Navarra pondrá en marcha en las próximas semanas varios recursos con capacidad para 50 menores migrantes, destinados sobre todo a disminuir la saturación que sufre el COA (Centro de Observación y Acogida) de Marcilla, que ha llegado a acoger a un centenar de menores pese a tener autorizadas 40 plazas. Por una parte, tal y como ya se había anunciado, el próximo día 19 de mayo está previsto que abra sus puertas un nuevo COA en la comarca de Pamplona con 10 plazas iniciales. Además, se crearán otras 15 plazas en dos recursos no de urgencia.

Por otra parte, según dio a conocer este miércoles 7 de mayo la consejera Maeztu en una comparecencia parlamentaria, el Gobierno trabaja en la apertura de un tercer COA para menores migrantes. Estará situado en Pamplona y se abrirá en las próximas semanas con 25 plazas de capacidad. De este modo, Navarra pasaría a sumar un total de 9 COA , que son la puerta de entrada al sistema y donde los menores en desamparo son valorados hasta ser derivados a recursos de más larga estancia (residenciales, especializados, etc.). De estos 9 COA, tres de ellos serán para menores migrantes, un colectivo que sigue siendo una minoría dentro del sistema de protección. En diciembre de 2024, de los 625 menores que se encontraban bajo la guarda del Gobierno foral, 163 (el 26%) eran menores extranjeros no acompañados. 

Todo esto, todavía con la incógnita de cuántos menores migrantes procedentes de Canarias y Ceuta le corresponderá acoger a la Comunidad foral. Maeztu lamentó no haber recibido “aportaciones significativas” en la búsqueda de nuevos espacios, que les ha llevado a reunirse con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con entidades sociales o con el arzobispado. Pese a ello, aseguró que el Gobierno “tiene identificadas” ubicaciones que les permitirían abrir “hasta 100 nuevas plazas en los próximos meses”. Desde Derechos Sociales se descarta que ninguno de los nuevos recursos que se puedan crear, que estarán repartidos por la geografía foral, sean de dimensiones tan grandes como el de Marcilla.

INCREMENTO DE ATENCIONES

La consejera sostuvo que el sistema de protección de menores navarro, “sólido y robusto”, se enfrenta a “grandes retos”. Uno de los mayores es afrontar “el incremento del número de atenciones” que se experimenta en los últimos años, tanto de menores residentes en Navarra como de migrantes. El año pasado la subida fue del 21%y en los últimos meses las cifras “siguen aumentando de manera continua”. Ante ellos, dijo, “el sistema está en proceso de dimensionamiento”.

Actualmente Navarra cuenta con 448 plazas residenciales, 321 para menores de 18 años y 127 correspondientes a pisos de autonomía. En 2015 había 157 plazas residenciales y 40 de autonomía, un crecimiento “de casi el 180%”. En cuanto al presupuesto destinado, se ha duplicado desde 2019, pasando de 25 a 50 millones.

Maeztu defendió que las ratios de personal están bien establecidas, que los centros son “de pequeño tamaño” y que se ha reforzado mucho el personal, argumentos que no convencieron a la oposición, que sostuvo que el Gobierno “va por detrás” del ritmo del aumento de las necesidades. 

Hace poco más de un mes, los trabajadores del sector de la intervención social, que atiende a menores y a otros colectivos en situaciones vulnerables, acudieron a la comisión de Derechos Sociales, la misma a la que asistió este miércoles Maeztu, para “pedir auxilio”. “No podemos más”, dijeron, denunciando “la saturación del sistema”, la “falta de recursos especializados” ante el incremento de los problemas de salud mental en los menores, las “condiciones laborales precarias” y las “agresiones y situaciones de riesgo”, que provocan “la desprotección tanto de los usuarios como de los profesionales”.

La consejera aseguró que el Gobierno “no es ajeno” a estas situaciones, pero pidió “no criminalizar” a los menores. “No debemos olvidar que trabajamos con niños y niñas y adolescentes que han sufrido situaciones difíciles. Comprender el problema es la mejor manera de que no se les criminalice, para evitar una percepción social de que son personas violentas. Sabemos que es exigente ofrecerles una atención personalizada, en base a proyectos educativos y hacerlo desde la comprensión de que las situaciones vividas están detrás de sus conductas”.

SITUACIONES EXTREMAS

La consejera asumió que los menores que llegan al sistema de protección lo hacen desde “situaciones cada vez más complejas, de extrema desprotección” que, a su juicio, “deben hacernos reflexionar como sociedad”.

Ante ello, además del personal de seguridad con el que cuentan los recursos especializados, asumió que el Gobierno está obligado a “iniciar un proceso de transformación de los modelos residenciales” y a “ajustar el modelo de intervención a las evidencias científicas” como la psicología del trauma.