Las familias adjudicatarias de las 46 viviendas de alquiler social que construyeron Acciona y Servinabar en la ripa de Beloso (Pamplona) llevan seis meses esperando para poder entrar a vivir a pesar de que las obras terminaron en marzo. El motivo es que las cortinas exteriores que colocó la adjudicataria no son 100% opacas e incumplen la normativa, lo que impide que los pisos obtengan la cédula de habitabilidad y la calificación definitiva de vivienda protegida. Así lo desveló este jueves Juan Luis Sánchez de Muniáin (UPN) en una pregunta parlamentaria a la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro. Esta culpó de la situación a la “prensa de la ultraderecha” por sus informaciones sobre Servinabar y confió en que antes de fin de año se resuelva el problema y los adjudicatarios puedan entrar a vivir.

El error de las cortinas se suma a la lista de “ilegalidades” -según UPN- o “irregularidades” -según el Gobierno foral- detectadas por la Oficina Anticorrupción de Navarra y por la auditoría externa en su análisis sobre esta promoción adjudicada por Nasuvinsa en 2022 a la UTE Acciona-Servinabar por 7,81 millones. Con un retraso de 43 días -una falta muy grave que de momento no ha sido sancionada-, la dirección de obra certificó el 5 de febrero el fin de los trabajos. El 7 de marzo se firmó el acta de recepción con un listado deficiencias para subsanar, en el que no figuraban las cortinas. Ese mismo mes, el departamento de Vivienda inició el proceso de adjudicación de las viviendas tirando del censo de demandantes de alquiler social. El 11 de abril, Begoña Alfaro y responsables de Nasuvinsa visitaron los pisos. Se hizo nota de prensa de ello.

No fue hasta el 16 de abril cuando el Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra advirtió de que las cortinas colocadas por la empresa adjudicataria eran translúcidas cuando el proyecto establecía que debían ser 100% opacas, tal como dice el Decreto Foral 142/2004 que regula las condiciones mínimas de habitabilidad de las viviendas en Navarra. El departamento notificó que debía realizarse la sustitución de las cortinas exteriores para poder otorgar la calificación definitiva de vivienda protegida.

¿Cual es el motivo por el que en cinco meses no ha sido posible colocar las nuevas cortinas? El 10 de junio, Nasuvinsa adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la retirada de las cortinas translúcidas y la colocación de las nuevas por 72.497 euros. Esta adjudicación se hizo por el procedimiento negociado sin convocatoria de licitación. El informe técnico justificó el encargo directo a la adjudicataria “para evitar incompatibilidades o problemas de utilización y mantenimiento” y evitar responsabilidades a terceros “por posibles afectaciones al inmueble con motivo de la instalación y colocación de las cortinas”. El precio de adjudicación fue de 72.497 euros.

Sin embargo, un mes más tarde, el 10 de julio, se publicó otro anuncio de licitación para la instalación de las citadas cortinas, esta vez, mediante procedimiento abierto. Se presentaron dos ofertas y el 20 de agosto se adjudicó a una empresa textil de Córdoba por 58.997 euros, lo que supone un ahorro de 13.500 euros.

Sánchez de Muniáin preguntó este jueves a la consejera el motivo por el que Nasuvinsa anuló la adjudicación a Acciona-Servinabar y publicó otra licitación. Alfaro explicó que la ley foral contempla que se contraten trabajos complementarios a la propia adjudicataria. “Pero en las semanas siguientes, la prensa de ultraderecha publicó que se había vuelto a dar un contrato a la UTE de Acciona-Servinabar, algo radicalmente falso. Por eso se volvió a sacar a licitación esas cortinas. Así que gracias a ustedes y a la prensa de ultraderecha, esos inquilinos no pueden entrar en sus viviendas”, argumentó la consejera.

UPN denuncia que se hayan adjudicado las viviendas a sus inquilinos sin tener la cédula de habitabilidad ni la calificación definitiva de VPO. “Es una ilegalidad más. ¿Tampoco va a haber dimisiones por esto?”, preguntó Sánchez de Muniáin, sin obtener respuesta.