En el juicio por la muerte de una presa en la cárcel de Pamplona hay dos acusaciones particulares: una por la pareja de la víctima y otra por su madre e hija. Ambas apuntan a la responsabilidad civil del Estado, concretamente de Instituciones Penitenciarias, por no haber “adoptado las medidas necesarias para evitar la situación de riesgo” que derivó en la muerte de la interna. El abogado de la pareja resaltó que la víctima fue “cruel y vilmente asesinada” y que la actuación del centro penitenciario fue negligente. “Tenía que haber velado por la seguridad de las internas y no lo hizo”. El letrado de madre e hija subrayó que Margarita Munilla “ya había manifestado que quería ser relevada como presa de apoyo”, y que esa misma tarde presentó la instancia. “Cuando se obliga a ser interna de apoyo se está delegando una función pública en una particular”. Al respecto, el abogado del Estado no se pronunció ayer, pues la responsabilidad civil del caso no corresponde al jurado popular.

La fiscal solo responsabiliza de lo ocurrido a la interna acusada. En su presentación al jurado, destacó que la víctima era una interna que “no daba problemas” en prisión, a la que le gustaba escribir cartas y que esperaba un permiso para salir. “Tenía ilusión”. Por todo esto fue elegida como presa de apoyo a la acusada, que había tenido un intento de suicidio. “Pero Margarita no estaba contenta y pidió darse de baja. Esa noche, la acusada la abordó por detrás de forma sorpresiva y le comprimió cuello, boca y nariz hasta que murió. No pudo defenderse”, relató. La fiscal descartó que la muerte se produjera de otra manera. “La defensa dirá que Margarita tenía problemas de diabetes y hablará de consumo de tóxicos. Pero no hay prueba alguna de una muerte accidental, por consumos o natural. Murió por estrangulamiento. Y en la celda no había nadie más”.

LA DEFENSA CRITICA LA INVESTIGACIÓN

“Los hechos no son tan sencillos, hay dudas”, planteó el abogado de la defensa. Criticó la investigación policial, que a su juicio fue “desastrosa”. Detalló al respecto que los funcionarios sacaron a la víctima de la celda, pensando que había sufrido una sobredosis y que le paramédico tardó 30/40 minutos. Además, pusieron a otra interna con la acusada en la celda, y ambas estuvieron así tres horas. “Cuando llegó la policía científica, poca prueba había que recabar”. El abogado reclamó, en caso de condena, la eximente de enajenación. Explicó que su defendida nunca ha sido explorada por un psiquiatra, por lo que alegó indefensión, y que días antes de los hechos la psicóloga del centro alertó de que podía hacer daño a terceros, pues pasaba rápidamente “de la angustia y el llanto a ponerse agresiva”.