'Caso Cerdán' en Navarra
El juez insiste en que Cerdán pudo cobrar a cambio de adjudicaciones públicas irregulares
Imputa al exdiputado socialista y a cinco empresarios, entre ellos Antxon Alonso (Servinabar 2000) y Fernando Merino (Acciona)
Publicado el 21/06/2025 a las 05:00
La intensidad de la investigación de la supuesta trama de cobro de mordidas en torno a Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García no da tregua. Este viernes, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó una batería de pruebas que, además de tener el impacto simbólico de la entrada de los agentes de la UCO en la sede de Ferraz, cierra aún más el foco sobre la figura del exdiputado por Navarra: dictó su imputación forma y ordenó investigar todas sus cuentas y bienes, así como su correo electrónico. Para el magistrado, el informe de la Guardia Civil del 5 de junio pone de manifiesto “consistentes indicios” de que Cerdán, actuando con los otros investigados, “pudo haber participado en la percepción de premios económicos a cambio de concesiones irregulares de obra pública”, una actividad delictiva en la que Cerdán pudo ser el encargado de “distribuir las cantidades recaudadas entre los diferentes partícipes”.
El hasta hace una semana número 3 del PSOE deberá responder sobre todos estos indicios (hasta ahora ha negado cualquier ilegalidad) el próximo 30 de junio. Su declaración estaba prevista para el día 25, pero el nuevo abogado del socialista pidió un aplazamiento para poder estudiar una causa tan voluminosa. El magistrado le concede cinco días más con el fin de que pueda “desarrollar su defensa eficazmente”.
Días después, el 4 y el 7 de julio, declararán cinco empresarios que pudieron verse beneficiados por esas supuestas adjudicaciones irregulares, tal y como señaló la UCO en su informe. También lo harán en calidad de investigados. Entre ellos figuran dos vinculados a Navarra: Antxon Alonso, de Servinabar 2000, y Fernando Merino, director de Acciona para Navarra y La Rioja hasta 2021. Según el auto del magistrado, estos dos empresarios y los otros tres “habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de sus mercantiles de concretas obras públicas a cambio de precio”. Concretamente, el pago de cantidades a los políticos investigados. Del mismo modo, pide a los agentes de la UCO que elaboren un informe acerca de posibles hallazgos en las cuentas de los empresarios y sus mercantiles en relación a la dinámica que se investiga.
ACCIONA Y SERVINABAR 2000
Antxon Alonso es propietario de la controvertida Servinabar 2000, y juega un papel constante a través de los años investigados: ya en 2015 constituyó una cooperativa con Koldo García, la Guardia Civil ha encontrado un documento privado en el que el empresario transfiere a Cerdán el 45% de la empresa en 2016, Servinabar ha participado como UTE con Acciona en algunas adjudicaciones investigadas, y el nombre de Antxon, con el apelativo de “guipuchi”, figura en varias conversaciones grabadas por Koldo con Cerdán y Ábalos, algunas de ellas de 2022 y 2023. Los investigadores también resaltan una transferencia de 4.500 euros de Servinabar 2000 a Fiadelso, la fundación de Ábalos. Antxon Alonso tendrá que declarar el día de San Fermín a las once de la mañana.
Una hora antes lo hará Fernando Merino, el exdirectivo de Acciona. Relacionado con Antxon, Koldo y Cerdán desde 2015, el informe de la Guardia Civil lo ubica en varias de las adjudicaciones investigadas, tanto dentro como fuera de la Comunidad foral, de las que constan conversaciones con Koldo. Además, la UCO descubrió pagos regulares de Acciona al entorno de Koldo a través del bar Franky de Pamplona mediante e facturas ficticias.
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Cerdán pide el documento de Servinabar para cotejarlo en una notaría
La defensa de Santos Cerdán pidió al Tribunal Supremo que requiriera a la Guardia Civil para que aportara “inmediatamente” el original del documento privado de compraventa de 2016 que fue intervenido en casa de Antxon Alonso y por el cual el dueño de Servinabar 2000 transfería el 45% de las participaciones sociales a Cerdán. El abogado del socialista lo solicitaba para “acudir a la notaría pertinente a cotejarlo y poder declarar sobre el mismo”. El magistrado del Tribunal Supremo ha rechazado esta celeridad.
En su auto de este viernes, resalta por un lado que Cerdán dispone de su derecho a no declarar durante todo el procedimiento, pero analiza el motivo esgrimido por la defensa de Cerdán y concluye que “mal podría cotejarse notarialmente un documento privado”. No obstante, pide a la UCO de la Guardia Civil que aporte con urgencia, y siempre antes de la declaración del exdiputado, una copia de ese contrato, una de las pruebas más trascendentales del caso. Cerdán ha negado ser socio de la empresa Servinabar 200.
La acusación popular también reclamó que los agentes de la Guardia Civil practicaran un registro en el domicilio personal y despacho profesional de Santos Cerdán, para evitar una posible destrucción de pruebas. El magistrado ha desestimado esta petición, al considerar que estas diligencias, que suponen una limitación en los derechos del investigado, “no se consideran útiles en estos momentos”. Al respecto, el auto del Supremo sostiene que el riesgo de destrucción de pruebas no se evitaría con estos registros, puesto que el investigado ha tenido ya varios días atrás conocimiento de la investigación desarrollada.
