El sistema de protección cuenta con distintos niveles de intervención. El primario recae en los servicios sociales de base, que son los que se encargan de las situaciones de riesgo de desprotección leve o moderada. La voz de alarma puede provenir de distintas instancias, como el centro de salud o el educativo. 

El nivel secundario, que recae sobre la Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANADP), aborda las situaciones de riesgo severo. Cuando los profesionales valoran que esos niños y niñas deben ser separados de sus familias, es cuando el Gobierno pone a disposición sus centros de observación y acogida (COA). A estos centros acceden también los menores migrantes no acompañados, un flujo de llegadas que comenzó en 2018 y que ha ido en aumento. 

Aunque el sistema es común para todos, sí existen en estos momentos COA específicos para migrantes. Son tres, en Marcilla, Pamplona y comarca. Los dos últimos se abrieron este mismo año. Para el resto de menores hay otros seis COA, cuatro para menores de 14 años.

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 Ya sea un menor local o migrante, durante su estancia en los COA (que habitualmente no se prolonga más de 6 meses) se hace una valoración para determinar las necesidades. Paralelamente (en los casos en que sea posible) se trabaja también con la familia, porque siempre se intenta facilitar el retorno. Si se determina que esto no es viable, se prioriza que ese menor pase a una familia de acogida. Si no es posible, pasa a acogimiento residencial, en pisos o casas de entre 8 y 9 plazas. Hay 22 repartidos por todo Navarra, 182 plazas en total, y no hay centros específicos para migrantes. Sí hay recursos especializados para menores con dificultades específicas.