La Cámara de Comptos no es la única que ha alzado la voz contra la proliferación de subvenciones nominativas en los presupuestos generales de Navarra. La Intervención Delegada, que vela por la legalidad de los expedientes de gasto de la administración, también ha expresado sus “reparos” a decenas de subvenciones que los departamentos de Derechos Sociales y de Cohesión Territorial han otorgado a dedo a ayuntamientos y entidades públicas y privadas. Concluyen que las subvenciones deben estar justificadas por su urgencia y excepcionalidad o bien responder a una planificación. En caso contrario, pueden provocar “desequilibrios territoriales” e incumplir el principio constitucional de igualdad de trato. Incluso podría llegar a darse una “desviación de poder”.

Los expedientes que han estado bajo lupa son, por un lado medio centenar de subvenciones de 2022 a 2025 para inversiones en servicios sociales, principalmente obras de mejora de centros de día y residencias de mayores. Y por otro lado, más de un centenar de ayudas a municipios tramitadas por la dirección general de Administración Local de 2022 a 2024. Pavimentación de calles, renovación de alumbrado, parques infantiles, pérgolas, salas multiusos o arreglo de caminos son los principales destinos.

Se trata de partidas fruto de la negociación política de los grupos parlamentarios y que en ocasiones se convierte en moneda de cambio para el apoyo a los presupuestos. Cuando llega la inauguración, estos cargos públicos añaden la coletilla “gracias a una enmienda de nuestro grupo”.

Cada una de estas subvenciones ha recibido un informe de fiscalización, en unos casos de reparo suspensivo y en otros no suspensivo. Así, estas advertencias de los interventores delegados han generado una controversia jurídica con el personal técnico (letrados) de los departamentos de Derechos Sociales y Cohesión Territorial. Sus letrados defienden que el Parlamento tiene potestad para incluir partidas nominativas en los presupuestos y la Administración está en la obligación abonar estas subvenciones. Todos los reparos suspensivos formulados han sido levantados por el director general de Intervención, Juan José Pérez Capapay, al dar la razón a los servicios jurídicos de los departamentos.

La interventora delegada de Derecho Sociales lleva desde 2022 emitiendo reparos suspensivos contra subvenciones de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de Personas. Argumenta que el departamento sólo puede financiar inversiones que estén contempladas en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, tal como recoge su ley foral. Esta planificación tiene como objeto “evitar desequilibrios territoriales”. Las subvenciones nominativas no están incluidas en dicho plan y por tanto no son financiables, argumenta. El interventor general, sin embargo, defiende que este “defecto” se subsana con su inclusión posterior en dicho plan.

En caso de las subvenciones de la dirección general de Administración Local, el interventor de Cohesión Territorial se remite a los reparos suspensivos emitidos en 2022 y 2023 por esta cuestión. Hace referencia a sentencias del Tribunal Constitucional que valoran la “desviación de poder” en casos similares. Este interventor recuerda que la misma Intervención General recomendó que exista una memoria en los presupuestos de Navarra “que justifique el trato desigual de los beneficiarios de las subvenciones nominativas”.

Los reparos suspensivos de 2022 y 2023 contra las subvenciones a dedo fueron levantados por el interventor general. Sin embargo, el interventor delegado vuele en 2024 a dejar constancia de su discrepancia, esta vez con un reparo no suspensivo. “Se está incumpliendo el artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el principio constitucional de igualdad de trato al beneficiar al ente local en perjuicio del resto de entes locales, ya que se financian inversiones comunes, no singulares ni urgentes, que deben ser objeto de una convocatoria de concurrencia competitiva entre todos los entes locales de Navarra”, afirma.

Este interventor cita el informe de 2023 de la Cámara de Comptos, que aboga por sustituir las subvenciones a dedo por convocatorias “respetando los principios de objetividad, igualdad, publicidad y concurrencia”. Es más, el interventor afirma que estas subvenciones serían susceptibles de financiarse desde el Fondo de las Haciendas Locales.

El reparo no suspensivo es respondido por el director general de Administración Local, Jesús Rodríguez, que defiende que las subvenciones a los ayuntamientos están motivadas y se ajustan a la Ley Foral de Subvenciones. En cuanto al informe de la Cámara de Comptos, Jesús Rodríguez afirma que se trata “únicamente de recomendaciones al Parlamento de Navarra, que este puede aceptar o no”.

EL INTERVENTOR GENERAL LEVANTA CASI TODOS LOS REPAROS SUSPENSIVOS

Desde el inicio de la legislatura en junio de 2023, el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra ha publicado 37 informes de fiscalización con reparo suspensivo, es decir, que los interventores delegados proponen la paralización de distintas iniciativas del Gobierno de Navarra al detectar posibles salvedades o irregularidades. Sin embargo, su jefe, el director general de Intervención, Juan José Pérez Capapay, sólo ha aceptado uno de ellos. En los 36 restantes ha levantado el reparo al dar la razón a la unidad gestora, esto es, al responsable de la Administración que tramitó el expediente. Como si de una partida de pimpón se tratara, el expediente retoma su tramitación limpio.

Estos datos suponen un cambio de tendencia respecto a la legislatura anterior, donde existía una mayor sintonía entre el interventor general y los interventores delegados -hay uno por cada departamento del Gobierno de Navarra-. En la primera legislatura de María Chivite, la Intervención General confirmó 12 reparos suspensivos, paralizando los expedientes que tramitaban distintos departamentos. Sin embargo, estos reparos suspensivos también quedaron en agua de borrajas porque el Ejecutivo foral tiene la potestad de resolver la discrepancia mediante un acuerdo de gobierno. En la mayoría de los casos se trataba del pago de ayudas o compensaciones económicas.

Pérez Capapay, que fue nombrado en septiembre de 2023, sólo ha aceptado un reparo suspensivo. Se trata de una prórroga que concedió Cohesión Territorial a la adjudicataria de las obras del ecotúnel de Etxarri Aranatz para terminar los trabajos. Obras Públicas aceptó el dictamen de la Intervención y aplicó una penalización a la constructora.

En lo que va de legislatura, únicamente cuatro departamentos del Gobierno de Navarra han sido objeto de reparos suspensivos. El que se lleva la palma es Derechos Sociales, con 27 informes, que corresponden a otras tantas subvenciones nominativas. Además, hay 4 informes del Departamento de Universidad, 4 de Cohesión Territorial y 1 de Economía.

Llaman la atención los datos de Cohesión Territorial, que ya en 2024 estuvo en el candelero por los informes de reparo en la adjudicación de las obras del túnel de Belate. En la legislatura 2019-2023, el interventor emitió ocho reparos suspensivos y sólo uno fue desautorizado por Intervención General. En esta legislatura, el departamento acumula 4 reparos suspensivos, todos ellos levantados por su superior. Sin embargo, este interventor delegado ha incrementado el número de reparos no suspensivos (un centenar), en los que Capapay no tiene que pronunciarse. En estos casos la tramitación sigue, pero con la mancha. 

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