“En la comunidad con mayor calidad de vida de todo el Estado no podemos permitir que haya gente durmiendo en la calle, sin alimento, sin educación o sin atención sanitaria”. El Defensor del Pueblo de Navarra Patxi Vera ha aludido este miércoles, entre otros, a los jóvenes del COA de Marcilla para situar la “integración, por derechos humanos y por humanidad”, como el reto “más urgente” que tiene pendiente la sociedad navarra en el corto plazo. “Hasta quien considere que esto es solo buenismo, debería apoyarlo, aunque solo fuera por interés, porque la población navarra está enormemente envejecida. Nos necesitamos mutuamente”, ha advertido. Aprovechando el altavoz que le ha brindado la celebración del 25 aniversario de la ley que dio lugar a esta institución, no se ha olvidado de citar el otro gran reto, el de la vivienda, solicitando al igual que hizo su predecesor, “un plan de choque”.

El acto, encabezado por la presidenta de Navarra, María Chivite, y el presidente del Parlamento foral, Unai Hualde, ha reunido en el atrio del Parlamento a más de 150 personas con presencia de los principales representantes del ámbito político, institucional y social de la comunidad y, también, de varios defensores del pueblo: Esther Giménez (Cataluña), Inés Ibáñez (adjunta del Ararteko- defensor del País Vasco), Jesús Maeztu (Andalucía), Ángel Luna (Valencia), Alicia Carpintero (adjunta del Procurador del Común de Castilla y León) y el ex Ararteko Manuel Lezertua.

Vera ha protagonizado un diálogo con Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, que ha compartido gran parte de sus propuestas y planteamientos matizando que la palabra “integración” a él le resulta insuficiente y prefiere hablar de “incorporación” porque, en su opinión, es lo que implica la “inclusión activa de todas las personas en la sociedad”. Ha defendido que muchas de las dificultades actuales provienen, paradójicamente, de los logrados alcanzados por la propia sociedad del bienestar y tras recordar que cada avance social viene acompañado de nuevas exigencias que deben ser atendidas “con responsabilidad” ha lamentado que algunas de las leyes aprobadas no se desarrollen plenamente al carecer de presupuesto o de reglamentos que las hagan efectivas.

Tras la interpretación del himno de Navarra por el cuarteto de Sinfonía Navarra, el acto ha arrancado con la intervención del presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, quien tras elogiar el papel del Defensor del Pueblo como instrumento clave de supervisión de la administración, ha aludido a la actualidad política “monopolizada por noticias sobre la mala praxis o corrupción de personas de personas aisladas” para a renglón seguido apostillar que esos “casos aislados y amplificados no deben emborronar la buena política”.

María Jesús Aranda y Francisco Javier Enériz, predecesores del actual Defensor del Pueblo, han recordado los principales hitos de la institución que a lo largo de sus 25 años de trayectoria ha atendido a más de 146.000 personas. El trabajo del Defensor del Pueblo de Navarra se inició con Aranda teniendo que elaborar, como ella misma ha contado este jueves, “prácticamente a mano” el primer presupuesto de la institución, que nada más constituirse ya tenía 40 quejas sobre la mesa. Unos inicios “duros y apasionantes” donde los principios de “imparcialidad, objetividad, eficacia, sencillez, gratuidad y confidencialidad” marcaron su trabajo. A Francisco Javier Enériz explicó que accedió al cargo en 2007, le toco defender la institución cuando se proponía su supresión.

“En la oficina del Defensor del Pueblo los ciudadanos tienen las puertas abiertas y no se exige cita previa”. Patxi Vera, en el cargo desde marzo de 2022, ha asegurado este miércoles que a lo largo de estos meses el trabajo ha ido en aumento. Ha destacado que de la mano de su equipo han visitado cerca de 80 entidades sociales y que el año pasado las administraciones aceptaron sus recomendaciones en 600 casos. “En la ciudadanía somos más conocidos y notamos una mayor confianza. Para las instituciones somos incómodos pero es nuestra labor. Nacimos para serlo, pero las administraciones respetan la institución y todavía no hemos tenido que poner ninguna multa coercitiva”, ha valorado.

La presidenta María Chivite ha hablado este miércoles de “fariseísmo político” en pleno terremoto por las revelaciones de presunta corrupción que afectan a su partido. Ha sido durante su intervención en la clausura del acto que se ha celebrado en el atrio del Parlamento para conmemorar el 25 aniversario de la ley que dio origen al Defensor del Pueblo de Navarra-Nafarroako Arartekoa. Ha evitado referirse a la actualidad política -tampoco ha realizado declaraciones a los medios al llegar al Parlamento- y ha defendido los “frenos y contrapesos propios de una democracia equilibrada”. Apenas cuatro minutos de intervención para poner en valor la “labor fiscalizadora” que el Defensor del Pueblo realiza sobre los diferentes niveles de las administraciones públicas y permite a la ciudadanía sentirse “protegida de manera reforzada”.