Diario de Navarra

“Cualquier documentación relacionada con la presente comisión de investigación fue intervenida por la UCO durante la diligencia de entrada y registro practicada en Servinabar el 10 de junio de 2025”. Así es como Antton Alonso Egurrola, propietario de Servinabar, se ha despachado el requerimiento del Parlamento de Navarra para que le aportara información en el marco de la comisión de investigación. No es el único. Entre las muchas instituciones, organismos y empresas a las que la comisión parlamentaria navarra ha solicitado información ha habido otros sonados portazos, algunos bastante previsibles, como el del Tribunal Supremo, a cuyo juez Leopoldo Puente se le solicitó la información referente a Navarra en el marco de la causa que investiga con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García como protagonistas. Es el propio Leopoldo Puente quien en una providencia de fecha de 3 de septiembre se ve obligado a explicar que “no ha lugar a remitir dicha documentación” por formar parte de una causa especial “en fase de instrucción”. Recuerda que de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento Criminal las diligencias del sumario son “reservadas” de modo que las mismas, aunque no se haya declarado el decreto de sumario, no tienen carácter público en aras al derecho a la protección de los investigados. Por si fuera poco, recuerda que la autoridad o funcionario público que revelara indebidamente su contenido “podría incurrir en la comisión de un hecho delictivo”. En la misma línea, incluso con argumentación más profusa, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional acuerda no atender la petición del presidente del Parlamento de Navarra sobre los hechos investigados. "LO PUEDEN RECABAR DE GEOALCALI Y ACCIONA" Antton Alonso, quien firma la respuesta de Servinabar al requerimiento del Parlamento de Navarra, se ve obligado también a precisar que su empresa se constituyó en septiembre de 2015, ya que la solicitud le pedía documentación del marco temporal 2011-2025. Asimismo excusa que la mayor parte de la documentación solicitada “no existe porque no hay disposición legal alguna que exija su elaboración”. Finalmente, Alonso responde que dado que el requerimiento “solicita determinada documentación sobre la relación de Servinabar con distintas entidades y organismos (tales como Geoalcali, S.L.), esta podría recabarse de dichas entidades”. Y añade: “por otro lado, la documentación contable de Servinabar es pública y puede consultarse en el Registro Mercantil por cualquier persona u organismo con interés legítimo”. VIZCAYA Y GUIPÚZCOA NO INFORMAN POR AHORA DE ALONSO Y LA COOPERATIVA NORANLa información económica y fiscal que las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya puedan tener sobre Antton Alonso y la cooperativa Noran, constituida en 2015 por el empresario vasco y Koldo García, son una pieza clave para la investigación de la trama de corrupción en la adjudicación de obra pública. Así lo entiende también el Parlamento de Navarra, que ha hecho sendos requerimientos a ambas diputaciones para que remitan información a su comisión de investigación. Ambas instituciones han excusado por el momento ofrecerla, aunque en el caso de la Diputación de Guipúzcoa lo que ha hecho es solicitar al legislativo navarro una mayor justificación de esa solicitud de información.LAS OPERACIONES DE NORANEn el caso de la Diputación de Guipúzcoa, se le solicita copia de la Declaración Anual de Operaciones con terceros presentadas por Noran Cooperativa entre los años 2015 y 2025. Hay que recordar que de acuerdo a la información de la Hacienda Navarra desde , Servinabar se transfirieron hasta 732.000 euros a la cooperativa Noran entre los años 2016 y 2024. Dicha cooperativa se constituyó con el objeto social de la compraventa de bienes inmobiliarios si bien su creación coincide en el tiempo con el inicio de la tramitación administrativa de las concesiones de la explotación minera (Geoalcali) y de la cooperación entre Servinabar y Acciona.La Diputación de Guipúzcoa, en base a la normativa General tributaria de este territorio histórico le recuerda al Parlamento foral los límites existentes para la aportación de información a las comisiones parlamentarias de investigación. En todo caso le ha requerido que, por una parte, precise la relación existente entre el obligado tributario cuya información ha sido solicitada con el objeto de la investigación, y por otra, se explicite que sin los datos solicitados no sería posible que esa comisión cumpliese la función para la que ha sido creada. No cierra pues la puerta a que se remita dicha información.En parecidos términos se expresa la Diputación de Vizcaya, a la que desde Navarra se le ha reclamado una copia de las declaraciones de la renta presentadas por Antton Alonso Egurrola entre los años 2011 y 2024.Según argumenta, de los datos facilitados por el Parlamento de Navarra “no se deduce que la persona en relación con la cual se solicita la información de carácter tributario, Antxon Alonso Egurrola", se encuentre en ninguno de los supuestos en los que la normativa tributaria le permite la excepción de facilitarlos. “En estas condiciones, la Hacienda Foral de Bizkaia no puede acceder a suministrar la información requerida” se señala no sin quedar a disposición del Parlamento de Navarra. EN GEOALCALI NO CONSTAN REGISTROS DE SUS REUNIONES CON EL GOBIERNOEn su respuesta al Parlamento, desde Geoalcali se afirma que la empresa no conserva registros detallados de las reuniones con el Gobierno de Navarra ya que en aquellas gestiones la interlocución se realizaba con los responsables de ese momento, “quienes actualmente ya no forman parte de la plantilla de Geoalcali ni mantienen ningún vínculo profesional con la empresa”.No obstante Geoalcali ha hecho una reconstrucción “aproximada” de lo acontecido. Es de suponer que se realizaron presentaciones del proyecto de carácter institucional a altos miembros del Gobierno y de partidos políticos en nombre de la empresa con el objetivo de darlo a conocer, entonces en fase inicial de desarrollo. Geoalcali precisa que la empresa dejó de contar con los servicios de Servinabar en 2020 y que, antes de ello, y a medida que se consolidaba el equipo interno de relaciones institucionales, fue disminuyendo progresivamente la necesidad de recurrir al apoyo externo en labores de presentación del proyecto, que en 2015 resultaban especialmente relevantes al tratarse de una iniciativa entonces aún desconocida.A partir del 2020, sin vinculación con Servinabar se han seguido manteniendo reuniones institucionales de Geoalcali con altos cargos del gobierno, así como con representantes públicos. En cuanto a los servicios pagados a Servinabar reconoce una factura de 354.091 euros por el asesoramiento y comunicación institucional, así como por distintos trabajos como estudio de voladuras, gestión de residuos salinos y otros realizados en UTE con Acciona.

Diario de Navarra

Servinabar se excusa ante el Parlamento de Navarra por no remitirle la documentación que le pide: "La intervino la UCO"

Además de Servinabar, la comisión de investigación se ha topado con negativas como la del Supremo y las de las diputaciones de Guipúzcoa y Vizcaya

Comentarios

Cultura reúne a diez expertos en un ciclo sobre las claves del arte contemporáneo en Navarra

Navarra registró en abril 54 accidentes de tráfico con víctimas, un 19,4% menos que hace un año

Protagonistas navarros en la Final a 4 de la 'Champions'

Cambios en las villavesas este domingo por la celebración de la Media maratón Ciudad de Pamplona

Iñigo Pérez hace historia y se convierte en el primer entrenador navarro en una final europea