Diario de Navarra

Hace diez años, en la campaña de las elecciones de 2015, el cabeza de lista de EH Bildu al Parlamento, Adolfo Araiz, anunció la propuesta de crear una Oficina Anticorrupción para “mirar en los cajones de lo que quede del Gobierno” de Yolanda Barcina “y sacudir las alfombras” para conocer lo que ha ocurrido durante los años en los que había gobernado UPN. En esa cita con las urnas se produjo un relevo en el Palacio de Navarra, con la salida de los regionalistas y la llegada del Gobierno de Uxue Barkos sustentado en Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra (IU y Batzarre), el cuatripartito. Ese Gobierno anunció que crearía la oficina para auditar y revisar las inversiones y proyectos más relevantes impulsados por UPN. Lo haría uno de los departamentos que estaban en manos de Bildu: Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia de la consejera Mª José Beaumont, cuya directora general de Presidencia era Edurne Eginoa, actual responsable de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. Designaron a una persona con el propósito de que trabajara en “un despacho y a puerta cerrada” en esa revisión y en poner en marcha esa oficina. NO ENCONTRARON NADA EN CONTRA DE UPN En mayo de 2018, con el apoyo del cuatripartito y el PSN y la abstención de UPN y el PP, el Parlamento aprobó la ley que regulaba la Oficina Anticorrupción. El 26 de julio de 2018, este periódico preguntó en una rueda de prensa a Beaumont el balance de esa revisión que habían realizado de la gestión de anteriores gobiernos de UPN. La consejera reconoció que no habían encontrado irregularidad alguna ni “ninguna posible ilegalidad”. Solo algún caso de “mala gestión”. BILDU EXIGE Y PACTA CON PSN IMPULSAR LA OFICINA Al final de la legislatura de Barkos hubo un intento fallido de nombrar a la letrada Isabel Urzainqui para dirigir y poner en marcha la Oficina Anticorrupción. Necesitaba mayoría absoluta (el apoyo de 26 de los 50 parlamentarios), pero en la votación secreta dos papeletas del cuatripartito fueron en blanco: 24 votos a favor y 26 abstenciones. No obstante, EH Bildu siguió peleando en la primera legislatura de María Chivite (2019-2023) por esta oficina y la exigió al PSN en varios acuerdos presupuestarios. Finalmente, PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos propusieron que su primera directora fuera Edurne Eginoa Antxo (Pamplona, 1971), secretaria de los ayuntamientos de Orbaizeta y Orbara. El 26 de mayo de 2022 fue elegida para un mandato de seis años con 29 votos a favor (PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos) y 21 en blanco de Navarra Suma (UPN, PP y Ciudadanos) e I-E. CUESTIONADA HOY POR QUIENES LA APOYARON La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), que está en un piso de la Avenida de Bayona que pertenece al Gobierno, tuvo entre sus primeras denuncias las posibles irregularidades en el proceso de adjudicación de las obras del túnel de Belate y luego la posterior represalia que sufrió el secretario de la mesa de contratación, letrado que había presentado la denuncia. Esta semana, la OANA ha dado a conocer los cuatro informes que ha realizado a petición de la presidenta María Chivite sobre Belate y otras tres adjudicaciones a empresas como Servinabar y Acciona, investigadas en la presunta trama de corrupción del ‘caso Cerdán’. Sus demoledoras conclusiones afectan a responsables del Gobierno del PSN y de Geroa Bai. La portavoz del Ejecutivo, Amparo López, infravaloraba el miércoles a la OANA frente a la “trayectoria histórica” de Comptos, afirmando que es “una oficina”. “Ni más ni menos”. Después de que Oskar Matute, diputado de EH Bildu, dijera (según él era una ironía) que su grupo controlaba la Oficina, la portavoz se negó a responder si creía que eso era así. Geroa Bai ha cuestionado su independencia. Por el contrario, quien ha negado las palabras de Bildu y ha defendido que la OANA es independiente ha sido UPN a través de su diputado Alberto Catalán. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (oana)Estas son algunas de las resoluciones e informes de la OANA:Propone sancionar al consejero Óscar Chivite por falta grave. En octubre de 2024 resuelve que incumplió la ley de Incompatibilidades, ya que durante los primeros días al frente del departamento de Cohesión Territorial del Gobierno siguió siendo administrador de una sociedad mercantil. La sanción era la publicación de ese incumplimiento en el Boletín Oficial de Navarra.Impide la "represalia" contra el letrado que denunció en la Oficina las irregularidades en Belate. El que fue secretario en la mesa de contratación obtuvo en un concurso de traslado una plaza ubicada en la sede de Cohesión Territorial, en la avenida de San Ignacio de Pamplona. Días antes de tomar posesión le informaron que la plaza se reubicaba en Landaben. La OANA dictó que era un acto de represalia y Obras Públicas anuló el traslado.'CASO CERDÁN'A petición de la presidenta María Chivite analizó adjudicaciones a empresas investigadas en relación a la presunta trama como son Servinabar y Acciona:1. Adjudicación de Belate. Considera que debió ser “nula de pleno derecho”, porque la mesa de contratación no formalizó sus acuerdos como regula la norma y, como indicó Comptos, su presidente puntuó tras conocer otras puntuaciones.2 y 3. Dos adjudicaciones de VPO en Erripagaña. Concluye que Nasuvinsa “ignoró los principios elementales de la contratación pública y el procedimiento administrativo”, por lo que ambos procedimientos se podrían considerar nulos.4. Colegio público de Arbizu. No aprecia que la adjudicación haya provocado “perjuicio económico” a la Administración foral, pero advierte de varias irregularidades en el proceso.

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La historia de la Oficina Anticorrupción de Navarra

Hace diez años, los políticos navarros considerarían “ciencia ficción” lo ocurrido esta semana: UPN defendiendo que la Oficina Anticorrupción es independiente de Bildu y Geroa Bai, cuestionándolo

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