Diario de Navarra

Cada año se interponen en Navarra medidas judiciales a más de 200 menores de entre 14 y 18 años. La inmensa mayoría son varones que han cometido delitos leves, como hurtos o lesiones, a quienes se les imponen medidas en medio abierto, como prestaciones en beneficio de la comunidad, libertad vigilada o realización de tareas socioeducativas. Sobre el total, en torno al 5%-7% corresponde a menores migrantes no acompañados, aunque la cifra sube hasta el 15% si se analizan aquellos en régimen de internamiento. Estos datos salieron este viernes a la palestra en una jornada sobre justicia juvenil celebrada en Civican con motivo del 25 aniversario de la promulgación de la Ley orgánica que regula la responsabilidad penal de los menores (Ley 5/2000). Técnicos y expertos reivindicaron poder “intervenir desde recursos específicos” con estos perfiles en los que muchas veces se entremezclan situaciones de exclusión, problemas de salud mental y consumos, a la vez que pidieron no alimentar el mensaje de que existe con los menores migrantes “un problema general de seguridad” que los datos no refrendan. “Uno de los grandes retos que tenemos, cada vez de manera más acuciante, es abrir un centro sociosanitario para atender a menores con problemas de trastorno mental, que en Navarra no existe. Solo hay una unidad de hospitalización de agudos, pero no hay nada después”, explicó Carolina Izco Teré, técnica de Ejecución de Medidas Judiciales de la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia del Gobierno de Navarra. Del mismo, pidió abordar también los perfiles con discapacidad, “cada vez más numerosos”. “Terminamos pervirtiendo el sistema por el propio bien del menor, porque determinamos internamientos que no serían para atender desde justicia juvenil, sino desde otras partes del sistema”, sostuvo. PERFILES MÁS VIOLENTOS Un comisario de un cuerpo policial quiso intervenir desde el público para aportar su visión. “Hemos visto un cambio brutal en el perfil del menor y la ley no se adapta a ellos”, dijo, valorando el impacto que tiene “los niveles de violencia que se traen de países de origen”. “Yo sí veo más delincuencia agresiva protagonizada por menores extranjeros. También vemos unos consumos brutales y creo que no les hacemos ningún bien retardando el internamiento”, opinó. “Es evidente que la falta de integración genera conflictos y que algunos saltan al ámbito penal , pero extrapolar eso a un problema social grave creo que es demasiado. Los informes de la Fiscalía no reflejan esa criminalidad de los menores extranjeros no acompañados”, objetó Leticia Jericó Ojer, profesora titulada de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra. Legislar con datos Jericó alertó sobre la posibilidad de que se utilice el mensaje de que “todo menor extranjero es un potencial delincuente” para buscar un endurecimiento de la ley del menor, como ha ocurrido en el pasado. “Hay que legislar con datos oficiales y reforzar la evidencia empírica frente a la alarma social”. "Hay que prevenir desde la primera infancia" Dos investigadores de la UPNA, Sandra Siria Mendaza y Hodei Sarasa Camacho, han analizado la evolución del sistema de medidas judiciales impuestas a menores desde el año 2000, en una investigación que ha contado con el apoyo de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP). “No hemos hecho una investigación sobre delincuencia juvenil, sino sobre cómo se ha organizado el sistema en Navarra”, explicó Siria. Un sistema que “ha mejorado muchísimo” y que ha dejado atrás la “visión asistencialista” que arrastraban los tribunales tutelares. “Antes del año 2000 en España no había demasiada perspectiva de derechos de la infancia ni del interés superior del menor. La ley fue bastante revolucionaria en este sentido”, expuso. Así, la norma se alejaba del mero espíritu punitivo y apostaba por un planteamiento “reeducativo y de resocialización” de estos menores. “También tenían que asumir la responsabilidad, pero no se trata de castigar por castigar, sino de intentar que asuman lo que han hecho y de tratar de incidir en aquellos aspectos que han podido hacer que ese joven o esa joven termine cometiendo lo que es considerado un delito”, desarrolló. A juicio de la investigadora, el principal reto que asoma en este terreno es el de “la prevención”. “Pero no sólo de prevenir la reincidencia cuando ya han cometido un delito, sino desde el inicio, desde la primera infancia”. “Debemos atender a cuáles son los factores reales que hacen que se cometa un delito. Y no tiene que ver sólo con algo individual ni familiar, sino con algo contextual, de lo que todos también somos en alguna medida responsables”. "Un menor infractor es, ante todo, un menor en desarrollo y al que se le debe ofrecer una segunda oportunidad" Maite Arenaza, directora general de Justicia del Gobierno de Navarra, valoró el “cambio espectacular” que se ha vivido en estos 25 años. “Hasta el año 2000 se podía internar a un menor por vago o por desobediente”, recordó. La ley supuso no sólo un cambio jurídico, sino también de filosofía. “El objetivo fundamental dejó de ser el castigo y pasó a ser la reinserción del menor”. Para ello, las medidas deben ser “adaptadas y flexibles”, “como un traje a medida”, expuso Arenaza, que recordó que “un menor infractor es, ante todo, un menor en desarrollo y al que se le debe ofrecer una segunda oportunidad”.

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Cada año se interponen medidas judiciales a más de 200 menores en Navarra

La gran mayoría son varones que cometen delitos leves, y en torno al 5%-7% son menores migrantes no acompañados

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