del 78. Además, Navarra estaba directamente interesada en uno de los debates candentes de aquellos tiempos, el encaje territorial. La idea de la incorporación a Euskadi sobrevoló aquellos días y, de hecho, quedó plasmada en una disposición transitoria de la Constitución, que la considera aunque exige un referéndum.

DE LA INCERTIDUMBRE A UN CAMINO

Todo comenzó el 20 de noviembre. Franco murió a los 82 años después de una larga agonía de un mes. Su muerte debilitó aún más un régimen ya agotado en los años anteriores por las protestas laborales y estudiantiles, que dependía mucho de la figura del dictador y había perdido dos años antes en un atentado al que podía haber sido su sucesor en la sombra, Luis Carrero Blanco. El fallecimiento del generalísimo no pilló a nadie desprevenido. Quien más quien menos había pensado su estrategia, el primero de ellos el nuevo rey, Juan Carlos I, quien al ser coronado el día 22, habló de una nueva etapa y de integrar a todos los españoles. “Nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional”, dijo.

De forma oficial, en Navarra la llegada del Rey se celebró con un Te Deum en la catedral y una recepción. Pero  dominaba la incertidumbre. 'Diario de Navarra' preguntó en esos días a algunos notables de la región qué se podía esperar del Rey. “Todo depende”, dijo el escritor Víctor Manuel Arbeloa, de los gobiernos, del ejército, de Europa, de EE UU, de la oposición y “sobre todo del pueblo español”. Jesús Aizpún, abogado, fue rotundo: “La época de que otro decida por nosotros ha terminado”. Julio García Pérez, también abogado, avisó desde Tudela: “Si no se opera la evolución, otros harán la revolución”. Tomás Caballero, concejal de Pamplona, destacó: “Para mí, la soberanía reside en el pueblo”. Y Miguel Javier Urmeneta, exdiputado foral, puso escepticismo: “¿Ya le dejarán?”.

El rey enfrió algunas expectativas cuando mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno, pero pronto se atisbó que hasta los afectos al Régimen eran conscientes de la necesidad de una apertura. El propio Arias, ante las Cortes, habló de ir hacia la democracia “con serena decisión” y de abrir “los cauces de participación a todas las tendencias”. Pero puso límites: “No se aceptará el desbordamiento de nuestro orden de convivencia” y se colocarán “altas barreras” a quienes “llevan en sí mismas los gérmenes de su autoexclusión”.  Lo mismo que el ministro Manuel Fraga, que en una entrevista invitó  a participar a todos los partidos, menos “comunistas y terroristas” y dice: “Esa señora que llaman La Pasionaria (Dolores Ibarruri, destacada comunista desde tiempos de la República) prefiero que no venga”. Ambos coincidirían no tanto después en el primer Congreso de los Diputados elegido por sufragio universal.

Con Arias se aprobó la ley de asociaciones, que abrió el camino al registro de los partidos políticos, y se llegó a anunciar un referéndum sobre una reforma parlamentaria, pero no tuvo tiempo para más. Demasiados límites, demasiada lentitud en los cambios. Dimitió el 1 de julio, se dice que después de una fuerte discusión con el Rey. Dos días más tarde Juan Carlos I eligió a Adolfo Suárez, de 43 años. Había sido ministro del Movimiento (el partido único en el franquismo) y hubo quien consideró que aquello fue un paso atrás. “Qué error, qué inmenso error”, diría un jovencísimo 'El País'. “El tránsito a una democracia, en el que muy sinceramente están empeñados el Rey y el Gobierno, no lo hará un demócrata, porque con las viejas fuerzas sólo puede luchar un hombre que las conozca, las domine y se haga respetar por ellas”, opinaba 'Diario de Navarra'.

No fue un error. Tampoco se puede hoy calificar a Suárez de no demócrata. Al contrario. “Que el pueblo hable cuanto antes”, dijo en septiembre en un mensaje a la nación. Sí fue verdad que el paso a la democracia podía hacerlo alguien que conociera los entresijos del régimen. De hecho, algo parecido sustentaba la estrategia del Rey, Suárez y Fernández Miranda para pilotar los cambios. “De la ley a la ley a través de la ley”. Se trataba de cambiar las leyes con los instrumentos que permitían esas mismas leyes. Esa idea esencia la Ley de Reforma Política, la norma clave de la Transición. Ese texto establecía la soberanía del pueblo y la sustitución de las Cortes franquistas por otras formadas por el Congreso y el Senado y cuyos miembros serían elegidos por sufragio universal. En definitiva, los cimientos de una democracia. Pero la norma, ahí estaba la magia, tenía la categoría de ley fundamental, las normas más importantes del franquismo, las que estructuraban todo su entramado legal. Esta ley era la octava de las fundamentales y sirvió para anular las anteriores.

No parecía sencillo que los procuradores, como se llamaba a los diputados entonces, aprobaran una norma que suponía su final. El ‘harakiri’ de las Cortes, se le dijo. Hicieron falta miles de horas de negociaciones, trufadas con presiones, premios y castigos, triquiñuelas… El caso es que una mayoría amplia de esos procuradores aprobaron en noviembre la ley que les quitaba el puesto. En diciembre, un referéndum lo avalaba de manera abrumadora: el 94% de los votos fueron positivos. En Navarra ocurrió algo parecido: 217.000 de los 233.000 navarros que acudieron a las urnas, casi el 93%, refrendaron la reforma. Partidos vascos y también de izquierda habían pedido la abstención, llamamiento que obtuvo respuesta sobre todo en Gipuzkoa, donde llegó al 55%. En Navarra fue del 26,6%, ligeramente por encima a la de toda España (22%).

La suerte estaba echada, el camino trazado. La prueba de legalizar el Partido Comunista, el Sábado Santo de 1977, se superó con el coste de la dimisión de un ministro y algunas manifestaciones. Podía haber sido mucho peor. Seguro que jugaron a favor las renuncias que también habían hecho desde la oposición. Santiago Carrillo, el dirigente del Partido Comunista,  aceptó la bandera española y la monarquía. “Votaríamos por la República democrática, pero si la mayoría se pronuncia por una Monarquía parlamentaria, los comunistas acataremos como siempre el fallo del pueblo español”, había dicho antes, en la rueda de prensa clandestina que demostró que había vuelto a Madrid. Meses antes,  el Partido Socialista había renunciado a conceptos pasados como la dictadura del proletariado e incluso había anunciado que negociaría con el Gobierno Suárez.  

HACIA LAS NUEVAS CORTES

“La democracia ha comenzado”, decía el titular de la portada de 'Diario de Navarra' el 23 de julio de 1977. El día anterior se había celebrado la apertura de las primeras Cortes elegidas por sufragio universal desde tiempos de la República. Para llegar a este punto había tenido que definirse casi todo. Por ejemplo, se habían concretado las normas electorales, las que determinaban el sistema por el que se designan los escaños, que contemplaban que se excluiría a las formaciones que no obtuviesen el 3% de los votos o que enumeraban los diputados de cada provincia, cinco en el caso de Navarra. Se había aprobado el derecho de asociación sindical y había desaparecido el sindicato oficial. También se había eliminado el Tribunal de Orden Público, que se sustituyó por la Audiencia Nacional, y se había ampliado la amnistía limitada que se había dado en 1976.

Nada de eso había enfriado el tenso clima de aquellos años, pero las elecciones, en junio de 1977, transcurrieron con normalidad. En España ganó la UCD de Suárez, aunque sin mayoría absoluta, seguida por el PSOE. El temido Partido Comunista quedó tercero, pero muy lejos, con 20 escaños. En Navarra también ganó la UCD, que logró 76.000 votos por los 55.000 del PSOE. A distancia quedaron la Unión Navarra de Izquierdas, la conservadora Alianza Foral Navarra que lideraba el presidente de la Diputación, Amadeo Marco, y la nacionalista Unión Autonomista de Navarra. Los diputados electos fueron Jesús Aizpún, Jesús Ignacio Astráin Lasa y Pedro Pegenaute por UCD y Gabriel Urralburu y Julio García del PSOE. Senadores salieron tres de UCD, Jaime Ignacio del Burgo, José Gabriel Sarasa Miquélez y Jose Luis Monge, y un veterano nacionalista, Manuel Irujo. A todos ellos les tocó la segunda parte del camino, el que llevaba a la Constitución.

Hoy ya son padres. Los padres de la Constitución. El 22 de agosto de 1977 a aquellos siete hombres se les llamaba solo la ponencia. La ponencia constitucional. Tres de UCD, un socialista, un comunista, otro de Alianza Popular, y un representante del catalanismo. Ese verano comenzó sus reuniones para redactar la Carta Magna. Algunas previsiones hablaban de un trabajo de dos años. Fue mucho más rápido. En los días siguientes 'Diario de Navarra', como los demás periódicos, titularon sus primeras páginas con los artículos que iban saliendo de aquel grupo: la soberanía popular, la monarquía constitucional, la mayoría de edad a los 18 años…. Algunos salieron casi del tirón. Otros no.

El encaje territorial escondía uno de los tiras y aflojas más intrincados, y no solo en la ponencia constitucional. Instituciones, partidos y autoridades de todo tipo jugaron su papel para determinar cómo serían las autonomías y, en especial, cuál sería el estatus de Cataluña o de Euzkadi. Y el de Navarra. Desde el comienzo de la Transición sobrevoló la posibilidad de una incorporación a Euzkadi.

Se sucedieron debates a veces muy jurídicos, con referencia a leyes del pasado y donde las palabras nuevas debían interpretarse con cuidado, por cuanto podían cambiar mucho las cosas. Además, en Navarra protagonistas fueron varios. Por un lado, la Diputación foral, con Amadeo Marco al frente y dividida en una facción minoritaria más aperturista y otra más conservadora, era una institución que mantuvo tal y como salió del franquismo hasta 1979.  Por otro, los diputados navarros elegidos en las elecciones. “Las relaciones entre la Diputación foral y los diputados fueron malas desde bastante tiempo”, recuerda en sus memorias Joaquín Gortari, secretario general de Diputación desde 1978. También actuaron los partidos, de posturas diferentes e incluso variables: los socialistas navarros dejaron de apoyar en 1978 la incorporación al País Vasco. El jurista Demetrio Loperena explica que existía un pacto entre UCD, PSOE y PNV para “un punto de equilibrio entre quienes deseaban una Euskadi de cuatro territorios forales y quienes proponían que Navarra no debería estar integrada en la misma”. Y participó por supuesto el Gobierno nacional, que envió por ejemplo en un momento determinado al ministro Martín Villa a negociar con la Diputación.

Tras un sinnúmero de propuestas, acuerdos, desacuerdos, decretos… las negociaciones iban a terminar con la disposición transitoria de la Constitución, la cuarta, que permitía a Navarra seguir su propio camino, pero establece un camino para la unión con Euzkadi, a través de un referéndum. No fue una solución unánime. UCD la aceptó, pero uno de sus diputados, Jesús Aizpún, no. Incluso apoyó un manifiesto contra la Constitución que firmó junto a gentes tan diferentes como Patxi Zabaleta o Carlos Garaikoetxea. De hecho, el rechazo a esa disposición llevó a Aizpún a la fundación de un nuevo partido, UPN, seis días después de la entrada en vigor de la Constitución.

En la Navarra de la Transición vivían 484.000 personas. Pamplona y Tudela, como hoy eran las mayores poblaciones, pero las posiciones siguientes eran diferentes: Burlada era la tercera localidad, seguida de Estella y Ansoáin. Más de la mitad de los navarros vivían en la Merindad de Pamplona y seguía el éxodo rural, aunque su ritmo había bajado, según el censo referido a 1975. El salario mínimo era de 345 pesetas y la carestía de la vida preocupaba a los ciudadanos. A nivel nacional los precios crecieron de 1968 a 1976 un 142% aunque en Pamplona este ascenso había sido algo menor. En aquella sociedad el trabajo era un tema de hombres. Solo una de cada siete mujeres se había incorporado a la población activa. Fue en estos años cuando se abrió la Variante Oeste, hoy avenida de Navarra, no sin protestas de los vecinos de San Jorge, que cortaron el tráfico. Se estaba construyendo el segundo tramo de la autopista de Navarra, entre Tafalla y Tudela, y se había presentado un plan para construir otro tramo que uniría Irurtzun con Andoáin. No era la única previsión: un gasoducto iba a permitir que el gas natural llegara a Navarra en 1978, y se había presentado el proyecto de Canal de Navarra, que, según se publicó, estaría terminado en cinco años.