El Defensor del Pueblo emitió el lunes 21 de julio una resolución en la que recomienda al Ayuntamiento de Pamplona revocar la ampliación del plazo para resolver las solicitudes de empadronamiento de personas sin hogar o en situación de vulnerabilidad. El organismo insta al Consistorio a resolver estos expedientes en el plazo ordinario de 3 meses y a dejar sin efecto la prórroga hasta los 6 meses, aprobada por el Ayuntamiento “ante el enorme incremento en el número de solicitudes de empadronamiento social recibidas en el Área de Acción Social y la imposibilidad de destinar más personal”. Aunque Pamplona considera justificada la medida y se acoge al artículo 23 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que permite de forma excepcional alargar el plazo siempre y cuando “se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles para su resolución”, el Defensor valora que no se cumplen los requisitos. “No basta con invocar la carencia de medios suficientes o su agotamiento de forma genérica, sino que habría que explicar qué medidas se han adoptado para procurar subsanar tal carencia”, argumenta. Por ello, “y en la medida en que pueda ser desfavorable para las personas afectadas”, pide revocar y dejar sin efectos la ampliación de plazos acordada. Además, recuerda al Ayuntamiento de Pamplona que debe informar en el plazo máximo de dos meses de si acepta esta recomendación.

QUEJA DE APOYO MUTUO

La resolución del Defensor del Pueblo tiene como origen una queja de la asociación Apoyo Mutuo, que lleva desde febrero de 2024 prestando labores de asistencia a personas vulnerables a la hora de tramitar las solicitudes de empadronamiento ante el Ayuntamiento de Pamplona. En este tiempo, “se han detectado diversas dificultades y una notable falta de colaboración por parte del Ayuntamiento”, sostiene la entidad. “Entre otras cuestiones, se ha observado una demora sistemática en la tramitación de los expedientes, lo que impide a estas personas acceder en tiempo y forma a los derechos y servicios vinculados al empadronamiento, tales como la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales o el acceso a ayudas y recursos básicos”, cita en su escrito Apoyo Mutuo. La asociación, que calcula que esta ampliación del plazo a 6 meses ha podido perjudicar a unas 70 personas por el momento, también ha denunciado públicamente que el Ayuntamiento de Pamplona ha dictado cinco resoluciones denegando el padrón por no haberse podido constatar que la persona interesada reside en el municipio de manera habitual en situación de calle. “Es el ayuntamiento quien tiene la obligación legal y los medios personales y materiales para comprobar que residen habitualmente en el municipio”, objetan.